La suba de la alícuota de los trabajadores activos y que sigan aportando quienes acceden a jubilaciones especiales son dos posibles modificaciones que el gobierno de Rogelio Frigerio evalúa para equilibrar las cuentas de la Caja de Jubilaciones, que acumula un déficit de 19 mil millones de pesos. Combinadas con el saneamiento de la administración del organismo y con una eventual respuesta favorable al reclamo presentado ante la Corte Suprema de Justicia, las medidas permitirían sostener tres aspectos innegociables: el mantenimiento del sistema en la órbita provincial, la edad y el 82 por ciento móvil. ANÁLISIS brinda detalles de los planes en carpeta.
Uno de los aspectos que resaltan desde el gobierno quienes trabajan en el diseño de las modificaciones es que no serían necesarios cambios normativos de fondo. Basta con cumplir las leyes vigentes.
Así, desde el organismo que conduce Gastón Bagnat, señalan que la ley que regula las jubilaciones y pensiones establece que la Caja puede financiarse con el aporte sobre el haber de quienes accedan a jubilaciones especiales, hasta tanto cumplan con los requisitos para acceder a la jubilación común.
Este artículo no se está aplicando y abarcaría a 16 mil jubilados (de un total de 64 mil) entre docentes, personal de salud y retirados de la Policía, que acceden al beneficio con mucha menos edad.
Una opción que se baraja es la de aumentar un punto por cada año faltante. Y para quienes estén en condiciones de acceder a una de estas jubilaciones, dejar abierta la posibilidad de seguir trabajando.
Otra fuente de ingresos provendría de aumentar en uno o algunos puntos la alícuota en base a la cual se calculan los aportes de los trabajadores activos.
Los funcionarios mencionan el caso de Córdoba, que descuenta un 20% y paga jubilaciones del 72%. En Entre Ríos, considerado uno de los mejores lugares del país para jubilarse, se aporta el 16% y se cobra el 82%.
Para aplicar este cambio basta con un decreto del gobernador. Así se hizo durante la pandemia, en el gobierno de Gustavo Bordet, cuando se incrementó la alícuota de los sueldos más altos. Como esta medida derivó en un aluvión de presentaciones judiciales, la salida sería aplicar la suba a la totalidad de los aportantes.
Los jubilados del Poder Judicial y del EPRE, por ejemplo, cobran en promedio 2,5 millones de pesos de jubilación. Los siguen los de la Legislatura y del Tribunal de Cuentas, con un haber promedio de 2,2 millones. En el otro extremo están los jubilados municipales, con un promedio de 426 mil pesos.
Ambas medidas, si se implementan, impactarían de manera no demasiado significativa en los haberes de los dos sectores involucrados (jubilaciones especiales y activos), pero sí tendrían una repercusión muy positiva en los números de la Caja.
Desde el punto de vista financiero, la resolución del problema está avanzada. Resta atender el frente político y ya hay conversaciones no tan explícitas con los gremios, pero sí con la coincidencia de todas las partes de que la situación no aguanta más y algo hay que hacer. El sostenimiento de “las tres banderas” (edad, 82 por ciento y caja provincial), como señalan en el gobierno, allana el camino hacia un posible consenso.
Como muestra de voluntad y compromiso de que esta vez sí habrá cambios, desde el organismo exhiben una serie de medidas internas adoptadas para mejorar el desempeño y los números de lo que denominan “un organismo avejentado”.
Entre ellas se destaca el cruce de datos con el Registro Civil para detectar beneficiarios de pensiones que volvieron a contraer matrimonio y continúan cobrando por un cónyuge fallecido, lo cual está prohibido. Incluso avanzan en el recupero de los fondos mal pagados a punto tal de intervenir con reclamos hasta en trámites sucesorios.
La inédita presentación ante la Corte es otra de las cuestiones que resaltan desde el gobierno. El trámite iniciado en abril tuvo un avance: La Procuración General de la Nación se expidió por la competencia del alto cuerpo de manera favorable.
El gobernador será quien fije la “línea de tiempo” para avanzar en las reformas, que podrían implementarse este año. En la gestión apuntan a un “pacto previsional” avalado por todos los actores.
