La trata de personas es moneda corriente en Entre Ríos por su posición estratégica. Destacan el rol del Estado y el peligro de Internet. Algunos datos de 2023.
La trata de personas está contemplada por la ley nacional Nº 26.364 y las leyes provinciales Nº 9.861 y Nº 10.032 –vigente desde hace 12 años– como un delito contra la integridad física. En Entre Ríos el Programa de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas tiene como objetivos: “Dirigir la acción estatal a impedir la vulneración de los derechos humanos por razón de la trata de personas.
Generar las condiciones necesarias para que las medidas que se tomen contra la trata de personas no redunden en desmedro de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas.” Para ello, se creó en 2011 en el ámbito del Ministerio de Justicia, el Consejo de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas, actualmente a cargo de Silvina Calveyra.
En diálogo con UNO, quien también es presidenta de la asociación civil Red de Alerta, que busca prevenir, concientizar y detectar situaciones de abuso sexual, explotación en la infancia y adolescencia, explicó: “La trata de personas es la vulneración más extrema a los derechos humanos fundamentales; en este sentido se observa cómo se atenta contra la integridad psíquica y física, la libertad, la seguridad y por sobre todo la dignidad de los seres humanos.
Nuestra ley nacional ,que toma como referencia el Protocolo de Palermo define la trata de personas como el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países con la finalidad de obtener una ganancia a través de la explotación de las mismas. Es un delito que modifica su modus operandi a medida que se lo persigue, hoy el 50% de la primera fase de captación se da con el uso de tecnologías.”
Calveyra detalló: “Existen diferentes modalidades de explotación que podemos mencionar la sexual y laboral son las de mayores índices, el trabajo forzoso y reducción a la servidumbre. Otras modalidades como abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, la venta de órganos que se reduce con la puesta en vigencia de la Ley de Trasplante de Órganos y el accionar del Incucai y el Cucaier. En este marco nos ocupa y preocupa la subrogación de vientres, una práctica que no es legal en Argentina; convirtiéndose en la comercialización e industrialización de vientres de mujeres empobrecidas para lograr ese fin mediando un pago.”
Además, se refirió a las estadísticas, prevención y detección de la trata.
¿Cuántos casos de trata registraron en 2023?
En Argentina durante 2023, 1.804 denuncias fueron realizadas a la línea 145, de las cuales 41 fueron de la provincia de Entre Ríos, y se rescataron 1.609 víctimas. Estadística que, en nuestra provincia, luego del lanzamiento en 2018 de las campañas provinciales La Trata Existe y En Internet No Todo es lo que Parece, Denunciá a la Línea 145; oscilan entre 30 y 45 denuncias anuales a la fecha, por diferentes modalidades de explotación y grooming como método de captación. Lo que nos reflejó que existía un desconocimiento por parte de la ciudadanía de la línea de denuncia, que es anónima y gratuita. El Programa Nacional de Rescate (PNR) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicó que durante 2023, de las 1.604 víctimas rescatadas y asistidas, 27 son de Entre Ríos. Victimas que luego de la intervención del PNR son acompañadas por el Consejo que en muchos casos participamos de los operativos con la División de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos y fuerzas de seguridad federales y luego con la Dirección de Asistencia a víctimas del delito en el acompañamiento con la finalidad de garantizar un regreso asistido o un proyecto de vida. Cabe hacer referencia que desde la implementación de la Ley 26.364/2008 se rescataron 20.106 víctimas a nivel nacional.
¿Cuáles son las medidas de prevención de la trata de personas?
La Organización Internacional de Migraciones (OIM) considera a Entre Ríos una zona de alto riesgo para la trata interna, como externa; denominada la ruta crítica de vulnerabilidad; por pasos interprovinciales y zona de frontera, donde se unen puntos de comercialización y riqueza. La detección temprana, se hace identificando indicadores de presunción del delito para lo cual se necesita en las fuerzas de seguridad y organismos de control personal altamente capacitado. Campañas y capacitaciones de concientización para que la ciudadanía y los agentes públicos accedan a herramientas de detección y denuncia como la línea 145, anónima y gratuita; como también del Consejo Provincial a través de diferentes medios de comunicación.
Ante la desaparición de una persona, la denuncia de localización debe ser inmediata, ante la comisaría más cercana o el Ministerio Publico Fiscal; ya que a la persona se la busca con vida, se presume que puede ser víctima de un delito y que se encuentre privada de su libertad, las tres primeras horas de búsqueda son de suma importancia.
Es crucial estar alertas ante ofrecimientos laborales y publicidades de solicitud de empleo engañosos. Ante una entrevista laboral siempre hay que ir acompañados.
Desde el Consejo participamos activamente en los Comités de Integración, para desarrollar políticas de prevención y erradicación del delito con Uruguay, para un fortalecimiento del organismo en los lineamientos de la política de prevención y erradicación a nivel nacional y provincial.
¿Cuál es el rol del Estado para erradicar la trata y cuál el que puede hacer cada persona?
Son múltiples los roles del Estado: van desde la prevención y concientización, la protección y el acompañamiento a las víctimas y testigos de la trata y el tráfico de personas; la generación de políticas públicas integrales de incidencia; la denuncia, la intervención y el abordaje; y persecución para el combate al delito. Una de las medidas fundamentales fue el cierre de prostíbulos en nuestra provincia, mediante la ley Nº 10.186, que deviene de una iniciativa de la sociedad civil; donde se prohíbe en todo el territorio de la provincia la instalación de establecimientos donde se explote sexualmente o se realicen ejercicios de la prostitución de terceros, con el fin de proteger a las “presuntas víctimas de trata. Cortando el primer eslabón en la cadena de vulnerabilidad y mafiosidad para la explotación sexual, logrando la reducción en la provincia.
