Debido a que el mecanismo provincial de prevención de la tortura aún no fue puesto en marcha en Entre Ríos, a pesar de que existe una ley vigente, la representación provincial en la Asamblea Anual del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) estuvo a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Daniel Paduán, también participó la asesora legal de la subsecretaría, Nazarena Rolandelli Bertoli.
El CNPT comenzó este lunes su Asamblea Anual bajo el lema “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura”. Entre Ríos participará de dos mesas de discusión junto a otras provincias de la Región Pampeana. La Provincia está representada por Paduán y por Rolandelli Bertoli debido a que el instituto local de prevención de la tortura no está funcionando.
El mecanismo provincial de prevención de la tortura de Entre Ríos fue creado por ley 10.563 sancionada a fines de 2017. Debería funcionar en el ámbito de la Legislatura para evitar presiones del Poder Ejecutivo. Sin embargo, esto no fue así. En 2019 ingresó un proyecto de ley presentado por el presidente de la bancada justicialista, Juan Navarro, y su entonces par (hoy presidente del Tribunal de Cuentas) Diego Lara. La nueva iniciativa quería evitar que los cargos del mecanismo fuesen rentados. Fue enviada a comisión y nunca más tuvo despacho.
Intercambios
El CNPT desarrolló un trabajo intenso junto a organizaciones de la sociedad civil, autoridades nacionales y provinciales de Argentina, bajo un marco donde primó el intercambio de experiencias y enfoques con un objetivo en el horizonte: visibilizar, por un lado, las buenas prácticas del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y, además,llevar a cabo un diagnóstico de las problemáticas a abordar en cada región del país para diseñar acciones que fortalezcan al Sistema Nacional.
El presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazábal, señaló que cada uno de los asistentes al evento, que se transmitió por la página de Facebook del Comité, tenía que ver con el trabajo desempeñado para arribar a esta tercera Asamblea Anual. Luego, se refirió a los desafíos que la institución que dirige debió atravesar, en el contexto de la pandemia de COVID-19, y aseguró que lejos de paralizarse, superaron los obstáculos que la pandemia interpuso interactuando con las distintas organizaciones e instituciones. “Hemos trabajado a lo largo del año, en el terreno, con los poderes ejecutivos y judiciales de las provincias, con las ONG. Venimos dejando los cimientos del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura», manifestó Irrazábal en la apertura de la Asamblea Anual 2020.
La comisionada del CNPT, María Laura Leguizamón, destacó que la creación de lazos estratégicos con los organismos internacionales fortalece el crecimiento del Comité y el mejoramiento de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad. “Hemos fortalecido los vínculos internacionales. Avanzamos en la articulación con los organismos de prevención de la tortura de Italia, España, México y Uruguay», detalló.
En sintonía con el presidente del CNPT, la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, manifestó que la pandemia representó un desafío.“Fue muy difícil sobrellevar la tarea porque, además, estuvimos en emergencia carcelaria desde que asumimos”. Sobre la labor desarrollada por la cartera que dirige, Losardo señaló que se aplicaron sistemas de detección temprana, aislamiento y atención sanitaria. “Todo esto, con un solo objeto: proteger a las personas privadas de la libertad alojadas en nuestros establecimientos, tratando de restringir lo menos posible sus derechos”, señaló la ministra. Se diseñaron protocolos de egreso e ingreso para evitar los contagios intramuros, protocolos destinados al personal del Servicio Penitenciario y se realizaron campañas de concientización, con apoyo del Ministerio de Salud, para concientizar a las personas privadas de la libertad sobre el tratamiento del COVID-19. Y se creó un Comité de Crisis, conformado por las máximas autoridades institucionales, con el fin de coordinar acciones de prevención, detección, asistencia, evitar el ingreso y la propagación del virus.
Luego, Andrea Casamento, directora ejecutiva de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD), aseguró que en marzo, con la llegada de la pandemia, comenzaron a hacer campaña para ver de qué manera podían descomprimir la población en las cárceles. «En el ámbito de la salud se nos hizo muy difícil conseguir las estadísticas y las libertades estuvieron muy restringidas por la fuerte presión social», aseguró. Desde marzo a la fecha, ACiFaD recibió diez mil llamados telefónicos: tres mil fueron derivaciones de organismos (Comisión Provincial por la Memoria, Procuración Penitenciaria, juzgados y defensorías); seis mil fueron por acompañamiento psicosocial para familias de las personas privadas de la libertad (el cincuenta por ciento por temas de salud, el otro cincuenta por ciento por acceso a la justicia).
La asociación que dirige realizó una encuesta sobre la situación sanitaria previa al COVID?19 en la provincia de Buenos Aires: nueve de cada diez personas privadas de la libertad dijeron que no habían recibido asistencia médica y que los lugares no eran aptos para la atención; siete de cada diez expresaron que el médico carcelario los había atendido con discriminación. “La salud en las cárceles debe ser un tema de agenda pública. No puede ser que se sigan muriendo personas que están bajo custodia del Estado», sentenció Casamento.
A continuación, Gustavo Hornos, presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, reconoció que este tiempo hizo que los lugares de encierro pasaran a formar parte de la agenda pública. «La falta de elementos de limpieza; el poco acceso al agua potable, a espacios con luz, a las comunicaciones ha quedado evidenciado con la pandemia», sostuvo el vicepresidente primero de la Cámara Federal de Casación Penal. Hornos afirmó que es imperioso que las condiciones de encarcelamientos sean dignas y que, para ello, los tres poderes tienen que trabajar articuladamente y en conjunto para que mejoren los contextos de encierro.
En este sentido, valoró que el monitoreo desarrollado por las instituciones representa un instrumento de prevención para evitar violaciones a los derechos humanos y que es una herramienta de acceso directo al sistema judicial.
Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, felicitó especialmente al CNPT por la reglamentación del Registro de Organizaciones que realicen visitas de monitoreo, contemplado en el artículo 41 de la Ley 26.827. “Es fundamental lograr que la sociedad mire hacia las cárceles. Estoy convencida de que si todos los ciudadanos de buena fe supieran qué pasa en las cárceles, nunca pedirían más cárceles, sino todo lo contrario.”
Martínez comentó, además, que el organismo que dirige presentó un informe, elaborado por la Comisión de Género, sobre violencia institucional sexual llevada a cabo contra mujeres privadas de la libertad en destacamentos básicamente en la zona norte del país. “Sólo uno de los casos aceptó judicializar el tema. Llevamos la denuncia ante la Justicia Federal. Si bien el juez de primera instancia lo elevó a juicio, el tribunal oral y, luego, la Casación, desestimaron la denuncia, argumentando que la víctima había manifestado consentimiento con un oficial de Gendarmería que, se supone, debía vigilarla”, contó la Defensora General de la Nación en el cierre de la primera jornada de la Asamblea Anual del CNPT. El caso se encuentra en la Corte Suprema de Justicia.
