La derogación de la Ley de Tierras (26.737), que incluyó el gobierno de Javier Milei en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, abre la posibilidad de un proceso de extracción de recursos naturales sin ningún tipo de control en Argentina. Entre estos recursos, se encuentra el agua. Y si hablamos de agua, resulta inevitable mencionar al Sistema Acuífero Guaraní (SAG), uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del mundo, cuya superficie de 1.100.000 kilómetros cuadrados atraviesa cuatro países: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
A fines del año pasado, la legisladora rionegrina del bloque Vamos con Todos, Magdalena Odarda, presentó un amparo colectivo en el juzgado federal de San Carlos de Bariloche contra el artículo 154 del DNU, que deroga la Ley de Tierras. Una acción judicial similar presentó en el juzgado federal de La Plata el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) a fines de enero y consiguió la suspensión cautelar del artículo por parte del juez de feria, Ernesto Kreplak.
Al terminar la feria judicial, el juez Alberto Recondo revirtió la decisión, pero aceptó la apelación y elevó la demanda a la Cámara Federal de Apelaciones, que tendrá la última palabra. A la espera de esa resolución, el artículo está suspendido, pero el espíritu general del decreto de desregulación económica, todavía no fue tratado ni en el Poder Legislativo ni por la Corte Suprema, consignó el portal Tierra Viva.
En este contexto, con la amenaza sobre la norma que limita la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua relevantes o que están en zonas de seguridad de fronteras, resulta pertinente dimensionar la implicancia que podría tener sobre el Acuífero Guaraní, su modalidad de gobernanza y los riesgos que conlleva en este sentido la pulverización de la Ley de Tierras, sin dejar de percibir el efecto que tiene que sobre este reservorio de agua subterráneo, aún con la ley funcionando, el modelo extractivo.
Mucho más que un río subterráneo
En sus extremos, el SAG encuentra al Oeste unos de sus límites en la laguna Mar Chiquita (Córdoba), llegando hacia al Este hasta la ciudad de Belo Horizonte (Brasil), mientras que de Norte a Sur traza un periplo desde Brasilia hasta Buenos Aires. Por sobre esa área, se ubican cerca de 1.500 municipios pertenecientes a los cuatro países que lo comparten. Esto equivale a una población de más de 23.500.000 habitantes. Aproximadamente, un cuarto de esta masa humana, se abastece directamente del acuífero. Brasil es el país que más explota el recurso, con una provisión que alcanza el medio millar de ciudades e industrias. Según la Agencia Nacional de Agua de Brasil, son más de 150 mil pozos en el acuífero.
En segundo lugar, se encuentra Paraguay, con 250 pozos públicos, seguido por Uruguay con 35 y Argentina con 20 perforaciones destinadas en su mayoría a emprendimientos termales y captación de agua potable.
“No es un gran río o lago subterráneo. El acuífero es un reservorio natural de agua dulce que funciona como una esponja gigante: el agua ocupa los poros, fisuras y grietas que hay entre las rocas del subsuelo hasta 1.500 metros de profundidad. El proceso de recarga es lento, pues el agua debe filtrarse por estos intersticios a razón de apenas milímetros por año. Así, en algunos sitios, el agua del acuífero puede tener hasta 250 mil años de antigüedad”, explica el periodista científico cordobés, Lucas Viano, en su artículo “Las amenazas a la reserva de agua mundial que es transfronteriza y ocupa superficie argentina”.
Si bien el acuífero acumula 30 mil kilómetros cúbicos de agua, equivalentes al consumo de agua anual de todo el planeta, solamente dos mil de estos kilómetros cúbicos son aprovechables.
El Acuífero Guaraní y sus normativas
A nivel global, existe una serie de herramientas denominadas Acuerdos Multilaterales en Materia Ambiental (AMUMA), que contienen compromisos internacionales que regulan el funcionamiento y el financiamiento de acciones tendientes a la conservación de recursos naturales compartidos y apuntan al cumplimiento de los diferentes objetivos climáticos entre las naciones suscriptas a estos acuerdos.
La cooperación en materia de acuíferos transfronterizos en la región de Latinoamérica y el Caribe, se trasluce principalmente en el Acuerdo sobre el Acuífero Guaraní, que rubricaron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en 2012. Este mecanismo entró en vigor en 2020 y establece los lineamientos para la “gestión sostenible”. En Argentina, la Ley Nº 26.780 aprueba los alcances de este acuerdo, publicó el portal Tierra Viva.
En noviembre de 2023, la ciudad de Posadas (Misiones), fue sede del Encuentro Nacional del Acuífero Guaraní, cónclave que reunió a los representantes de la denominada Mesa Federal del Acuífero Guaraní conformada por Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe. En este marco, el director Nacional de Política Hídrica, Pablo Storani, señaló en contacto con medios locales, que “es necesario avanzar en compatibilizar en las normativas que tiene cada provincia, con su propia ley o código de agua, lo cual requiere de un trabajo en conjunto que permita dinamizar los procesos de gestión, que tiene que ver tanto en el uso del recurso hídrico como en su protección. El desafío de protegerlo es de las provincias junto con la Nación, ya que se trata de un recurso estratégico, uno de los más importantes del mundo”.
