Desde el Colegio de la Abogacía creemos importante remarcar que el no respeto al procedimiento constitucional del Juicio Político genera dudas y suspicacias en los profesionales de la abogacía y en la sociedad que lesionan a los poderes del estado, la vigencia de la división de poderes, y el juego de frenos y contrapesos del sistema democrático.
Es oportuno peticionar al Poder Ejecutivo que en el proceso de selección de quien ocupe dicho lugar se considere, que la persona elegida esté ejerciendo activamente la profesión de la abogacía, que tenga idoneidad en la materia de la Sala que integrará y que con su designación, se cumpla con la norma que garantiza paridad de género.
Asimismo que quien resulte designado luego de la propuesta y acuerdo del Senado de la provincia, cuente con antecedentes de buen decoro, y lo cumpla tanto afuera como adentro de la oficina Judicial, ya que la dignidad y probidad de los magistrados incluye el deber de mantener con altos estándares de conducta en las relaciones interpersonales, en pos de brindarle a la ciudadanía la confianza y la seguridad que hacen al imprescindible consenso social que legitima el ejercicio del poder público.
Que desde el lugar que nos toca ocupar institucionalmente debemos referirnos, como operadores de justicia, frente a los reclamos de la sociedad en su conjunto que reclama una justicia verosímil, ordenada, con equilibrio e independencia de los otros poderes del Estado
Desde el CAER consideramos también que no debemos naturalizar que un trámite administrativo se interponga en el proceso de un juicio político en curso. Esta herramienta de control del funcionamiento del Poder Judicial es parte de un equilibrado sistema de compensación de poderes y de controles cruzados, pero evidentemente, se encuentran salidas alternativas para el pleno ejercicio.
