La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó que la causa de abuso contra 3 menores no prescribió y rechazó el recurso de la defensa. Resta ahora que Tribunales active este juicio que tiene al ex comisario provincial Mario Wolff Furlong y una decena de personas más como imputadas.
La Sala I de la Cámara de Casación Penal de Paraná rechazó por unanimidad en junio pasado el pedido de prescripción de la causa presentado por la defensa de una de las imputadas, Gladis Schlottahuer, informó Diario Junio.
Se trata del expediente que tiene como víctimas a tres hermanos oriundos de la localidad de Oro Verde que, siendo menores de edad, fueron abusados sistemáticamente y puestos al servicio de una red de corrupción de chicos y chicas. Su madre habría sido quien comandaba la organización criminal, en complicidad con al menos otras once personas que ahora están imputadas y a la espera del juicio oral.
Al tratarse de una causa con tantos acusados y tantas personas requeridas en la Sala de Audiencias, el juicio está demorado debido a la llegada de la pandemia en 2020. Ya en agosto de ese año la querella manifestó a Diario Junio su preocupación por la demora en la elevación a juicio solicitada en ese entonces por la fiscal del caso Laura Cattáneo.
Ahora, con la confirmación de Casación ahora, solo resta esperar que Tribunales salga de su eterno letargo y logre adaptar una sala a las condiciones que la pandemia requiere. Con las nuevas habilitaciones en la Provincia, es de esperar que esto suceda.
La sentencia de Casación
El rechazo a la prescripción fue una sentencia unánime que compartieron los tres Vocales de la Cámara de Casación de Paraná: Hugo Perotti, Marcela Davite y Marcela Badano.
Luego de la sentencia del Tribunal de Apelaciones de Paraná en 2019 en contra de la prescripción, una de las partes apeló a la instancia superior. En junio de este año Perotti, Davite y Badano avalaron la resolución previa.
Argumentaron en la sentencia de Casación que el rechazo a la prescripción está fundado en que la defensa presentó antecedentes “que no resultan aplicables” al caso puesto que hacen alusión “al pedido de absolución por parte del órgano acusador en la etapa del juicia, instancia ésta a la que aún no se ha arribado”.
Además, Casación volvió sobre la Ley de Respeto a los tiempos de las víctimas (Ley Piazza) y afirmó: “Hoy existe la certeza de que el derecho al acceso a la justicia para todas las personas menores de edad que desde el 9 de noviembre de 2015, (fecha de entrada en vigencia de la Ley) hayan sido víctimas de abuso sexual, se hará efectivo y el Poder Judicial deberá poner todos sus esfuerzos en realizar la investigación correspondiente, sin la necesidad de transcurrir años dilucidando si la acción penal se encuentra o no prescripta”.
“De ahora en más, el desafío estará en el acceso de justicia a todas las víctimas de abuso sexual en una situación de igualdad y posibilitando que el respeto a los tiempos de las víctimas no sea sólo una expresión que da nombre a una Ley, sino que sea una herramienta que nos permita entender todas aquellas situaciones que impiden que una persona acuda a la justicia durante un determinado tiempo a manifestar los hechos a los que se vio sometida, entendiendo la razón de que si no lo denunció con anterioridad no fue porque no quiso, sino porque no pudo”, agregaron.
El caso
En el expediente se investiga cómo una madre y los abuelos maternos de cuatro hermanos abusaban sexualmente y vendían a los menores para rituales sexuales. Hay 11 personas procesadas por estos hechos. Entre ellas el comisario retirado de la Policía de Entre Ríos ligado al negocio televisivo Mario René Wolff Furlong; un locutor de Gualeguaychú y varios integrantes de la familia materna.
Según consta en la investigación judicial que llevó adelante la fiscal Cattáneo, los hechos ocurrieron entre 2005 y 2011, época en la que tres de cuatro hermanos fueron abusados y violados tanto por el círculo más cercano de su familia materna, incluyendo su madre, como por personas vinculadas a la familia que terminaron convirtiéndose en clientes de la red de prostitución infantil.
Tras casi seis años desde la primera denuncia en 2013, el Tribunal de la Sala Nº2 de la justicia de Paraná, integrado por Gustavo Pimentel, Gervasio Labriola y Alejandro Grippo confirmó los procesamientos de todos los imputados. Se los acusa de corrupción de menores reiterada y triplemente agravada por la edad de las víctimas y el vínculo y abuso sexual con acceso carnal.
