La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) corrió vista al Procurador General, Eduardo Casal, del incidente abierto en el máximo tribunal sobre la disputa de competencia entre la Justicia Federal y la Provincial en la causa que investiga la presunta desviación de fondos públicos a través de contrataciones irregulares en la Legislatura entrerriana, según informaron a APFDigital fuentes de la Corte.
La decisión de la CSJN fue tomada el pasado viernes 20 y contiene una sola frase: “Por disposición del Tribunal, dése vista a la Procuración General de la Nación”.
El incidente llegó a la Corte el 2 de agosto a través de un oficio del Juez Federal Daniel Alonso en donde se notificó el conflicto de competencias entre el Juzgado Electoral Nacional y la Justicia provincial por la tramitación de la causa.
Es que tanto Alonso como la jueza de Garantías Marina Barbagelata se declararon competentes para llevar adelante la investigación que gira en torno al desvío de fondos de la Legislatura a través de la contratación de personal.
El magistrado nacional entendió que los recursos podrían haberse volcado a la financiación de campañas electorales, por lo que se estaría ante un delito federal. La jueza provincial insistió en que se trató de una defraudación al Estado de Entre Ríos, realizado por una asociación ilícita
En el documento, el juez Federal hizo un repaso de las últimas etapas del proceso, haciendo especial hincapié en que en la última comunicación a Barbagelata, fechada el 30 de julio, ratificó su competencia “invitando a la Señora Jueza de Garantías N° 1 de Paraná a remitir las propias (actuaciones) al citado superior común, al haber quedado trabado el conflicto positivo de competencia”.
La magistrada provincial aún no envió a la Corte el expediente, caratulado “Beckman”. E incluso planteó que la tramitación continuaría en su Juzgado pese a que existe un conflicto de jurisdicciones. En ese sentido, avanzó con la audiencia de recusación de fiscales que habían impulsado las defensas de los acusados, rechazándolas.
Pero ante un pedido de revisión que le hicieron los defensores sobre la decisión de proseguir con el conflicto de competencia abierto, decidió pedir opinión al Ministerio Público Fiscal provincial y a la Fiscalía de Estado de la provincia, que interviene en la causa como actor civil para obtener una reparación ante el eventual daño que se le habría causado al Tesoro entrerriano.
La jueza provincial respondió a esta Agencia a través de la oficina de prensa de Tribunales que sólo enviará el expediente de la causa a la Corte si recibe un pedido formal del máximo órgano judicial. (APFDigital)
