Por el momento, la remisión a juicio está suspendida desde el 21 de julio tras los planteos que ahora fueron formalmente admitidos y que serán debatidos en audiencia la semana próxima.
La vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones, María Carolina Castagno, comenzará la semana próxima a analizar los recursos de apelación presentados por los abogados defensores de los imputados en la denominada Causa Contratos. Se trata de una investigación por el presunto desvío de fondos públicos mediante contratos legislativos fraudulentos celebrados entre 2008 y 2018, que habría generado una estafa al Estado provincial estimada en 53 millones de dólares.
Según se informó a AHORA, las audiencias están previstas para el martes 12 y miércoles 13 a las 9. En ellas se revisarán los cuestionamientos de los defensores de 12 de los 18 imputados, quienes atacan la negativa de la jueza Marina Barbagelata a conceder apelaciones sobre resoluciones clave tomadas durante la audiencia del 30 de junio.
Entre los puntos objetados figuran: rechazo a pedidos de sobreseimiento, planteos por inexistencia de causa probable, solicitudes de cambio de calificación legal y la decisión de postergar el tratamiento de excepciones como la falta de legitimación y la prescripción.
Por el momento, la remisión a juicio está suspendida desde el 21 de julio tras los planteos que ahora fueron formalmente admitidos.
Los recursos fueron impulsados por un nutrido grupo de abogados: Emilio y Germán Fouces, en defensa de Sergio Cardoso, Jorge Lázaro y José Schneider; Victoria Halle, por Mariano Speroni y Diego Pagnoni; Tomás Vírgala, por Roberto Faure; Miguel Ángel Cullen, por Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Maximiliano Degani y Pedro Opromolla; Iván Vernengo y Damián Petenatti, por Alfredo Bilbao; y Pablo Hawlena Gianotti junto a Cullen, por Jorge Enrique De Breuil.
De los 32 imputados originales, solo 18 continúan en el expediente. Doce accedieron a suspensiones de juicio a prueba, Esteban Scialocomo acordó un juicio abreviado, y el contador Gustavo Falco fue sobreseído. Además de Bilbao, Beckman, Mena, Faure, De Breuil, Pérez, Almada, Aguilera, Díaz, Marta Pérez, Opromolla y Degani, también están imputados Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider.
A mediados de abril, accedieron a probation María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni.
Según la investigación fiscal, el dinero sustraído mediante “contratos truchos” fue canalizado hacia inversiones privadas, principalmente en los rubros inmobiliario y agropecuario. Las maniobras habrían involucrado a funcionarios públicos, empleados jerárquicos de ambas cámaras legislativas, dos estudios contables y ciudadanos ajenos a la estructura estatal, encargados de buscar prestanombres, falsificar firmas y endosar cheques.
