Sobreprecios en el asfalto de Seguí: Con los empresarios sobreseídos, la causa sólo apunta al poder político

Néstor Iván Szczech y Daniel Hereñú, se sumaron a los sobreseimientos ya dictados en favor de Néstor Hereñú y Hernán Barrera, ingeniero de la firma OIC SA. Todos quedaron desligados de la causa.

Tras más de nueve años de trámite judicial, la causa por presuntos sobreprecios en 16 cuadras de asfalto en la localidad de Seguí atraviesa una instancia definitoria: este lunes, se cerró definitivamente el capítulo empresarial. Hasta ahora, en el banquillo de los acusados estarán el exintendente Cristian Treppo, el contador municipal Darío Monzón y la ingeniera contratada del municipio Carina Zapata.

La jueza Paola Firpo sobreseyó a los últimos empresarios que permanecían vinculados al legajo, luego de que cumplieran con los requisitos pactados en la suspensión de juicio a prueba (probation), otorgada en junio de 2022. La audiencia que presenció AHORA fue expeditiva, ya que el fiscal Gonzalo Badano acompañó el pedido de los defensores Miguel Cullen y Julián Pedrotti.

Los beneficiados son: Néstor Iván Szczech y Daniel Hereñú, quienes se suman a los sobreseimientos previos de Néstor Hereñú y Hernán Barrera, ingeniero de la firma OIC SA. Con esto, todos los empresarios fueron desvinculados, tras cumplir con el resarcimiento económico exigido y realizar aportes voluntarios a instituciones comunitarias.

La causa, que se inició en 2016 por denuncia de concejales de Cambiemos, investigaba presunto peculado en la ejecución de las obras, financiadas por el Plan Nacional Más Cerca, durante la gestión de Cristian Treppo como intendente y titular de la Unidad Ejecutora Provincial.

Con el cierre de la instancia para los contratistas privados, la mirada judicial se concentra exclusivamente en quienes ocuparon cargos públicos o ejercieron funciones técnicas en el marco de las obras.

El exintendente Cristian Treppo continúa vinculado al proceso. Su situación procesal es más compleja, ya que, por tratarse de un funcionario público, no puede acceder a las salidas judiciales alternativas previstas en el artículo 76 bis del Código Penal. Junto a él, sigue implicada la ingeniera Carina Zapata, contratada por el municipio, aunque la Fiscalía considera que cumplía funciones típicas de gestión pública, lo que también excluye su posibilidad de probation. También aparece en el listado el contador municipal Darío Monzón.

La causa tuvo varios cambios de rumbo. Uno de los más significativos fue la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de excluir la pericia técnica que constituía la prueba principal del expediente, por haber sido realizada por un ingeniero que falleció en 2023: Beltrán Uranga. Esto impidió que se lo convocara a declarar en audiencia, tal como exige el artículo 41 del Código Procesal Penal de Entre Ríos.

El fallo fue dividido y dejó sin efecto una prueba sustancial para la Fiscalía, que había solicitado que igualmente se admitiera el informe pericial pese al fallecimiento del profesional. Esta decisión sentó un precedente relevante para otras causas en trámite, particularmente cuando la prueba técnica depende de testimonios no replicables.

La denuncia tuvo su origen en mayo de 2016, cuando concejales opositores enviaron una carta documento al intendente Treppo reclamando información sobre las 16 cuadras de asfalto ejecutadas por OIC SA, financiadas con fondos nacionales. Ante la falta de respuestas, radicaron una denuncia penal.

El contrato original fue de 19,5 millones de pesos, y los denunciantes advirtieron presuntos sobreprecios por 5 millones, señalando además que solo 7 de las 16 cuadras contaban con cordones cuneta, lo que agravaría la sospecha de irregularidades.

En ese contexto, se imputó al jefe comunal, a los empresarios y a profesionales vinculados a la ejecución, como parte de una investigación por malversación de fondos públicos y contratos presuntamente irregulares.

La plata de la probation

Los empresarios entrerrianos Daniel Herenú, su hijo Néstor Hereñú y Néstor Iván Szczech no tendrán antecedentes penales.

Daniel Hereñú pagó 500.000 pesos al municipio de Seguí y, como regla de conducta 3 millones de pesos que se distribuyeron entre: ONG Mitre, la Asociación Casa Lázaro, Hogar de Cristo, Centro Huerta de Canaan, Fundación Suma de Voluntades, Sala de Velatorios Argentina Zabala, Centro Comunitario Solidaridad y escuela Los Nazarenos. Cada una de las instituciones recibió 375.000 pesos.

Como Hereñú ya tiene una probation por la Cumbre del Mercosur de dos años, acordó integrar una sola probation por tres años.

Néstor Iván Szczech pagó 100.000 pesos al municipio de Seguí en calidad de reparación y 400.000 pesos como regla de conducta. Ese dinero se entregó a Asociación Civil Amigos del Puerto Nuevo de Paraná y al hogar de ancianas San Vicente de Paul: 135.000 pesos a cada institución. En tanto que 130.000 pesos recibió la escuela Nº 208 Juan Carlos Esparza.

Szczech como Hereñú ya tenía una probation por la Cumbre del Mercosur. Así que logró que se le integre una sola de tres años.

Néstor Hereñú abonó 100.000 pesos al municipio de Seguí y pagó de 400.000 pesos como regla de conducta; de estos, fueron entregados 135.000 pesos a la escuela Nº 190 Obispo Gelabert y Crespo y la escuela Bazán y Bustos, mientras que el merendero y copa de leche San Francisco de Asís percibió 130.000 pesos.

El hijo del empresario tiene una probation en Gualeguaychú de dos años, la cual se integró a esta nueva; por lo tanto, cumplió tres años de suspensión de juicio a prueba.

Por último, Hernán Barreta abonó 100.000 pesos para la municipalidad de Seguí en calidad de reparación del daño y 400.000 pesos como norma de conducta, que fueron distribuidos de la siguiente manera: 135.000 para Merendero Lio Messi y para la Comisión Vecinal Guiralde; en tanto que la Casa de Acompañamiento José Rodríguez recibió 130.000 pesos.

Fuente: Con información ahora



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