Ningún sector le escapa a la crisis ocasionada por el coronavirus. El rubro inmobiliario, no es la excepción. Los actores de economía siguen con atención los acontecimientos y tratan, en la medida de lo posible de ir previendo posibles escenarios. Es el caso, entre muchos otros, de los corredores inmobiliarios.
“Estamos en una etapa de evaluación. Estamos viendo cuál sería la mejor propuesta que nosotros podríamos hacer como sector a la comunidad”, dijo a EL DIARIO, José Armándola, vicepresidente del Colegio Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos.
“En general, los dirigentes entrerrianos y de prácticamente todo el país sabemos que nuestra profesión se basa en lograr acuerdos entre partes, y creemos que la mejor manera es resolverlo caso a caso, porque es lo que nos hace llegar a salidas más equitativas. Nosotros conocemos a las partes porque las hemos acercado, sabemos perfectamente de qué viven, qué hacen, sus ingresos, que pueden pagar y qué no. Realmente, charlando y negociando creemos que se pueden lograr acuerdos razonables y equitativos”.
El análisis tiene que ver los contratos de alquileres y las complicaciones en materia de ingresos que pueden llegar a tener vastos sectores de la población – comercio, industria, asalariados, profesionales- como consecuencia de la crisis sanitaria y la cuarentena dispuesta.
Armándola subraya que “acá no hay parte débil y parte fuerte; acá están todos afectados, el que tiene un salario, un negocio, una profesión. Hay jubilados que viven de un par de alquileres. Acá no hay una parte en mejor posición que otra, todos estamos afectados”, insiste.
En ese marco, cree que “charlando caso por caso, guiado por un profesional, un corredor inmobiliario, se puede arribar a la mejor solución posible”.
Puntualmente con relación a los locales comerciales, Armándola estima que hay algunos que tendrán complicaciones para cumplir con el alquiler y otros que no, dado que “algunos son más fuertes y pueden aguantar un mes o dos, pero es complicado –agrega- para el pequeño comerciante y especialmente, para el que trabaja solo. Hay muchos pequeños comerciantes que prácticamente están trabajando por un sueldo”. Así las cosas, argumenta que “hay que analizar caso por caso”. Acota que “los que tienen gran cantidad de empleados tienen el problema de los salarios que es muchísimo más grande que el alquiler. Habrá que ver cómo nos ponemos todos razonables para atravesar este momento”, señala.
TODO SE DISPARÓ. “Dentro de todo veníamos bien, dentro del contexto general”, responde cuando la pregunta está dirigida a conocer las condiciones en que esta crisis sanitaria toma al sector inmobiliario. Por lo tanto, comenta que “esa razonabilidad a la que estamos apelando es nuestra forma de trabajar. Charlar buscando algún tipo de acuerdo es algo que venimos aplicando desde hace tiempo”. En consecuencia, para el sector nos sería un cambio en la modalidad de trabajo, sino más bien, una “profundización de lo que ya veníamos haciendo”.
Asegura que “nosotros venimos negociando y no teniendo conflicto. Nos estábamos manejando bien, es un mercado que se estaba comportando de una manera muy razonable y esperando todos que mejorara. Ahora, pasó exactamente lo contrario”, lamenta.
El sector está previendo qué va a pasar después del 1° de abril, cuando empieza, en general, el período de diez días en que los inquilinos deben pagar el alquiler. “Ahí se verá quién cobra, a quién le pagan el sueldo, a quién se lo redujeron, y viendo los resultados uno a uno”. Evalúa que habrá a quien no se le modifique la situación, en otros casos, podría haber pago diferido, pagos fraccionados, ejemplifica.
No habrá que perder de vista que el inquilino paga además los servicios, la tasa por barrido, alumbrado y limpieza y el impuesto de ATER en el caso que las partes lo acuerden. De todos modos, lo que explica Armándola es que si el inquilino paga el Impuesto Inmobiliario (ATER), se ve reflejado en el precio del alquiler. “Al precio no lo fija la voluntad de las partes, sino el poder adquisitivo de quien está del otro lado. Hay una buena oferta de alquileres y siempre hay opción el que al inquilino le parezca más razonable”, indica.
REGULACIÓN. “Definitivamente, sí. Yo creo que los resultados van a ser mucho mejor para la sociedad en su conjunto”, contesta Armándola cuando se le pide que precise si considera mejor que el gobierno no emita una norma general que ordene cómo debe proceder el sector.
Imaginando futuros escenarios analiza: “Todas las intervenciones del Estado en los contratos privados han sido siempre nefastos. Los casos son todos muy disímiles. Hay millones de casos, entonces en la negociación se parte de la idea de buscar qué es lo mejor para cada situación particular. Si se corta parejo, se van a cometer muchísimas injusticias”, vaticina.
Más adelante, precisa que “son contratos entre partes y están regulados específicamente en el Código Civil y Comercial, o sea que cualquier tipo de regulación tiene muchísimo margen para ser ilegal”.
En poco tiempo, es muy probable que se adopte a nivel nacional la posición adelantada a EL DIARIO por Armándola, quien integra el triunvirato que conduce el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios –CoFeCI-, junto a Fabián Acerbo de la provincia de Buenos Aires, y Vicky Manzazonni, de la provincia de Córdoba.
Al tiempo que la posición va alcanzando consenso entre los corredores inmobiliarios también se está a la espera de un intercambio –bajo la modalidad que los tiempos permiten- con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, e incluso con el propio Presidente Alberto Fernández, para “plantear los problemas del sector y nuestra visión de cómo debiera abordarse esta situación particular”. En pocas palabras, la idea sería intentar preservar las relaciones contractuales, dentro de un marco de equidad, adaptado a las actuales contingencias, resolviendo las situaciones de manera casuística, es decir caso a caso.
FUENTE: El Diario
