La oposición objeta tres decretos del Ejecutivo, que habilitaron el gasto, y no fueron ratificados por los concejales de la ciudad.
En la última sesión del Concejo Deliberante de San Benito, el 23 de mayo, el cuerpo aprobó por mayoría absoluta dos proyectos que se relacionan al manejo de los fondos públicos municipales por parte del intendente, Exequiel Donda.
Mediante un proyecto de resolución presentado por el edil filo-oficialista Marcelo González se resolvió interpelar al intendente y todo su gabinete, incluido el tesorero municipal
El otro proyecto, de Comunicación, fue presentado por la edila radical Guillermina Xavier y su par justicialista Yanina Morales para reclamarle al intendente Donda la remisión de la Cuenta de Inversión de 2018 y también solicitar al Tribunal de Cuentas de Entre Ríos que realice una auditoría de esa documentación. Pretenden las dos edilas que se informe sobre la legalidad de la ejecución de los fondos públicos correspondientes a tres decretos emitidos por Donda y que se tradujeron en tres expedientes que remitió el intendente al Concejo Deliberante para que los ratifique, y que fueron enviados a comisión.
Lo llamativo del caso es que los referidos proyectos fueron aprobados por la mayoría absoluta conformada por los ediles peronistas Morales, Exequiel Sosa y Daniela Klocker, Xavier, González y el radical Bruno Giménez, además oposición del oficialismo dondista. De acuerdo a lo que se ventiló en la sesión, los ediles opositores consideran que el intendente Donda lleva gastados casi 100 millones de pesos sin la autorización previa del Consejo Deliberante, y además consideran que no se respetaron leyes y ordenanzas que regulan el manejo de fondos, porque sostienen que no delegaron sus facultades en ordenanza alguna a favor del intendente para disponer de los mismos.
El expediente Nº 1.431/19 refiere a un proyecto de ordenanza para que se ratifique un decreto de modificación presupuestaria por 9.685.686 pesos; y el Expediente Nº 1.425/19 está referido a un proyecto de ordenanza para que se ratifique un decreto de modificación presupuestaria por 3 millones de pesos. En estos dos expedientes los ediles opositores sostienen que hubo un incumplimiento documentado de la Ordenanza Nº 585/18 (que es la de presupuesto del año pasado), que en su artículo 10 dispone expresamente que toda modificación presupuestaria y/o compensación de partidas deberá ser autorizada previamente por el Concejo Deliberante.
Otro expediente cuestionado, el de mayor envergadura económica, es el Nº 1.422/19 que autoriza una modificación presupuestaria del ejercicio 2018 por 84.127.063 pesos por saldos sin utilizar de 2017 y que ya fueron ejecutados (gastados) en 2018.
La oposición sostiene que el proyecto de ordenanza de modificación presupuestaria fue remitido al Concejo Deliberante el 6 de mayo, es decir después de haber ejecutado los fondos y posteriormente a la fecha cuyo límite legal de remisión de la cuenta de inversión operó el 30 de abril de este año.
Entienden los concejales opositores que el manejo de los fondos públicos municipales por parte del intendente Donda, y que la ejecución del gasto sin aprobación previa de ordenanza que la autorizara, podría configurar el delito penal de malversación de fondos públicos (por parte del intendente y su gabinete) con la consiguientes responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Igualmente afirman que, en caso de votarse la autorización del gasto ya realizado, claramente fuera de término, podría corresponder también responsabilidad a los ediles que las aprueben, ya que expresamente en el artículo 9 de la Ordenanza Nº 561/17 (de presupuesto 2018) dispone que autoriza al intendente a realizar modificaciones presupuestarias solo para fines de aumento salariales de los empleados municipales, y no para cualquier objetivo.
Llama la atención también de los concejales opositores que la modificación presupuestaria de más de 84 millones de pesos corresponde a aproximadamente el 80% del presupuesto aprobado para todo 2018 (que fue de 103 millones de pesos) y dentro de las partidas de fondos afectados figura la N° 08-27-Plan Vial 2017 por 44.555,749,31 pesos que según la contadora municipal Mirta Lago ya se ejecutó durante 2018.
En se aspecto es que se solicita que el Tribunal de Cuentas audite los números del Ejecutivo municipal, ya que los concejales oficialistas entienden que no se realizaron obras con esos fondos.
MORATORIA
También en la sesión del 23 de mayo el Concejo sanbenitense pasó a comisión un proyecto de ordenanza para implementar una moratoria de tasas municipales presentado por las concejalas Xavier y Morales. Aseguran que la iniciativa busca contrarrestar la decisión del Ejecutivo municipal de mandar ejecutar a más de 300 contribuyentes a mediados de junio de 2018 por falta de pago de tasas.
Mientras la Provincia y otros municipios iniciaron procesos para facilitar el pago de impuestos o tasas atrasadas, en esa ciudad del Departamento Paraná se avanzó judicialmente en el cobro. Se asegura que muchos contribuyentes tienen una deuda mayor por honorarios de abogados que por los tributos impagos. El destino de los honorarios da que hablar en los corrillos del municipio.
FUENTE: Diario Uno
