El Ejecutivo detecta irregularidades en el servicio. Proponen crear un sistema público-privado.
Con el conflicto del transporte público presente por su gravedad e incertidumbre, y la posibilidad de un nuevo cese de servicios a partir del 5 de agosto –cuando expire el plazo que impide medidas de acción directa a UTA y empresas–, se oyeron ayer distintas voces en el Concejo Deliberante de Paraná.
Por un lado, el fiscal municipal Francisco Avero, mediante nota enviada al cuerpo, informó que se encuentran bajo análisis de la repartición a su cargo las medidas a adoptar con la prestataria del transporte urbano de pasajeros en colectivos, Buses Paraná, ante el incumplimiento por parte de la concesionaria de la normal prestación del servicio. “A la fecha de esta elevación, se encuentran bajo análisis las medidas a adoptar… con fundamento en las irregularidades descriptas”, mencionando que “no se descarta la interposición de medidas cautelares, hasta incluso la aplicación de la caducidad del contrato” de concesión, se leyó ayer.
En el expediente, Avero recordó que esa medida procederá, en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza Nº 9.462, artículo 88, “ante el grave incumplimiento de las obligaciones esenciales del concesionario, después de agotarse el procedimiento legal conminatorio establecido en la reglamentación”. Entre esas causales de caducidad figuran la prestación deficiente o incompleta de manera reiterada de los servicios por causas imputables al concesionario y que no se regularicen después de haber sido intimados formalmente o, cuando se suspendan los mismos de manera reiterada sin causa justificada y/o con causa directamente imputables al concesionario.
Avero había sido invitado formalmente por la Presidencia del Concejo Deliberante a participar de la sesión que ayer celebró el cuerpo legislativo, para que informara sobre las medidas legales y judiciales tomadas desde el Ejecutivo, para la tutela efectiva de los derechos y obligaciones consagrados en la ordenanza y el Pliego del Transporte Urbano, en protección del interés municipal y de los vecinos, atento a la constante problemática en la prestación del servicio, luego de los cinco días de paro y la noticia del proceso preventivo de crisis planteado por Buses Paraná y la solicitud de quiebra de la empresa ERSA.
Pero ante la imposibilidad de concurrir al plenario por “razones de salud”, a través del secretario Legal y Técnico municipal, Walter Rolandelli, Avero hizo llegar un expediente donde constan las medidas “que se están tomando desde el órgano de aplicación (Secretaría de Servicios Públicos) en relación al incumplimiento del servicio público de colectivos”, como autoridad de aplicación en materia de transporte urbano.
Allí figuran notificaciones e intimaciones a las empresas concesionarias, que se remontan a febrero, sobre menor cantidad de móviles en la prestación del servicio (18-02-19); regularización en su prestación (19-02-19); restablecimiento del servicio (01-04-19); el reintegro al mismo de unidades retiradas modelo 2018 (15-0419); sobre retenciones que realizara “UTA” (14-06-19); restablecimiento del servicio (05-07-19); retiro de unidades (10-07-19); falta de prestación de servicios durante los días 12, 13, 14 y 15 de julio en curso (15-07-19); aclaración sobre pedido de altas y bajas de unidades (19-07-19); informe de la Dirección de Monitoreo y Control por unidades que se visualizan en Santa Fe (19-07-19); retiro de nueve unidades de la empresa de transporte “Mariano Moreno” (19-07-19); falta de visualización del servicio nocturno y la notificación de que el mismo debe continuar.
El fiscal Avero puntualiza en su presentación que las actuaciones citadas previamente fueron remitidas a evaluación del área Legal y Técnica sobre las posibles sanciones, por fuera de las elevadas a los juzgados de Faltas.
En ese marco, en el espacio Voz y Opinión Ciudadana hicieron uso de la palabra los representantes Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná Julio Soñez, Sergio Martinoli y Alicia Glausser.
Allí, Martinoli –cuya procedencia es del sector docente– cuestionó la decisión de eliminar subsidios por parte del Estado nacional y sentenció: “No debe existir un servicio público que no tenga presente al usuario”, dijo al hacer referencia al veto del intendente, Sergio Varisco, a la participación ciudadana en el órgano de control del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU).
“El Estado, por más neoliberal o bobo, no puede desentenderse. Y el Estado municipal debe tomar las riendas del transporte en beneficio del usuario. Los empresarios no deben perder, pero no hacer fortunas a costa del usuario”.
“Advertimos sobre esta situación, con la firma de la concesión. Veníamos mal y la crisis del transporte la agudizó. De mano de estos cambios, hubo modificaciones en las arterias y no se tuvo en cuenta ni siquiera la ubicación de los semáforos; ahora los peatones no pueden ver por dónde cruzar”, marcó.
Acotó el proyecto ferroviario para la región, de modo de complementar el servicio, y postuló que la Asamblea no solo es crítica: “Entre nuestras propuestas para revertir esto, está que el sistema de transporte urbano debe ser concebido como servicio público y derecho público con un sistema mixto, con participación del Estado, control efectivo, y aporte de capitales privados”. Los vecinalistas detallaron inconvenientes que a diario enfrenta el usuario, como el cambio de recorridos, de los sentidos de calles, el retiro de los colectivos del centro de la ciudad, el no funcionamiento del boleto combinado; la ausencia de garitas, la deficiente señalización con pintura en el asfalto y la escasez de colectivos con rampa para personas con discapacidad.
FUENTE: Diario Uno
