Se trata de la iniciativa elaborada en base al trabajo de una comisión mixta. Comenzará a utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la materia.
El proyecto de ley que modifica el
índice de movilidad jubilatoria, enviado el viernes por la noche por el
Poder Ejecutivo al Senado, comenzará a ser debatido la semana próxima en
comisiones y llegaría al recinto virtual de la Cámara alta en la segunda semana
de diciembre, para lograr su sanción antes de fin de año, estimaron fuentes
parlamentarias.
El Ejecutivo envió el proyecto que modifica el índice de movilidad jubilatoria,
elaborado en base al trabajo de una comisión mixta, y que comenzará a
utilizarse desde 2021, cuando venza el actual período de emergencia en la
materia.
La iniciativa, cuyo contenido fue anticipado hace 20 días por el Gobierno,
contempla un aumento semestral mediante una fórmula que combina los índices de
evolución de los salarios (50%) y de la recaudación (50%), vigente en el
Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015).
«El objetivo es sancionar esta ley antes de fin de año para que se otorgue el primer aumento por esta fórmula en marzo de 2021, en base a la evolución de los salarios y la recaudación»
MARCELO CASARETTO
El proyecto -de ocho artículos- comenzaría a ser debatido la
semana próxima en comisiones y llegaría al recinto virtual de la Cámara alta en
la segunda semana de diciembre, para permitir que Diputados lo pueda sancionar
antes de fin de año, según estimaron fuentes parlamentarias.
«El objetivo es sancionar esta ley antes de fin de año
para que se otorgue el primer aumento por esta fórmula en marzo de 2021, en
base a la evolución de los salarios y la recaudación», señaló en diálogo
con Télam el presidente de la comisión mixta de Movilidad Previsional, Marcelo
Casaretto (Frente de Todos).
El texto del proyecto fue elaborado en base a la propuesta de
131 páginas elevada por esa comisión, creada a partir de la Ley 27.541 de
Solidaridad Social e integrada por 17 miembros -legisladores del oficialismo y
de la oposición y funcionarios nacionales-, cuyo labor constó de 17 reuniones
en las que se recibieron a 24 expositores.
El texto que acompaña el proyecto
En el mensaje del Poder Ejecutivo al Congreso que acompaña el proyecto, se
señala que «a fin de hacer más justo, equitativo y sostenible el sistema,
se propone modificar la periodicidad de la aplicación del índice de
actualización de las remuneraciones, insumo necesario para el cálculo del haber
inicial de los jubilados y pensionados».
«Debe tenerse en cuenta, que la fórmula de movilidad debe ser leída como
parte del programa macroeconómico para la reconstrucción argentina y no como
una medida aislada de su contexto social, económico y político y que se expresa
en un proceso que tiene como norte no dejar atrás a los sectores más
vulnerables de la población y que precisamente por ello, requiere de una alta
dosis de responsabilidad para no volver a caer en profundas decepciones»,
remarca.
El mensaje está firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Economía, Martín Guzmán y el de
Trabajo, Claudio Moroni.
«A la luz de esos valiosos aportes, creemos haber alcanzado una síntesis
precisa que permite definir una nueva fórmula que, por un lado, recupera lo
mejor de las experiencias ya transitadas y, por el otro, incluye las nuevas
condiciones que nos impone Ia presente coyuntura», sostiene el texto.
Se detalla asimismo que se busca «retomar el criterio que pondera en un
50% salarios y en un 50% Ia recaudación tributaria de Anses, con el objetivo de
recuperar el equilibrio del sistema en función de sus fuentes de
financiamiento».
«La consideración de la Ripte
como único índice salarial y la consideración de valores homogéneos de las
variables involucradas en la fórmula para calcularlas entre dos períodos, de
manera tal de evitar que los resultados sean sensibles a decisiones de política
tributaria o políticas de la seguridad social, así se minimizan efectos no
deseados sobre la movilidad derivados de cambios en la política tributaria, en
la distribución federal de recursos o en las condiciones de acceso a los
beneficios», según destaca el texto.
Además se remarca el hecho de proponer «volver a una actualización
semestral que permitirá acompañar un proceso de desindexación de la
economía» y de «reducir en tres meses el rezago de las principales
variables involucradas».
«En relación con este tema, existe una convicción compartida por todos y
todas las personas participantes de la Comisión acerca de que el rezago –entre
el período a considerar y la fecha de aplicación‒ debe ser el menor posible
para asegurar la inmediatez, entendiendo que un rezago irrazonable daña el
nivel real de la tasa de reemplazo y también generaría focos de
litigiosidad», explicitaron los firmantes del mensaje.
En ese sentido, apuntaron: «Hacemos énfasis en que entre los principales
argumentos por los cuales se retoma la consideración de un índice salarial con
una ponderación del 50% responde a que con ello se refuerza el carácter
sustitutivo de las prestaciones jubilatorias».
«La vinculación entre la evolución de los haberes jubilatorios y los salarios fortalece la concepción de la Seguridad Social como sistema justo y solidario, estrechamente articulado al mundo del trabajo»
Esto
es, se reconoce positivamente la relación que debe existir entre el salario de
un trabajador activo y su futuro haber previsional», agrega y dice que
«se facilita, también, que en los períodos de crecimiento económico los
jubilados y pensionados puedan participar con justa razón de las mejoras
salariales y del crecimiento económico».
Para el Poder Ejecutivo, «el salario, al estar ligada su
actualización a las negociaciones colectivas entre el sector trabajador y el
sector empleador, favorece la cohesión y justicia social enlazando los
intereses de nuestros adultos mayores en situación pasiva con los de la fuerza
laboral activa».
«En suma, la vinculación entre la evolución de los
haberes jubilatorios y los salarios, fortalece la concepción de la Seguridad
Social como sistema justo y solidario, estrechamente articulado al mundo del
trabajo, teniendo en consideración, además, que el sistema previsional obtiene
su financiamiento principalmente de las cotizaciones sociales»,
concluyeron.
FUENTE: Télam