“Vamos a impulsar un paquete de medidas para terminar con la corrupción: una Ley del Arrepentido y una Ley de Ficha Limpia para los cargos del Poder Ejecutivo y también del Poder Legislativo. Y vamos a impulsar la reglamentación de la Ley de Extinción de Dominio para recuperar los bienes robados por quienes se creyeron dueños del Estado”.
Las palabras y el énfasis del gobernador Rogelio Frigerio al pronunciar su primer discurso ante la Asamblea Legislativa dieron idea de que era cuestión de horas para que se presentaran los proyectos correspondientes al paquete de leyes anticorrupción.
“Vamos a enviar una Ley de Acceso a la Información Pública para que todos los funcionarios rindamos cuentas ante los ciudadanos. Y vamos a impulsar la sanción de una Ley de Ética Pública para que los entrerrianos conozcan las declaraciones juradas de los funcionarios públicos”, agregó el gobernador en su mensaje.
Previo a sus dichos, y en la necesidad de brindarle al nuevo gobierno una Ley de Ministerios, la Cámara de Diputados con su composición saliente votó en la última sesión la prórroga del período de sesiones ordinarias hasta el 14 de febrero.
Se instaló la idea de que iba a ser un verano movido en materia legislativa y todo estaba organizado para tratar las iniciativas. Pero la velocidad que le imprimió el presidente Javier Milei a sus primeros días de gobierno, con el envío de la Ley Ómnibus y la emisión del mega DNU, no contagió a la administración entrerriana y los proyectos todavía no llegaron.
Tampoco hay muchas noticias sobre el progreso de las iniciativas y a tres semanas de la asunción la Legislatura está virtualmente paralizada. Pese a los abultadísimos sueldos que ya percibirán de acuerdo al cronograma de pagos en curso, los 34 diputados y los 17 senadores no tienen proyectos del Poder Ejecutivo para analizar.
Hasta ahora, solo tuvieron que tratar la Ley de Ministerios, que se presentó un día al mediodía, a la mañana siguiente se aprobó en Diputados y al otro día se sancionó en el Senado. Un tratamiento exprés que permitió poco estudio y motivó quejas de la oposición.
Fuente: analisis.com.ar
Este martes se informó oficialmente que “esta semana” se enviará a la Legislatura un proyecto denominado “Ley de Transición de Gobierno” que busca prohibir las designaciones de planta permanente, las transferencias de dependencias y las recategorizaciones en el último año de gestión. No estaba previsto en la plataforma de gobierno y aparece como consecuencia de las irregularidades encontradas.
Según pudo establecer ANÁLISIS, el encargado de la redacción y la elaboración de los proyectos anticorrupción es el flamante secretario de Asuntos Políticos, el ex diputado provincial radical Julián Maneiro. En un primer momento trascendió que su rol iba a tener que ver esencialmente con la implementación de la boleta única y ahora se le sumó esta tarea.
Nacido en Diamante y radicado en Crespo, donde fue secretario de Gobierno en la Intendencia de Darío Schneider, Maneiro es abogado y docente universitario.
Durante su mandato como diputado (2019/2023) presidió el bloque de la UCR y presentó 31 proyectos de ley. Los temas predominantes en las iniciativas fueron las comunas, el mantenimiento de la trama vial y el acceso a los servicios bancarios.