En este sentido, hay que remarcar que cada una de las provincias por cuya jurisdicción subyace el Acuífero, han generado sus propias herramientas jurídicas para el manejo del recurso. En Misiones, donde la perforación más profunda pudo concretarse en la ciudad de Jardín América (588 metros), se estima que casi 50 mil personas consumen agua que proviene del acuífero, según la Unidad Ejecutora de Obras Públicas de la provincia (UEP).
Siempre en Misiones, en 2007, se sancionó la Ley Nº 95 (antes Nº 4.326) – “Sistema Acuífero Guaraní y aguas subterráneas”, que ratifica el “pleno dominio sobre las aguas subterráneas en todo su ámbito territorial, en especial las que conforman el Sistema Acuífero Guaraní, atendiendo a su carácter de recurso hídrico perteneciente al dominio público y originario de la provincia”.
Esta ley regula “la protección ambiental y el uso óptimo, responsable y racional del Sistema Acuífero Guaraní y aguas subterráneas en la porción que le corresponde a la Provincia de Misiones promoviendo, en forma conjunta y coordinada con todos los sectores involucrados del Gobierno Provincial y sus respectivos municipios, un marco de gestión estratégica”.
En tanto, en la provincia de Corrientes, la gestión sobre las aguas subterráneas, ley mediante, es controlada, desde el año 2001, a través del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), sin contar aún con un Código de Aguas.
Entre Ríos, a su vez, realizó su primera perforación termal del Acuífero Guaraní (de 1.260 metros de profundidad) en la ciudad de Federación, en 1994, contando hoy con más de diez perforaciones destinadas a la actividad termal. Esta provincia cuenta con el Decreto N° 3413-MEyOSP (1998), que reglamenta el uso del recurso (SAG) y la habilitación de nuevas perforaciones, resaltó el portal Tierra Viva.
A su vez, Santa Fe cuenta con su Ley Provincial de Aguas, que tiene como autoridad de aplicación al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, y declara “la protección del agua como bien social y ambiental” y al recurso hídrico como un derecho humano.
¿Por qué la derogación de la Ley de Tierras pone en riesgo la soberanía de la gestión del Acuífero Guaraní?
La Ley 26.737 de “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”, además de limitar a 1.000 hectáreas la adquisición de tierras por titular extranjero y a un 15 por ciento del total del país, prohíbe “la titularidad o posesión de inmuebles por parte de las personas extranjeras, que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”.
Es decir, la derogación de la ley flexibilizaría los márgenes normativos y otorgaría vía libre a los capitales internacionales interesados en adquirir áreas estratégicas en materia de recursos naturales, como ser, territorios plausibles de ser explorados subterráneamente en busca del agua del Acuífero Guaraní.
Sobre este aspecto, el investigador del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (Inchusa) del CCT Conicet Mendoza y profesor en el departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO, Facundo Martín, sostiene que “estos recursos estratégicos como el Acuífero Guaraní, cada vez más escasos, son complicados de gestionar y de proteger. Entonces, si hay actores privados que son propietarios o tiene acceso en forma permanente a estos cuerpos de agua, disminuye la capacidad estatal; por eso es importante marcar que esta Ley de Tierras haya reforzado eso”.
A su vez, la abogada y ex secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales del ahora extinto Ministerio de Ambiente de la Nación, Florencia Gómez, aporta que “el agua es un bien de dominio público que está por fuera de la apropiación privada. Legalmente nunca puede ser extranjera, pero sí el acceso al agua puede serlo. La derogación de herramientas como la Ley de Tierras, contribuye al acceso al agua a partir de inversiones extranjeras”.
Por otra parte, resulta importante mencionar la Hidrovía Paraná-Paraguay, creada en 1989, mediante los protocolos suscriptos por los cinco países integrantes del Tratado de la Cuenca del Plata. Se trata de un corredor natural para el transporte fluvial, de 3.441 kilómetros, formado por los ríos Paraná y su principal afluente, el Paraguay, que integra a la Argentina con Bolivia, Paraguay y Uruguay a través de una red de puertos internacionales. La superposición de esta traza con la superficie del Acuífero Guaraní, representa un elemento de profunda relevancia geopolítica.
A través de la hidrovía se comercializa casi el 80 por ciento del total de las exportaciones argentinas. El pasado 9 de enero, Javier Milei designó como nuevo interventor de la Administración General de Puertos (AGP), organismo clave para el control de la Hidrovía, al abogado Gastón Benvenuto, fuertemente ligado al sector empresarial privado.
Pero, más allá de la derogación de la Ley de Tierras y la clarísima tendencia del gobierno de Milei hacia la desregulación de toda política de protección ambiental (en su discurso en el Foro de Davos volvió a negar abiertamente el cambio climático), resulta evidente que la deforestación de selvas, la actividad de determinadas industrias a gran escala, el uso de agrotóxicos y otras prácticas propias del modelo extractivista, vienen siendo hasta aquí, las mayores amenazas que pesan sobre el SAG y sobre los recursos hídricos en general.
