Dirigentes de la Comisión que levan adelante los intereses de Magistrados de Entre Ríos se reunieron con Gustavo Bordet. En esa oportunidad le hicieron el pedido que, según les prometieron, será estudiado. La amenaza de la demanda sigue latente.
La Asociación de Magistrados de Entre Ríos, como entidad, no hará ninguna presentación en los tribunales para atacar la Ley de Emergencia Solidaria vigente desde el 8 de julio. Esto implica un acto de serenidad si contrapone esta decisión con la solicitada que difundió antes que el proyecto se convierta en norma. En esa oportunidad anunciaron un conflicto en ciernes y que la puesta en vigencia de esa norma “comprometía seriamente la institucionalidad y gobernabilidad de la provincia al exponer al Estado a un nivel de conflictividad indeseado”.
La presidenta de la Asociación, Gabriela López Arango; y el tesorero de la misma, Alejandro Cánepa; mantuvieron una reunión con Gustavo Bordet.
Allí se abordó lo que verdaderamente preocupa a los funcionarios judiciales: la Ley de Enganche. Es decir el procedimiento por el cuál quienes integran el Poder Judicial actualizan sus salarios que estaban atados a una propuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fija el porcentaje y el Poder Ejecutivo homologa.
El Gobernador les informó sobre “la falta de voluntad de su gobierno de avanzar sobre cualquier modificación y/o derogación de la Ley 10.068”. Se lee ahí una promesa de no derogar la Ley de Enganche.
Así como Bordet esbozó su posición sobre el asunto, dejó planteada la falta de previsibilidad de la movilidad salarial durante la emergencia.
El tema, por orden del mandatario, se discutirá en un ámbito para llegar a una reglamentación que compatibilice la Ley de Emergencia Social y las paritarias judiciales. En limpio: eliminar el artículo que suspenda la Ley de Enganche. De esa negociación se encargará la ministra de Gobierno, Rosario Romero.
Sin embargo, la entidad volvió a poner en aprietos al Gobierno. Dejó trascender que en las asambleas realizadas por plataforma Zoom con los asociados está la idea de presentar una demanda de inconstitucionalidad por el artículo 10 si no se avanza con la reglamentación que restituya la Ley de Enganche.
Esta norma fue aprobada en diciembre del 2011, al finalizar la primera gestión de Sergio Urribarri. El objetivo fue equiparar los salarios de los magistrados entrerrianos con los nacionales.
La norma fijó una asignación de carácter remunerativo a los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), al Procurador y al Defensor General por funciones de representación y gobierno del Poder Judicial, consistente en un 15 por ciento aplicable sobre los siguientes conceptos: asignación de la categoría, intangibilidad y antigüedad de las remuneraciones correspondientes a sus respectivos cargos.
El texto determinó además que la bonificación por antigüedad se compute por cada año de servicios, sean servicios prestados dentro o fuera del Poder Judicial, desde la fecha de matriculación en el Colegio de Abogados: de 1 a 9 años, el 2,5 por ciento; de 10 a 19 años, el 3 por ciento; y de 20 años en adelante, el 3,5 por ciento.
La Constitución Provincial dispone que “los funcionarios judiciales letrados percibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, la cual será pagada en época fija y no podrá ser disminuida mientras permaneciesen en sus funciones”. Pero hay una salvedad: los salarios de los magistrados tienen una garantía de intangibilidad, consagrada en la Constitución Nacional, según la cual no podrán ser disminuidos, y eso para asegurar la independencia e imparcialidad de la justicia. Es lo que se discute, por ejemplo, cuando se plantea si los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias.
FUENTE: Página Judicial
