Los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, dictarán el adelanto de la sentencia en el juicio que tiene imputadas a más de 30 personas, entre ellas, el ex intendente Sergio Varisco, y el ex concejal Pablo Hernández.
El tribunal federal de Paraná, compuesto por los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros, dictará este lunes el adelanto de la sentencia en el juicio que investiga las responsabilidades en la causa del hallazgo de la avioneta con un cargamento de droga y las relaciones de la banda, que supuestamente comandaba Daniel «tavi» Celis, con algunos funcionarios municipales de la capital entrerriana.
El debate se cerró el viernes pasado, sin una certeza respecto a la fecha en que se conocería la parte resolutiva de la sentencia. Era posible que los jueces no arriben a una solución, dado la complejidad y extensión de la causa. Es que hay más de 30 personas con graves penas en expectativa, entre ellos, los hermanos Celis, los hermanos Ghibaudo, dueños del campo donde bajó la avioneta con droga, el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, el concejal Pablo Hernández y la ex funcionaria de la Policía de Entre Ríos y empleada municipal, Griselda Bordeira.
MÁS DE 100 TESTIGOS
Por la sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, ubicada en calle 25 de Mayo (el debate se desarrolló en ese lugar y no en la casa que ocupa el Tribunal por una cuestión de espacio), pasó un centenar de testigos desde mediados de septiembre hasta noviembre, luego se hicieron los alegatos y el viernes pasado los imputados pudieron decir sus últimas palabras.
Fueron jornadas muy extensas: en una primera etapa se ventiló toda la prueba de la primera causa que investigaba el hallazgo de la avioneta con más de 300 kilos de marihuana y en una segunda etapa, se ventiló toda la prueba de la segunda causa que investigaba las relaciones de la banda, que supuestamente comandaba Daniel «tavi» Celis, con algunos funcionarios municipales y conocida mediáticamente como «causa Celis» o, «causa Lemos».
LA AVIONETA CON DROGA
En el primer proceso, el juez federal Leandro Ríos dirigió la investigación sobre una organización dedicada al comercio de estupefacientes que tiene en la cima de su estructura, según la hipótesis acusatoria, a los hermanos Daniel «Tavi» Celis y Miguel Ángel «Titi» Celis. La pesquisa policial terminó con el aterrizaje de una avioneta proveniente de Paraguay con 317 kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda. En esa primera causa, surgió un indicio que vinculaba la banda con cierta estructura municipal. Se dijo que la investigación de la Policía Federal comenzó con una denuncia anónima sobre la utilización de camiones municipales sin GPS para el traslado de droga. El entonces intendente Sergio Varisco fue llamado a declarar como testigo.
RELACIONES CON LA BANDA
En el segundo proceso, el juez federal Leandro Ríos dirigió una investigación que tuvo como norte determinar el financiamiento con dinero municipal a la banda de Celis para actividades de narcotráfico. Se buscó probar el vínculo entre funcionarios políticos municipales y la banda de Celis. Para la Fiscalía que representan José Ignacio Candioti; Leandro Ardoy y Carlos García Escalada; esa relación estaría determinada y por eso, se hicieron fuertes pedidos de pena.
En la primera causa, Daniel Celis negó toda relación con la organización del aterrizaje del avión cargado con marihuana. En cambio, su hermano asumió la responsabilidad. En la segunda causa, los abogados defensores alimentaron la teoría sobre una supuesta afrenta política en contra de Varisco para eliminar las posibilidades de una candidatura a gobernador.
EL DETALLE DE LAS PENAS
Para el ex intendente Varisco solicitó 10 años de prisión, $ 250 mil de multa, las costas del juicio y también su detención, lo que deberá ser decidido en la sentencia que dará el TOCF posiblemente el lunes de la próxima semana. Varisco fue uno de los pocos acusados de peso que no llegó a las audiencias del juicio tras las rejas. Desde un primer momento, el juez Federal Leandro Ríos tuvo especial consideración con él debido al rol institucional que desempeñaba y que caducó el pasado 10 de diciembre.
Además, requirió para Celis la pena de 15 años de prisión y una multa de $ 300 mil pesos más las costas del juicio por considerarlo organizador y financiador del tráfico de estupefacientes en ambas causas. Para su hermano Miguel Ángel «Titi» Celis solicitó 12 años de prisión por cumplir el mismo rol, pero en una sola de las causas (narcoavioneta), además de las costas y una multa de 18.500 pesos.
Por otro lado, para el ex concejal Pablo Hernández (Cambiemos) y la ex funcionaria municipal de Seguridad, Griselda Bordeira, Candioti solicitó 9 años y una multa individual de $ 225 mil. La razón para pedir penas por encima de la mínima de 8 años fue el rol de funcionarios públicos que detentaban, que les generaba «mayor responsabilidad» que a un ciudadano de a pie.
Luciana Lemos, Daniel Céparo y José Caballero, quienes con sus declaraciones ayudaron al caso de Fiscalía, recibieron una retribución por sus colaboraciones: la acusación sólo pidió cuatro años y seis meses de prisión y las costas del juicio. Para Céparo y Caballero (acusados en la causa «narcoavioneta») se sumó un pedido de multa de 5 mil pesos por cabeza, mientras que para Lemos (imputada en la causa «narcomunicipio») el requerimiento de multa se cifró en 30 mil pesos.
OTROS IMPUTADOS
Fiscalía pidió además para los acusados Cristian Silva; Andrés Leguizamón; Sergio Baldi; Gastón de la Fuente; Omar y José Ghibaudo la pena de ocho años de prisión, una multa individual de 15 mil pesos y las costas del juicio por el cargo de comercio de estupefacientes agravado por ser tres o más personas.
Por otro lado, para el sindicado como proveedor de la cocaína que se encontró en la casa de Luciana Lemos, Wilber Figueroa Lagos, Candioti requirió 8 años de prisión, 125 mil pesos de multa y las costas del juicio.
Además, para Eduardo Celis; Juan Manuel Gómez y Johnatan Heinze (también acusado de comercio de droga agravado), solicitó 7 años de prisión, $ 120 mil de multa individual y las costas.
Asimismo, para Julio Bartorelli reclamó 7 años de prisión y una multa de tres mil pesos.
Marcos Velázquez; Johnatan Romero; Hernán Rivero; Miqueas Córdoba; Fernanda Orundez Ayala; Laura Zurita y Miguela Valde fueron objeto de una acusación menor por parte de Fiscalía que solicitó 6 años de prisión, multa individual de 6 mil pesos y las costas.
El Ministerio Público Fiscal consideró que Alan Viola era partícipe secundario en las actividades del tráfico de estupefacientes y le pidió al Tribunal que lo condene a 6 años de cárcel, una multa de $ 150 mil pesos y las costas.
En los casos de Patricio Larrosa; Yamila Corradini y Nahuel Celis, también partícipes secundarios, el requerimiento fue de cinco años de detención. Como los dos primeros fueron acusados por la ley vieja, se solicitó una multa de 5 mil pesos por cabeza, mientras que Nahuel Celis fue acusado con la nueva legislación vigente y por eso se pidió una multa de $ 75 mil.
FUENTE: El Once