También vale recordar la fuerte campaña de estigmatización que desde finales de la década del noventa y hasta el presente, pesa sobre la zona denominada “Triple Frontera”, territorio que comparten Argentina (Puerto Iguazú), Brasil (Foz do Iguacu) y Paraguay (Ciudad del Este), al cual suele atribuírsele “presencia y actividad terrorista internacional”, una acusación sobre la cual nunca se han aportado pruebas fehacientes.
“La derogación de la Ley de Tierras abre una puerta más para que vengan por el agua”
Desde un principio, las organizaciones sociales de la región, alertaron a través de múltiples campañas y acciones, que el trasfondo de esta señalización de la Triple Frontera obedecía en verdad, a intereses foráneos sobre el Acuífero Guaraní. Una de estas expresiones de resistencia provino incluso de la cultura. En agosto de 2006, a bordo de un Mercedes Benz modelo 1962 y junto a otros artistas, el cantautor popular Joselo Schuap, puso en marcha la Gira H20, proyecto itinerante que a través de “atentados culturales” en diversos puntos del país, puso en primer plano la defensa del Acuífero Guaraní y el rechazo a la estigmatización de la Triple Frontera.
“En aquel momento nos movió la defensa del agua y los recursos naturales. Abrimos la gira pintando un mural en Iguazú que decía ‘No somos terroristas’, y denunciando que lo que en verdad buscaban era el agua del Acuífero. Papeleras, represas, desmonte y pinos intrusos, rellenos sanitarios, agrotóxicos; esas son las verdaderas amenazas que tuvo y tiene nuestro medio ambiente”, afirma el músico en contacto con el portal Tierra Viva, recordando esa epopeya.
María Álvez, sindicalista misionera, fundadora de la Mesa Provincial No a las Represas y referente en Misiones de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), asegura que “las organizaciones ambientalistas y sociales de Misiones, siempre tuvimos en claro que bajo nuestros pies corre un recurso sumamente codiciado por los grandes capitales, como es el agua del Acuífero. Durante todos estos años hemos luchado por defender el agua de las amenazas internas y externas, pero hoy vemos con preocupación cómo la derogación de la Ley de Tierras abre una puerta más para que vengan por el agua: no podemos ser ingenuos”.
Actualmente, se encuentra en marcha un proceso regional que involucra a los cuatro países que comparten la gestión del Acuífero Guaraní, que buscan monitorear el estado actual del sistema transfronterizo, los principales impactos sufridos en los últimos años, en busca de delinear una estrategia coordinada para su preservación. “A su vez, este proceso habilita a una gestión local, que es una dimensión necesaria para gestionar un acuífero, y con participación directa de las comunidades locales. Es un esfuerzo de cooperación multinivel que permitirá integrar los conocimientos Regional y Local en el proceso de gestión del SAG”, indica el Coordinador Técnico Internacional del Proyecto Acuífero Guaraní, Ricardo Burg.
Además de ser docente de la Licenciatura en Geografía en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), Carlos Serratti forma parte de Grupo de Estudio de Ciudades Intermedias Entrerrianas, y desde hace más de dos décadas participa de asambleas y organizaciones que abordan problemáticas socio ambientales de la Región Litoral. En diálogo con el portal Tierra Viva, Serratti subraya que “es necesario disponer del control institucional del Estado para acelerar el proceso extractivo. Y la realidad argentina, expone la facilitación de instrumentos jurídicos que habilitan y legitiman el extractivismo”.
Serratti observa que el DNU 70/2023 se dan en el marco de “una modalidad financiera capitalista que dispone de la capacidad de mover capitales hacia aquellos objetos de interés” y agrega: “En nuestra región, caracterizada por la presencia de agua y por sus condiciones climáticas con biodiversidad y amplios espacios deshabitados, se observa la presencia de fundaciones que operan globalmente, interesadas en tomas posesión de espacios naturales”.
En este panorama, el docente advierte la presencia de la Fundación Rewilding Argentina en los Esteros del Iberá y la Fundación Butler en islas del bajo Río Uruguay, como ejemplos de estos posicionamientos, sin dejar de señalar a Wildlife Conservation Society en varias islas del archipiélago de Malvinas y su interés por el Agujero Azul. “Es notorio el posicionamiento sobre lugares cuya característica es la presencia de agua en superficie o en el subsuelo, como está presente en el Sistema Acuífero Guaraní. La utilización de esos recursos, en un contexto de cambio climático que avanza a períodos de sequías prolongadas, indica el valor que adquiere la disponibilidad de este elemento”.
Finalmente, Serratti concluye en que la derogación de la Ley de Tierras permitiría “la ocupación de estos espacios sin recurrir a la figura, de uso actual, como la donación. Bajo esa figura, de no cumplirse el objeto para lo cual ha sido donado, en este caso la conservación, la titularidad vuelve al donante, recuperando el pleno derecho sobre el espacio”.
