La Ley de Cannabis Medicinal se sancionó en 2021, y ante esta realidad organizaciones denuncian la inacción de autoridades. Piden no criminalizar el consumo.
Desde la sanción de la Ley 27.350, que establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, se ampliaron las posibilidades de pacientes con diferentes patologías que accedieron a tratamientos seguros y que incluso pueden comprar productos cannábicos en farmacias con la correspondiente receta médica. De esta manera se garantizó el derecho básico y universal de tener una mejor calidad de vida, eligiendo un tratamiento alternativo que no se podía calmar con la medicina tradicional.
En forma simultánea, a raíz del reclamo organizaciones civiles de todos el país, entre ellas algunas con sede en Entre Ríos, se logró actualizar la normativa respecto al autocultivo de cannabis con objetivos medicinales y terapeúticos. Sucede que una reglamentación inicial limitó el uso legal de esta planta para el tratamiento de pacientes con epilepsia refractaria y la investigación científica, un decreto posterior, ya en la administración de Alberto Fernández (Frente de Todos), amplió el acceso del cannabis medicinal a otros pacientes. Dicha decisión política allanó el camino para la creación del Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, “con el fin de emitir la correspondiente autorización, a los y las pacientes que acceden a través del cultivo controlado a la planta de cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor”.
Entre Ríos adhirió a la normativa nacional, al sancionar en mayo de 2021 la Ley 10.894 de accesibilidad al cannabis medicinal con fines médicos, terapéuticos y/o paliativos del dolor. El proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, cuenta con la autoría de los legisladores Néstor Loggio y Silvia Moreno, en la actualidad sigue esperando por su reglamentación. Para el Frente de Organizaciones Cannábicas de Entre Ríos (Focer) esta situación impide garantizar más derechos para los usuarios que promueven los beneficios de los derivados de la planta de marihuana.
Según el activista concordiense e integrante de Fpcer, Tabaré Echeverría, el encuadre legal entrerriano incorpora más derechos en comparación con la legislación nacional. Y enumeró, que por ejemplo, “en cuanto al autocultivo no establece un límite de plantas y permite hasta tres domicilios de cultivos. Y además tiene algo interesante, que es el derecho a personas usuarias de cannabis medicinal a que el Estado les provea el acceso gratuito a los testeos de laboratorio que se les hace a los aceites y a los derivados de la planta para conocer la composición, de que están hechos, para conocer si tienen solventes residuales. Eso lo establecimos en la Ley como un derecho, pero hoy eso no es posible porque la Ley no está reglamentada”, advirtió Echeverría.
La 10.894 fue promulgada por el gobernador Gustavo Bordet y lo que resta en términos administrativos es que el Ministerio de Salud provincial avance con la reglamentación. Consultado por esta deuda, el entrevistado manifestó que “es posible interpretar una falta de voluntad política claramente, aunque si bien desde Diputados con Silvia ‘Nené’ Moreno y Néstor Loggio, que fueron los autores de este proyecto y como coautores todo el Frente Creer, hubo un impulso a esta normativa. Luego al momento de la reglamentación, quizás los tiempos de la Ley nacional para el marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, no se ha reglamentado en los plazos previstos. Por lo que Entre Ríos, especulo, está a la espera de una normativa nacional que pueda ordenar la industria, para después poder pensar en ese marco del desarrollo productivo del cannabis en la provincia”.
Planteó que cuando se gestó la nueva Ley no se pudo establecer un presupuesto para la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Salud, algo que en la práctica impide la creación de una Secretaría específica que se ocupe no solo de la reglamentación sino además de la implementación de la normativa.
Entrerrianos registrados
A través de un pedido de acceso a la información pública, el sitio Chequeado.com pudo determinar la cantidad de usuarios en el país incorporadas en el Registro Nacional de Personas autorizadas al cultivo controlado de la planta de cannabis. De acuerdo a la información proporcionada por la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica del Ministerio de Salud de la Nación, en Entre Ríos hay 2.350 personas que tienen el certificado del Reprocann, mientras que otras 298 cuentan con su trámite en proceso de evaluación. Al Reprocann pueden inscribirse aquellas personas que cuenten con una indicación médica y realicen un trámite ante el Ministerio de Salud de la Nación.
“Como usuario tenés tres perfiles para elegir, uno de ellos es el de autocultivador, otro es el de cultivador para terceros y el restante es el de persona responsable de un menor de edad que usa cannabis medicinal. Además se pueden registrar los médicos, quienes son los encargados de hacer las validaciones de los usuarios”, explicó Echeverría.
En base a la indicación médica y al tratamiento correspondiente, el médico va a determinar un número máximo de plantas florecidas, cuyo límite es 9.
En el Registro se aprobaron 141 trámites de redes de pacientes u ONGs autorizados para el cultivo para terceros. Efecto Séquito es el colectivo al cual pertenece Echeverría y desde donde se está trabajando para adecuarse al marco legal actual, “que permite que las asociaciones civiles sin fines de lucro, que tienen un objeto social vinculado a la planta de cannabis puedan abastecer a una red de pacientes de forma lega con la vinculación a través del Reprocann. Hay una resolución que habla de todo esto, aunque no está implementado a nivel software en el Registro online”, publicó Uno.
Para el activista una de las dificultades más importantes que enfrentan es que el Reprocann “es de acceso privado, porque si bien no tiene un arancel, necesitas consultar al médico y que te prescriba cannabis, para luego registrarte en la plataforma y así poder acceder. Esa consulta está teniendo valores que van desde los 5.000 pesos a los 300 dólares”. Teniendo en cuenta esta barrera para el acceso a una atención integral de la salud, las organizaciones reclaman que se garanticen dispositivos de salud públicos en centros primarios y hospitales que hagan la inscripción en forma gratuita.
“De hecho en Paraná, durante un período de tiempo funcionó en el Centro de Salud Manuel Belgrano, un dispositivo que estaba haciendo inscripciones al Reprocann, pero luego por traslados de los médicos que trabajaban en ese lugar ya no se pudo seguir brindando. Así que es un reclamo para que haya partidas presupuestarias destinadas a estos dispositivos de la salud pública. Y para que no sea un privilegio el acceso a este registro”, enfatizó.
Denuncian persecución
En el marco de la Marcha Nacional de la Marihuana, que este año se replicó en Concordia organizada por el Focer, se denunciaron “casos de persecución que continúan en la provincia, como en Concepción del Uruguay, donde allanaron un brow shop (o tiendas de cultivo). El Reprocann está conteniendo a las personas que hacemos un uso adulto y recreativo del cannabis. Se trata de una herramienta terapéutica muy útil y el Reprocann no está funcionando como herramienta legal para evitar la criminalización, pero eso no deja de lado una urgente despenalización. Hay más de 30 proyectos presentados en el Congreso nacional, pero sin embargo duermen en los cajones de los legisladores. Autocultivar debe ser un derecho”.
