Hoy alegarán las defensas de los procesados. Para el Ministerio Público Fiscal las pruebas son irrefutables contra los imputados.
Después de un prolongado parate producto del coronavirus se reanudó en la jornada de ayer el jucio oral y público contra nueve hombres acusados de integrar una banda de narcotraficantes de la ciudad de Nogoyá. Esta organización estuvo bajo investigación durante un año y según la Policía compraba cocaína en Paraná y la revendía.
La Fiscalía no solo pidió prisión efectiva para los acusados, sino también el pago de multas. Hoy alegarán las defensas de los procesados en la denominada causa La Chacra.
El fiscal José Candiotti realizó un pormenorizado análisis de las pruebas y detalló qué rol cumplió cada uno de los acusados en la organización que, según el fiscal, lideró el dos veces condenado por narcotráfico Sebastián López. Para López por ser reincidente y organizador el fiscal solicitó ocho años y seis meses de prisión efectiva, más el pago de una multa de 175.000 pesos.
Para los considerados mano derecha de López: Mariano Giménez, el comerciante Mariano Alfaro y Pablo Salcedo, la Fiscalía requirió una condena de seis años y seis meses de cárcel más una multa de 125.000 pesos. Para Marcos Giménez, Washington José Graizzaro y Pablo Balbuena la acusación pidió seis años de encierro.
Las menores penas de cuatro y tres años de cárcel fueron para José Luis Gómez y Juan Legras respectivamente.
La Fiscalía en su alegato consideró como agravantes comunes el fin de lucro, la habitualidad y la persistencia en el tiempo de la comercialización, la especie de la sustancia: cocaína, y que según los estudios de Gendarmería era de alta pureza.
Además, Candiotti sostuvo para fundamentar los años de prisión que los acusados no son personas marginales y eligieron el delito como un modo de vida.
Hoy los abogados defensores de los acusados tendrán la posiblidad de ejercer su descargo y tratar de mejorar la situación de sus clientes.
INVESTIGACIÓN
La investigación que terminó con las nueve detenciones se inició en abril de 2017 y finalizó en mayo de 2018, cuando la Policía ejecutó 15 allanamientos simultáneos.
Según contó la testigo, la comisaria de Toxicología de Nogoyá Vanesa Olivera, la Policía entrerriana detectó una posible comercialización de drogas: “En un primer momento fue contra Sebastián López y Mariano Giménez, fueron un par de semanas de estado de sospecha con trabajos de calle, vigilancias y filmaciones. Se pudo obtener el número telefónico de López y se solicitó la intervención para profundizar la investigación. Nos llevó a otros partícipes en la presunta comercialización de estupefacientes. Fueron surgiendo el hermano de Giménez, Marcos, y Pablo Salcedo”.
“Después –siguió la comisaria en su relato– llegamos a ver dónde López se proveía de estupefaciente. En un principio hablaba con un hombre de Paraná, a quien identificamos como Leandro. Con él coordinaba cuando visitaba a su pareja detenida, y decía que iba a pasar por El Emporio de la Electricidad, propiedad de Roberto Sterz. Hablaba con Leandro U. (yerno de Sterz)”, detalló la funcionaria.
Las entregas se pautaban en diversos lugares con el fin de despistar a los investigadores y no levantar sospechas.
Acerca de los demás acusados, Olivera sostuvo que Graizzaro, Marcos y Mariano Giménez y Balbuena eran vendedores, mientras que Legras y Gómez aportaban sus domicilios donde López y Giménez citaban a los clientes. Alfaro se habría encargado de blanquear plata através de dos agencias de venta de celulares y accesorios que tenía en Nogoyá y Villaguay.
FUENTE: Diario Uno
