El abogado penalista, docente universitario y ex presidente del Colegio de Abogados Delegación Paraná, Rubén Pagliotto, afirmó que el Procurador General Jorge Amílcar Luciano García “está buscando, afanosamente y desde hace un buen tiempo, que le promuevan un Jury de Enjuiciamiento” · Aseguró que existen en este momento dos causales: la protección a un Fiscal acusado de violencia de género y la Instrucción General que busca evitar que se hagan juicios por jurados en causas de género y abuso.
A través de un texto que difundió
esta tarde y que tituló “La Constitución no se mancha y las leyes se cumplen,
Sr. Procurador”, Pagliotto arremetió contra la figura del jefe de los Fiscales
de Entre Ríos cuestionando su accionar al frente del Ministerio Público Fiscal
(MPF).
“En este momento existen claramente dos causales que darían pábulo a la
promoción de un Jury contra el Procurador”, consignó el letrado.
La primera causal sería “por asegurarle impunidad al fiscal de Nogoyá Federico
Uriburu, denunciado por violencia de género por una colega del foro de aquella
jurisdicción , al
trasladarlo manu militari y a una meteórica velocidad a la UFI de Rosario del
Tala” para evitar “el escarnio” sobre el Fiscal interino “puesto alli por el
dedo acomodaticio del Procurador Garcia” debido a “esta y otras varias
tropelías y heces del joven alguacil (por Uriburu), que le han quitado toda
legitimidad a su permanencia en tan estratégico y sensible lugar”.
La segunda razón seria “alzarse lisa y llanamente a través de la IG
02/2020 FC contra las Constituciones Nacional y Provincial y la ley
10.746 que instituye con carácter obligatorio el juicio por jurados para
ciertos crímenes como lo son el femicidio y otros contra la integridad sexual,
oponiéndose a su realización en el entendimiento propio y soberbio de los
iluminados, que la ciudadania no letrada carece de atributos intelectuales,
como que no están libres de prejuicios y distorsiones ancestrales, para comprender
y juzgar determinados presuntos delitos, como por ejemplo el de Fátima Acevedo
o Julieta Riera”, ambos femicidios en trámite, uno en etapa aún de
investigación y el segundo recientemente elevado a juicio por jurados.
“El Procurador García puede y está en todo su derecho de manifestar una cerril
oposición a los juicios por jurados, algo que está muy claro en su ínfimo
círculo del MPF desde el mismísimo día en que se comenzó a explorar esta
modalidad de juzgamiento, que debo decir, sin ambages, se adapta como ninguna
otra a nuestro diseño constitucional originario, tanto en el orden nacional
como provincial”, mencionó Pagliotto.
“Es claro y prístino que ese ‘disenso’ del Sheriff Mayor (por García), más allá
de que trata de edulcorarlo con patrañas berretas de ningún valor académico ni
factual, está dentro de la dinámica propia e inherente a la democracia y
por lógica consecuencia, al debate libre de ideas y posturas propias de un
estado constitucional de derecho” agregó.
Sin embargo, distinguió: “Pero otra cosa muy distinta y que adquiere gravedad
institucional inusitada y no podemos callar ni hacernos los distraídos, como el
90% de nuestra clase política, es el deletéreo nivel de desacato y conspiración
contra las mandas constitucionales y la ley 10.746, que ha emprendido con
un descaro inadmisible, elistista, falaz y repugnante el jefe de les fiscales
entrerrianos, garante primario de la legalidad, por imperio constitucional”.
“García y sus fiscales consorciados (no todes, por cierto y afortunadamente)
están incitando a alzarse contra la vigencia de una norma positiva y vigente
que, mal que le pese al depositario de todos los conocimientos de la especie
humana, como él mismo se considera, mas una circunstancial clake que lo venera
fanáticamente, debe cumplir acabadamente”, disparó.
“Como ya le he dicho y hoy reitero: si no le gustan ciertas leyes que libere su
cargo de fiscal, maxime que ya tiene edad para acogerse al beneficio
jubilatorio, y se dedique abierta y lealmente a la actividad política, a la que
desde hace algunos años ‘le ha entrado’, con indisimulables desaciertos y falta
de oficio”, abundó.
“Les fiscales, Dr. Garcia, no están para oponerse a ninguna ley ni manda
constitucional. Muy otras son sus funciones, las que por otra parte muches
deberían cumplir con mayor eficiencia y dedicación. Es lamentable que, salvo el
ex Senador Raymundo Kisser, con quien compartimos un
artículo sobre el tema, nadie haya dicho ‘esta boca es mía, afirmó.
“Pareciera que esta ley 10.746-aprobada por unanimidad en sendas Cámaras, de la
que nos sentimos auténticamente orgullosos- hubiese entrado en vigencia por
generación espontánea o fuera el capricho de algunos letrados juradistas,
extraviados por árcanos andariveles de legislaciones extrajeras, allende
los mares”, sentenció.
“Las evidencias mayores de ambas causales de remoción por Jury de
Enjuiciamiento, que constituyen claros e inexcusables desórdenes de conducta,
están a la vista de propios y extraños. Al
menos, para no exhibirnos como tan despreocupados, deberíamos advertir al
titular de la Procuración de que está pasando la raya y que todo tiene un
límite. Al menos que no diga que no se lo advirtieron y a tiempo”,
concluyó.
