La senadora por el Departamento La Paz, Patricia Díaz, emitió un comunicado en el que cuestionó que “la salud de los entrerrianos no puede ser una opción entre Moreyra y Cañete o Allende”, en referencia a las distintas conducciones de la obra social que la llevaron a la intervención y a la posible salida que se avizora ante el proyecto de reforma del Iosper. Sostuvo que “la salud pública necesita más que un cambio de nombres” y que “necesita una reforma profunda, transparente y participativa”.
La senadora por el Departamento La Paz, Patricia Díaz, sostuvo en un comunicado que se conoció este miércoles que “mientras se analiza en comisiones del Senado el proyecto para reemplazar al IOSPER por una nueva obra social (OSER), desde mi banca advierto con firmeza: no podemos permitir que el derecho a la salud de los trabajadores del Estado siga siendo rehén de internas políticas, disputas gremiales o negocios corporativos”.
En el comunicado que tituló “la salud de los entrerrianos no puede ser una opción entre Moreyra y Cañete o Allende”, Díaz aseguró: “No voy a convalidar livianamente una estructura que durante años fue utilizada por Silvio Moreyra y Fernando Cañete como instrumento de poder y corrupción, sin transparencia ni controles del Tribunal de Cuentas”. Añadió: “Pero tampoco voy a legitimar una conducción que pretende poner en manos del gobierno de turno, de José Allende, y de algún funcionario foráneo sin arraigo local, otra caja millonaria que debería estar al servicio de los trabajadores, jubilados y sus familias”.
Males
Díaz expresó que “no se trata de elegir entre dos males. Entre Cañete y Allende, Entre Ríos merece una tercera opción. Una opción construida desde abajo, con participación real, reglas claras y sentido de urgencia”. Así, sostuvo que “la salud pública necesita más que un cambio de nombres. Necesita una reforma profunda, transparente y participativa”.
Para superar aquellos males, Díaz entendió que “para eso, hay que abrir la discusión real sobre los problemas estructurales que el sistema arrastra hace años: El drama de las prótesis e insumos especiales, que se autorizan demoras inhumanas y trámites kafkianos. El abandono de las personas con discapacidad, cuyos familiares luchan diariamente para conseguir una cuidadora, un acompañante terapéutico o una rehabilitación”.
Añadió “las interminables demoras en autorizaciones, que afectan tratamientos oncológicos, estudios de alta complejidad y cirugías urgentes. El costo de los medicamentos, que no para de subir, mientras la cobertura se reduce o directamente se niega. La falta de auditorías externas, control público y rendición de cuentas, que permitió el uso discrecional de fondos por parte de pocos, sin ninguna consecuencia”.
Así, entendió que “Entre Ríos necesita una obra social fuerte, accesible y controlada por los trabajadores, no por una casta de dirigentes o gerentes del poder”. Díaz convocó a “todos los sectores —trabajadores, gremios, prestadores, colegios profesionales y usuarios— a discutir un nuevo modelo de gestión con control social, participación real y garantía de equidad”.
Finalmente sostuvo: “No es no. Entre la corrupción de ayer y la impunidad de siempre, elijo abrir un camino nuevo. No concibo que nos obliguen a elegir entre Drácula y Frankenstein.
