El impacto inflacionario es el principal motivo por el que se busca mantener el dólar bajo control. Pero, aun cuando no haya vencimientos en el corto plazo, también preocupa el peso cada vez mayor de la deuda en divisas.
El recalentamiento del dólar informal sobre el cierre del 2020 refuerza la dificultad del equipo económico que conduce Martín Guzmán para minimizar las expectativas devaluatorias en los próximos meses. Desde que en octubre el ministro logró acotar la brecha cambiaria -que llegó a superar el 130% y ahora vuelve a asomarse al 100%-, el Gobierno se esfuerza por convencer a propios y ajenos de que no habrá, en el mediano plazo, una devaluación del dólar oficial por encima de la tasa de inflación. Insiste, incluso, en que esa posibilidad ni siquiera forma parte del menú de exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI). El impacto sobre los precios, particularmente de los alimentos, y también sobre el peso de la deuda, la gran obsesión del ministro de Economía, vuelve inaceptable para la gestión de Alberto Fernández una fuerte corrección del tipo de cambio. Sobre todo en un año electoral.
“No va a haber devaluación”, repiten en público y privado Guzmán y sus colaboradores. Y, aunque la velocidad y magnitud del ajuste es el corazón de la negociación con el Fondo, fuentes involucradas en las tratativas siguen sosteniendo que el “sendero” es el que indica el Presupuesto, que contiene varias premisas que lucen cada vez más difíciles de cumplir. Entre ellas, precisamente, la del valor del dólar oficial, para el que proyecta un precio de $102 para fin de 2021. Esa estimación ya quedó desactualizada dado que implicaría un avance de apenas 13,5% desde los $89,87 en que cerró 2020 y un retraso respecto del nivel de inflación de 29% previsto en ese mismo texto. Ninguna de esas dos estimaciones está hoy alineada con el consenso del mercado, que prevé una suba del dólar de 40%, a $126,45, y una inflación de 50% anual, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA.
Evitar una aceleración aún mayor de la inflación, que anotó en los últimos meses el efecto del salto del blue, es obviamente el objetivo principal del Gobierno que busca mantener el dólar lo más quieto posible, al tiempo que el Banco Central lidia con la dificultad de recomponer reservas (el principal y más urgente problema de la economía hoy y al que medidas como el cierre de las exportaciones de maíz no contribuyen en nada a solucionar).
Aún en el mejor de los escenarios, es decir, sin una devaluación brusca, el peso de la deuda sobre la economía seguirá siendo alto, lo que disminuye aún más las posibilidades de recuperar el acceso al crédito internacional
Con ese mismo espíritu de evitar “otro golpe al bolsillo” que se vea reflejado en el índice de precios es que surgen cada vez más dudas respecto del aumento de tarifas y la suerte del gasto público destinado a los subsidios, cuyo incremento Guzmán pretendía evitar.
Pero no es el único frente al que el ministro presta atención. En declaraciones recientes, el funcionario advirtió sobre la necesidad de mantener “estable” la relación entre el PBI y la deuda, cuyo monto total no ha parado de crecer y ya supera los USD 333.000 millones. Esa relación se encuentra, a pesar del trabajoso acuerdo cerrado en agosto con los acreedores privados, en el nivel más alto de los últimos 15 años. Según sea el resultado final del cálculo oficial respecto de la caída económica de 2020, podría superar el 100%. Un nuevo salto devaluatorio llevaría ese ratio a nuevos picos, ya que 75% de la deuda se encuentra nominada en dólares, lo que resulta insostenible si la Argentina no recupera una senda de crecimiento. Aun cuando la Argentina no debe enfrentar fuertes pagos de deuda hasta 2024 -siempre y cuando termine acordando con el FMI-, el dato es preocupante para una economía sin acceso al financiamiento. De ahí que desde hace semanas circulan en el mercado distintos análisis técnicos que incorporan el escenario de una nueva reestructuración de la deuda con los acreedores privados.
Ninguna de las dos estimaciones principales del Presupuesto 2021, dólar e inflación, están hoy alineadas con el consenso del mercado
Por caso, en un informe reciente destinado a inversores institucionales titulado “Contexto global y probabilidad de default”, Delphos Investment aconseja “rotar” la cartera de títulos públicos de corto y mediano plazo como el AL29 o AL30 a bonos con vencimiento más tardío, como el AE38, tras proyectar escenarios con distintas probabilidades de cesación de pagos e incluir la posibilidad de un mejor clima global, con suba de commodities.
Un ejercicio similar realizó también la consultora 1816, fundada por Adrián Rozansky y Mariano Skladnik, según el cual plantearon el “sobre castigo” a los títulos argentinos. “Cobrando bajísimos cupones durante la gestión de Alberto Fernández y suponiendo reestructuración en diciembre de 2023 al estilo de la de Lavagna con los bonos del default de 2001, es decir una quita de 65%, a estos precios se gana hasta 5% anual en dólares”, concluyeron.
Más allá de la proyección de estos escenarios, y aún cuando el rebote económico que se espera para este año aliviane el peso de la deuda sobre la economía, lo cierto es que incluso en el mejor de los escenarios, es decir, sin una devaluación brusca, la relación seguirá siendo alta, lo que disminuye aún más las posibilidades de recuperar el acceso al crédito internacional. En el caso contrario, el de un salto del dólar, esa mínima posibilidad se desvanecería por completo.