Los legisladores de todos los partidos, tienen la posibilidad de comprometerse en favor de la democracia, terminando con el dispendio económico y las trampas electorales.
POR LA NACIÓN
Hace ya bastante tiempo que numerosas entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y legisladores de signo político variado vienen reclamando la sustitución del actual y perimido sistema de votación electoral de nuestro país por el de la boleta única de papel. A esa fuerte y más que justificada demanda por dotar de transparencia el proceso, garantizando el derecho al voto y favoreciendo la calidad de los comicios frente a arraigadas prácticas corruptas, se suma hoy otro argumento de peso: la pandemia por coronavirus, que exige cuidados sanitarios extremos, podría derivar en el fin de un sistema defectuoso que usan tan solo 16 países en el mundo y del que suelen sacar partido punteros inescrupulosos y facciones políticas acostumbradas a la manipulación, cuando no al fraude electoral.
En nombre de la pandemia, ya se corrieron las fechas de las elecciones previstas para este año, lo que pareció más una forma de ganar tiempo para resolver problemas de gestión y de internas políticas que para pensar seriamente en ofrecer garantías a los ciudadanos con el fin de que los comicios se realicen en tiempo y forma como ya lo han hecho numerosos países. La boleta única de papel reduce el tiempo de votación, los contactos de los votantes con multiplicidad de papeletas y el lugar físico que se necesita para sufragar, que hoy debe ser espacioso y aireado, entre otros protocolos que deberán ser aplicados rigurosamente. Además, evita la tradicional distribución de boletas tanto en sedes partidarias como en lugares de votación, reduciendo así la necesidad de recursos humanos y facilitando enormemente las tareas de fiscalización.
Si antes de la pandemia era imperiosa la instrumentación de la boleta única de papel, hoy resulta impostergable. En el Congreso descansan varios proyectos en la materia. Los suscriben tanto diputados del oficialismo como de la oposición. El último es de marzo de este año.
Afortunadamente, son muchos los que no bajan los brazos y apuestan a mejorar la calidad de nuestra vilipendiada democracia. Con posterioridad a la crisis de 2001, un grupo de ciudadanos decidió comprometerse a generar los cambios que nuestro sistema político demanda en pos de robustecer el sistema institucional, promoviendo el diálogo y el debate entre distintas posturas. Así nació la Red de Acción Política (RAP), una organización de la sociedad civil, apartidaria, responsable de haber impulsado la última iniciativa en la Cámara de Diputados, de la mano de una veintena de legisladores.
Desde ese espacio también se lanzó una petición a través de la página Change.org para sumar adeptos al reclamo. “Necesitamos hacer algo. La boleta única de papel tiene menor costo (el Estado se ahorraría 3000 millones de pesos), tiene menor impacto ambiental y, por sobre todas las cosas, brinda mayor transparencia a las elecciones”, dice Claudio Bargach, de la Red Ser Fiscal, en el referido petitorio que, al cierre de esta edición, sumaba más de 65.000 avales.
Otra de las instituciones que adhieren a la iniciativa es el Foro de Convergencia Empresarial, que desde 2014 viene planteando la necesidad de introducir mejoras en el sistema electoral argentino para otorgarles mayor transparencia al proceso electoral e igualdad de oportunidades a todos los partidos.
Hay muchas más adhesiones como las que, en su momento, quedaron reflejadas en un documento del Club Político Argentino, entre ellas, las de Poder Ciudadano, Cippec, la Asociación Conciencia, la Asociación Civil por el Acceso a la Justicia (ACIJ) y Directorio Legislativo.
Desde estas columnas, hemos expresado reiteradamente nuestro apoyo al nuevo sistema electoral, que se viene utilizando en Santa Fe, Córdoba y San Luis. También la usan los argentinos que residen en el exterior y quienes sufragan en las cárceles.
Defender la calidad institucional implica manifestar en la práctica la voluntad de transparentar los procesos, y los legisladores, parte interesada en estas delicadas cuestiones, tienen hoy la responsabilidad de velar por ella. Aprobar este cambio tan fundamental también contribuye a erradicar nefastas prácticas como las del llamado “voto cadena” o el robo de boletas.
Seguir contemplando la inclusión de sellos partidarios que tienen por único objetivo recibir recursos de todos los ciudadanos va en detrimento de los limitados fondos de un Estado de por sí quebrado que no puede darse el lujo de malgastar lo que no ha sabido o querido proteger. El ahorro que importaría el cambio de sistema podría destinarse a adquirir vacunas contra el Covid, realizar más testeos y sumar equipamiento sanitario. No hay ya motivos valederos para que sigamos votando con el sistema actual de boleta partidaria.
Impulsar la aprobación del proyecto para que su uso rija desde los próximos llamados electorales de este año resulta perentorio. En un país con un altísimo nivel de confrontación, que políticos de diferentes partidos puedan dialogar, trabajar en forma conjunta y arribar a acuerdos como el citado ofrecería un excelente ejemplo al conjunto de la ciudadanía y significaría un claro compromiso por incrementar los niveles de transparencia y por fortalecer nuestro sistema democrático.
