El operador judicial del expresidente Mauricio Macri, ex funcionario y actual diputado del Parlasur por Juntos por el Cambio está citado a indagatoria el próximo 17 de junio por la persecusión a los dueños del Grupo Indalo. La jueza federal María Servini solicitó su arresto ante su huida a Uruguay para eludir la investigación judicial.
La jueza federal María Servini declaró en rebeldía al exasesor de Mauricio Macri Fabián Rodríguez Simón y ordenó su captura nacional e internacional. Lo hizo después de que el abogado anunciara que había solicitado refugio en Uruguay para no presentarse a la indagatoria prevista para el próximo 17 de junio en la causa en la que se investigan las presiones a los dueños del Grupo Indalo.
Servini cursó oficio al Ministerio de Seguridad y a la oficina de Interpol con el último domicilio que «Pepín» Rodríguez Simón declaró en Montevideo. Además, la magistrada ordenó la inhibición general de bienes del integrante del Parlasur por Juntos por el Cambio y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias.
Rodríguez Simón había inicialmente informado que retornaría al país el 15 de mayo para presentarse a indagatoria el 26 de mayo. Esa fecha fue postergada al 17 de junio porque, entre otras razones, la jueza estuvo internada con covid.
Sin embargo, el lunes por la noche, el asesor de Macri anunció que no se presentaría y que había iniciado el trámite para el refugio en Uruguay. Lo hizo a través de una carta y en una entrevista en el canal La Nación +. En ambas oportunidades, se presentó como víctima de una persecución y dijo que temía ser detenido.
«Su planteo es absolutamente improcedente, y parecería ser un atajo para obstruir el curso de la investigación, en un caso en el que, luego de más de dos años de trámite, no se le ha impuesto ninguna medida cautelar personal ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política'», respondió la jueza.
Quién es «Pepín»
Rodríguez Simón fue director de YPF durante el gobierno de Cambiemos y diputado del Parlasur, abogado asesor de Mauricio Macri, también del grupo Clarín, y sobre todas las cosas fue uno de los principales arquitectos de la estrategia judicial del macrismo enfocada en alentar y armar causas judiciales contra opositores políticos, y denostar a los jueces y juezas que no se sumaran a esa avanzada. Fue el impulsor de la designación de dos jueces en la Corte Suprema por decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, aunque luego pasaron por el Senado. Mucho antes, en 2008, un dato algo olvidado pero no menos relevante, lo sitúa como titular de la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), un organismo que utilizó Macri cuando era jefe de gobierno porteño para apalear a personas en situación de calle.
El operador macrista estaba citado para el 26 de mayo a indagatoria por zoom, y consiguió que la jueza postergara la convocatoria para el 17 de junio. La jueza le había impuesto una prohibición de salir del país, a pedido de la querella de Fabián de Sousa, pero ya estaba un Uruguay -donde se fue en diciembre último- y alegó que no tenía forma de volver aunque con anterioridad había presentado un pasaje de Buquebus con fecha de regreso para el 15 de mayo pasado. La prohibición en cuestión está apelada en la Cámara Federal, pero mientras tanto rige y el exasesor estaría en infracción.
Su anuncio de pedido de asilo es la confirmación de que no tiene ninguna intención de estar a disposición de la Justicia, pese a que la indagatoria es el acto donde puede defenderse. Por eso la jueza analizaba si esperaría hasta la fecha de su interrogatorio o tomaría una determinación antes, y todo hacía suponer que en las próximas horas podría firmar alguna decisión. Según publicó Página 12, habrá que ver si lo declara rebelde y lo considera prófugo, y pide su detención para ser extraditado. Hasta última hora del martes no había llegado notificación oficial de su pedido de asilo en Uruguay.
En la carta que difundió, «Pepín» –como lo apodan– dice que tiene «fundados temores de que» si volviera a la Argentina sería «privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal en el marco de causas judiciales amañadas». En el texto se muestra como un simple exasesor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunciado por reclamar impuestos a los concesionarios del juego. En el canal LN + dijo que su petición a Uruguay «tiene un efecto de protección pero es un castigo».
«Tengo 62 años, toda mi vida quedó en Buenos Aires, más allá de la hospitalidad de los uruguayos (…) y estoy acá condenado por las irregularidades –agregó en una suerte de lapsus– y el temor a perder la libertad si vuelvo a Argentina…».
