Un terreno en el Parque Urquiza, de Paraná, será subastado el 26 de junio, generando preocupación entre los vecinos. El abogado Alejandro Becic explicó que «Muy poco se conoce sobre lo que es un proceso de expropiación».
Un terreno en el Parque Urquiza de Paraná, es motivo de disputas y polémicas, ya que será subastado el 26 de junio. La subasta, convocada por el Juzgado Civil y Comercial N° 7, encabezado por la jueza Virginia Ofelia Torrent, ha generado inquietud entre los vecinos y autoridades locales. El Concejo Deliberante de Paraná declaró el área de “utilidad pública y sujeta a expropiación” para que la Legislatura provincial trate la ley de expropiación.
El predio, ubicado entre las calles Gregoria Matorras de San Martín, Manuel Alberti, Héroes y Mártires del 9 de junio y Avenida Laurencena, es un espacio verde de importancia recreativa para la comunidad. El diputado provincial Juan Rossi calificó el valor base de la subasta como «irrisorio», ya que asciende a $4.679.000, muy por debajo del valor de mercado.
En entrevista con Elonce, el abogado, Alejandro Becic, explicó: “Muy poco se conoce sobre lo que es un proceso de expropiación. En principio, ya se había sacado un remate por una deuda en un juzgado. Se había declarado un señor Guillermo Pintos que era el cotitular de una parte, y de la otra parte, el titular era José María Armándola. Armándola inició un juicio de reclamo de pesos a Pintos y esto terminó en un remate judicial”.
Becic añadió: “El remate judicial implicaba el hecho de que iba a adquirir la totalidad del terreno si se presentaba en la subasta. La Municipalidad, viendo esta situación y a pedido de los vecinos, actuó para evitar que esto termine siendo un loteo con construcciones, ya que es un negocio inmobiliario. No estamos en contra de los negocios inmobiliarios, pero no en terrenos como este, en medio del Parque Urquiza y por valores que son irrisorios. Entonces, en principio, los representantes de la Municipalidad y los concejales se comprometieron a declarar el primer paso en camino a una expropiación: la declaración de utilidad pública. Para poder acceder a una expropiación, el municipio debe declarar en una sesión la utilidad pública, lo cual se hizo”.
El abogado detalló los próximos pasos: “Ahora pasamos a lo que sería la segunda etapa, que es una ley de expropiación de competencia provincial. Es la provincia quien va a tener que expropiar estos terrenos, con una ley de expropiación que determine la forma, el modo y el valor de estos terrenos, y lo expropiaría”.
Respecto a la subasta programada, comentó: “Armándola en varios medios salió a decir que él va a seguir adelante con la subasta. Él puede seguir adelante con la subasta, pero va a ser difícil que encuentre oferentes serios que paguen por esto el valor que corresponde”.
El abogado también señaló: “Se puede intentar la ley de expropiación, salvo que Armándola tenga la seguridad de que la ley de expropiación no va a salir; entonces estarían comprando tierras muy baratas que después seré el único propietario de esos lotes. Es bastante complejo de explicar porque hay información muy cruzada. Yo trato de explicar cómo es el proceso para que la gente vea de un lado y del otro cuáles son las especulaciones que hay con esto. Si Armándola compra esto en una subasta pública, lo va a comprar seguramente muy barato. Ahora, corre el riesgo de que después se declare la expropiación y en ese caso es la provincia la que compra y al valor que la provincia establece”.
Becic concluyó: “La municipalidad no expropia, solo declara de utilidad pública, pero la compra es a través de una ley provincial, con lo cual debe ser sancionada por los diputados y senadores provinciales. Lo que se especula es que, como el dinero escasea bastante, la provincia después no quiera comprometerse porque no tiene el dinero para comprar esto. Hay una comisión de tasación que determina, bajo su perspectiva, el valor de los terrenos. Una vez que se compra un bien por una subasta pública, debe ser aprobado judicialmente; por lo tanto, existe el riesgo de que esa subasta sea aprobada judicialmente”.