Las instituciones y Poderes del Estado tenemos la obligación de proteger a las personas más vulnerables, garantizando la igualdad de oportunidades y la restitución de derechos. En este sentido, la ley Nº 27.508 crea el fondo fiduciario público, de asistencia directa a víctimas del delito de trata y explotación de personas. Este fondo se constituye por los bienes decomisados y el producido de la venta de los bienes decomisados en procesos relacionados con el delito de explotación de personas y de lavado de activos provenientes de tales ilícitos.
En Entre Ríos hemos generado la firma de convenios con municipios como Colón y Villaguay para el alojamiento ante un rescate, con el Instituto Becario para garantizar la educación; en la Cámara de Diputados de la provincia se encuentran desde 2021 dos proyectos de ley en Comisión General para la prevalencia en vivienda y para la inclusión laboral, que han sido acompañados con casi 20.000 firmas, apelando a su aprobación.
La trata de personas, no es un flagelo o un fenómeno, es una problemática social, es violencia; que posee indicadores en base a las asimetrías de poder y desigualdades, que debemos continuar profundizando en su deconstrucción. El rol de la sociedad para prevenir y erradicar el delito es acompañarnos en este proceso y comprometerse, ese compromiso que implica ante la detección temprana comunicarse con quienes trabajamos la problemática o denunciar a la línea 145 por presunción del mismo.
¿Cuáles son las señales a las que estar alerta ante una posible explotación de personas? ¿Dónde se denuncia?
Existen indicadores generales y particulares de acuerdo a la forma de explotación. El abuso de poder y sometimiento, manipulación y enamoramiento, despersonalización y engaños a través de falsos lideres espirituales; ofrecimientos y ofertas laborales engañosas, con sumas muy altas de ingresos. Uso de nuevas plataformas digitales. Naturalizar trabajar contra su voluntad, señales de que sus movimientos son controlados, que no se pueden ir de un lugar físico; actitudes y conductas psicológicas: miedo o ansiedad, señales de violencias física y psicológica, malos tratos, castigos: lesiones, golpes. Amenazas de pérdida del trabajo o en el caso de ser migrantes que se informara a autoridades, amenazas hacia sus familiares. No poseer su documentación personal identificatoria o poseer documentación falsa entregada por los tratantes. Dificultades al hablar o con el idioma, desconocimiento de su domicilio o el lugar donde se encuentra, actuar bajo presión. Condiciones de vida en referencia a lo alimentario, vestimenta, elementos de trabajo y condiciones habitacionales infrahumanas, sin acceso a la salud y a la educación. No percibir remuneración prometida o ningún tipo de ingreso, trabajar por tiempos prolongados durante días sin descanso, ni días libres. Dormir donde son explotados. Endeudamiento, contacto limitado con su familia o despojo de sus teléfonos. También ante el traslado de un lugar a otro, siempre acompañadas por terceros. Poseer tatuajes u otras marcas que indiquen que son propiedad de sus explotadores en el caso de explotación sexual, abuso de poder, entre otros.
Las denuncias se pueden hacer en la línea 145, que es anónima y gratuita las 24 horas, a oficinarescate@jus.gov.ar; en los juzgados federales correspondientes a la jurisdicción. También mediante el Consejo Provincial: consejopcialtratadepersonas@gmail.com, por WhatsApp al 3435123087, por mensaje de Facebook o Instagram o a la División de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, al 3436222278
¿Cuáles serán sus ejes de trabajo desde el Consejo Provincial durante la gestión?
Atento a la dimensión que reviste la problemática del tráfico, la trata de personas, nuevas modalidades de captación y la explotación, como delitos conexos y como política de Estado bajo los lineamientos emanados del ministro de Seguridad y Justicia Néstor Roncaglia; se reunió con el Consejo, de conformidad a las normativas vigentes, para establecer objetivos a corto y largo plazo. Como ejes fundamentales, vamos a desarrollar una política integral de gestión pública, sugiriendo que sea desde un enfoque del delito, vinculado a la criminalidad organizada, en perspectiva de protección de derechos humanos y de género. Desde la prevención y concientización, la protección y el acompañamiento a las víctimas y testigos de la trata; restitución de derechos que les fueron arrebatos, la generación de políticas públicas integrales de incidencia; la denuncia, la intervención y el abordaje; y persecución para el combate al delito. Habrá un fortalecimiento del Consejo Provincial, coordinando y articulando como organismo colegiado con sus integrantes y con los municipios desde la mirada territorial.
Las redes sociales y la captación
Silvina Calveyra explicó que los tratantes apelan a la vulnerabilidad y necesidades económicas de las personas detectan para engañar, manipular con falsas promesas de trabajo, el enamoramiento o la coerción: “Hoy, con el uso de redes sociales, plataformas como Onlyfans, Sweet Lady, Dady Sugar, Baby Sugar, Cafecito, entre otras tienen un alto riesgo para las personas fundamentalmente niñas, niños y adolescentes. Con el agravante del discurso de algunos sectores donde la visibilizan como un trabajo; lo que no es real el vender una foto o video de características sexualizadas donde se cosifica. El grooming es utilizado con menores, donde el agresor se conecta a través de medios digitales, manipulando, solicita fotos y videos sexualizados, en la búsqueda de un encuentro”.
