“Hay mucho de licuadora y mucho de motosierra”, ratificó el presidente Javier Milei esta semana al hablar ante empresarios del sector energético y minero en un hotel porteño. Hizo referencia a los despidos en la Administración Pública ya concretados y por ejecutar al finalizar marzo, y a la reducción drástica del gasto público. Ese recorte se dio tanto en términos nominales como reales, considerando la licuación que implicó de hecho la suba inflacionaria en partidas presupuestarias que se prorrogaron del año pasado.
Las empresas públicas no quedaron fuera de ninguno de estos dos fenómenos. No sólo no tuvieron un aumento de las partidas asignadas para este año, sino que, en los dos primeros meses del año, las transferencias desde la Administración Central a 29 compañías estatales sufrieron un recorte del 53 por ciento en términos reales, si se compara esos giros con el monto que habían recibido en el primer bimestre de 2023.
Así, de un crédito vigente para ese universo de empresas públicas para este año de $2,5 billones, en enero y febrero, el gasto devengado (o sea, comprometido, pero que puede aún no haber sido cancelado por la Tesorería General), fue solo de $300.000 millones. “El trabajo de (Luis) Caputo es admirable”, elogió Milei a su ministro de Economía, encargado de defender la meta de déficit cero. El objetivo del Gobierno es que las empresas públicas bajen sus gastos, reduzcan personal y/o busques nuevas vías de ingresos.
Sin embargo, la transferencia de recursos fue muy desigual. Por ejemplo, mientras que casi el 60 por ciento ($177.922 millones) se lo llevó Energía Argentina SA (ENARSA), hubo otras empresas que tuvieron cero pesos devengados, como Aerolíneas Argentinas, la Administración General de Puertos o la Empresa Argentina de Navegación Aérea SE (EANA), o ARSAT, destacó un informe publicado en el portal de Infobae.
No obstante, si bien la empresa encargada de explotación de hidrocarburos y de distribución del gas y la electricidad recibió más de la mitad de los fondos devengados para las compañías estatales, ENARSA tuvo un recorte de fondos comprometidos en el primer bimestre del 47 por ciento, a valores corrientes, respecto de enero y febrero de 2023. Los datos surgen del nuevo Monitor de Transferencias de la Administración Nacional a Empresas Públicas que lanzó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), y que fueron analizados por Infobae. Los datos del 2024 corresponden a los gastos devengados.
La otra gran destinataria de los enflaquecidos recursos que la Tesorería le giró a las 29 empresas públicas analizadas fue la firma a cargo del transporte de pasajeros por tren Operador Ferroviario SE, que recibió $81.474 millones en los dos primeros meses del año, sobre $336.000 millones presupuestados para el 2024. Sin embargo, comparado con el primer bimestre del 2023, esa partida también tuvo un recorte en términos reales que superó el 47 por ciento. La empresa es la encargada de la operación y el mantenimiento de las líneas metropolitanas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Belgrano Sur y Tren de la Costa, y otras de larga distancia que llegan, por ejemplo, a Mar Del Plata y trenes regionales que viajan a 9 provincias.
Este universo de compañías estatales fue incluido en la primera versión de la Ley Bases, como sujetas a su posible privatización. Aún no está definido si en el nuevo texto que el Gobierno enviará al Congreso esta primera semana de abril, incluirá a todas nuevamente o solo a algunas de ese listado, consignó el portal de Infobae.
Las firmas públicas más perjudicadas en la “motosierra” dispuesta por Milei y Caputo fueron, además de Aerolíneas Argentinas, la Administración General de Puertos o ARSAT, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) SE, creada por una ley de 2016; la prestadora del servicio de rampa en 21 aeropuertos del sistema nacional, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, Tandanor, Dioxitex SA, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA, y el Polo Tecnológico Constituyentes SA. En lo que va del año, ninguna tuvo transferencias desde el Tesoro.
En tanto AYSA, la empresa de aguas y cloacas que presta el servicio en el AMBA tuvo una reducción en enero y febrero del 98,5 por ciento en los fondos devengados provenientes de la Administración Central. En enero no recibió nada y para febrero, tenía comprometidos $810 millones de gastos de capital, contra un crédito vigente en el año de $305.793 millones. Hace un año, cuando la compañía era dirigida por Malena Galmarini, había recibido $14.400 millones a valores de hoy. En AYSA se produjeron ya unos 200 despidos en lo que va del año.
La Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que se ocupa del mantenimiento de los trenes y sistemas ferroviarios, también sufrió un abrupto freno en los recursos que le debe girar Economía, del 91,7 por ciento. Tenía comprometidos $1.600 millones para gastos corrientes (de funcionamiento) en febrero, contra $118.500 millones para todo el año.
En porcentaje de recorte respecto de los dos primeros meses de 2023, le siguen Radio y Televisión Universidad Nacional de Córdoba SA (-82,8 por ciento); Corredores Viales, la firma dedica a gestionar la infraestructura y el tránsito de las rutas, autopistas y autovías concesionadas (-74,9 por ciento); Casa de la Moneda (-73,1 por ciento); y Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SA, la sucesora de la empresa Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios (-71,6 por ciento), registró el portal de Infobae.
El Correo Argentino, con casi 17.000 empleados distribuidos en sus sucursales en todo el país, tuvo una merma de financiamiento estatal del 66,7 por ciento. Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la empresa productora de carbón ubicada en Santa Cruz, del 64,7 por ciento.
La agencia oficial Télam, que está cerrada desde el 4 de marzo y sus más de 700 empleados con una dispensa temporaria de tareas desde esa fecha, tuvo una reducción presupuestaria del 61,7 por ciento. Otro medio estatal, Radio Universidad Nacional del Litoral LT 10 sufrió un recorte del 57,3 por ciento; Radio y Televisión Argentina, que incluye a la TV Pública y Radio Nacional, sufrió una merma en las transferencias en el primer bimestre del 40 por ciento. En la radio pública, a principios de marzo, 100 periodistas, productores y empleados administrativos recibieron cartas documento informándoles que no les renovaban los contratos que vencían al finalizar febrero o comienzos de este mes.
Para los dos primeros meses de este año, Aerolíneas Argentinas no tiene fondos devengados. La partida prevista en el Presupuesto para 2024 es de $75.400 millones. La aerolínea de bandera abrió un proceso de retiros voluntarios durante marzo para 8.000 de sus 11.000 empleados, y en el que se habrían inscritos unos 600 trabajadores.
Con el objetivo de déficit cero, además de la reducción de personal contratado en las empresas públicas, se espera que el recorte en las transferencias desde la Tesorería se mantenga.
En la web del Monitor de la OPC se aclara que las transferencias desde el Tesoro a las empresas públicas “no necesariamente deben asociarse a déficit operativo ni al resultado del balance contable”.
