El Gobierno nacional, para morigerar el impacto de la pandemia de coronavirus en las finanzas provinciales, las familias y las empresas, invirtió más $ 723.461 millones, a través de los distintos programas desplegados desde marzo.
Las transferencias realizadas por el
Gobierno nacional para morigerar el impacto de la pandemia de coronavirus en
las finanzas provinciales, las familias y las empresas ascendieron a $ 723.461
millones, a través de los distintos programas desplegados desde fines de marzo.
Así se desprende de un análisis del Gobierno sobre las
transferencias del Estado nacional a las provincias en el marco de las medidas
de aislamiento realizadas a partir del 20 de marzo, fecha de entrada en vigencia
del decreto 297, y hasta el 2 de noviembre.
El documento que se analizaba esta semana en los despachos
oficiales destacó que el monto de $ 723.461 millones destinado a asistir a los
estados provinciales, las empresas y las familias es equivalente al 40,8% de la
coparticipación.
Por un lado se mencionan las transferencias directas a través
de Asistencias del Tesoro Nacional y el Fondo Fiduciario de Desarrollo
Provincia (FFDP) por $108.073 millones, mientras las indirectas, es decir
aquellos fondos girados a las empresas y las familias, sumaron $ 615.389
millones.
Los préstamos otorgados por el FFDP fueron diseñados para
cubrir las necesidades financieras específicas de cada provincia producto de la
pandemia y las medidas sanitarias para su control.
Entre los fondos que el Gobierno nacional
distribuyó en las empresas y las familias en todo el territorio nacional
figuran los créditos productivos a tasa 24%, los préstamos a tasa 0% para
trabajadores monotributistas y autónomos, y los préstamos a empresas otorgados
en el marco del Programa Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Todos estos créditos cuentan con garantía estatal (Fogar) y,
en algunos casos, subsidio de tasa (Fondep), lo que permitió un aumento
sustancial del crédito productivo, utilizado por las empresas para transitar la
crisis, reforzar el capital de trabajo y reiniciar actividades cuando esto les
fue posible.
Con respecto al salario complementario, que permitió sostener
los del sector privado, el Gobierno destinó $ 204.089 millones, mientras que al
Ingreso Familiar de Emergencia, diseñado para atender los ingresos de las y los
trabajadores del mercado informal, se destinaron $ 258.013 millones.
Desde el 24 de marzo, cuando se publicó el DNU que dio lugar
al Ingreso Familiar, se concretaron tres rondas que alcanzaron hasta 9 millones
de beneficiarios con un monto de $ 10.000, mientras que el 1° de abril se puso
en marcha la primera versión del ATP, que este mes cerró su séptimo ciclo.
Durante el mismo período también se destinaron fondos para reforzar la política alimentaria por $ 4.384 millones, y para otorgar recargas adicionales en las tarjetas, a fin de apoyar a familias con hijos e hijas menores de 6 años, por $ 7.718 millones.
A la vez, los bonos a los jubilados y pensionados, personas con discapacidad y perceptores de la Asignación Universal por Hijo, sumaron $ 43.560 millones.
El miércoles, el gabinete económico ratificó el fortalecimiento de los programas sociales mientras se reduce el paquete de ayuda de la pandemia: en diciembre se duplicará el monto de la Tarjeta Alimentar, que asiste a más de 1,5 millón de familias (unos 2,9 millones de niñas y niños), con una inversión mensual de $ 7.500 millones.
Del mismo modo se fortalecerán durante el último mes del año las transferencias de fondos a municipios y gobernaciones para garantizar la asistencia alimentaria.
En este sentido la AUH sumará 723.000 nuevos niños y niñas que cobrarán el beneficio, entre los cuales 15.000 serán incluidos por la eliminación del tope de 5 hijos/as por familia.
En una segunda etapa se incluirán otros 300.000 chicos y chicas que están aún por afuera del sistema y no figuran en las bases de datos; asimismo, las familias beneficiarias de la AUH cobrarán el plus del 20% en diciembre, lo que demandará más de $ 20 mil millones.
A la par de estas medidas el Ministerio de Desarrollo Social puso en marcha el plan Potenciar Inclusión Joven, destinado a jóvenes de 18 a 29 años, que consiste en una beca de $ 8.500 a quienes presenten un proyecto productivo o social.
El plan Potenciar Trabajo, en tanto, busca reconvertir planes sociales en programas con una contraprestación laboral específica, para casi casi 600 mil beneficiarios.
A todas esas medidas se añade el proyecto de ley enviado al Congreso nacional, relacionado con la asistencia a familias durante los primeros 1.000 días de un bebé (desde el momento de la gestación hasta que haya cumplido los 2 años).
Finalmente, para empresas que desarrollan sus actividades en sectores no críticos y sigan muy afectadas por la pandemia, el Gobierno nacional relanzó el Programa de Recuperación Productiva (Repro), por el cual podrán acceder a una suma fija mensual de $ 9.000 por trabajador.