El Gobierno nacional anunció esta semana el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) de un total de 105 que hay en todo el país. Se trata de una poda del 77% a estos espacios multidisciplinarios de atención legal y social gratuita, que están en barrios vulnerables o zonas rurales donde no hay casi presencia del Estado.
El mes pasado, elDiarioAR anticipó sobre el desmantelamiento de estos espacios y los más de 400 despidos en varias provincias. Ahora, el Ministerio de Justicia de la Nación confirmó que cerrará el 77% de los espacios con el argumento de que “brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”.
En el comunicado titulado “Se cierra otra caja de la política”, la cartera dirigida por Mariano Cúneo Libarona sostuvo que los CAJs “costaban a los argentinos más de 8 mil millones de pesos por año, algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más”. Sin embargo, son lugares que abordan temas de seguridad social, familia, trabajo y documentación, entre otros, y que están en contacto con poblaciones de bajos recursos y dificultad para el acceso a derechos. “En el interior de las provincias, muchas veces no hay ninguna otra presencia del Estado. Nosotros hemos realizado operativos itinerantes en pueblos a los que nunca había llegado algún tipo de organismo del Estado nacional”, explicó Sergio Job, abogado y coordinador Región Centro.
Las trabajadoras y los trabajadores indicaron que de las 108 oficinas que había en el país, solo 10 pagan alquiler, el resto están insertas en instituciones de la sociedad civil o en espacios conveniados con municipalidades o provincias. Además, se trata de precios de inmuebles que no son caros porque están en zonas poco requeridas por el mercado inmobiliario. Además, Job advirtió que con esta decisión se recarga el sistema judicial porque varias demandas de primera instancia eran receptadas por los CAJs. “Nosotros hacíamos muchas mediaciones comunitarias, lo cual permitía no sobrecargar o sobre judicializar las situaciones sociales que se viven cotidianamente en cada uno de los barrios. Es una política baratísima y el impacto social que tiene como contracara, es muy grande y es muy positivo. Incluso desde el punto de vista de la eficiencia es absurdo el argumento. Acá se está invirtiendo muy poco para la cantidad de soluciones que trae”, agregó Job.
Estos centros resuelven no solo cuestiones judiciales sino también de seguridad social, acceso a la salud o situaciones de violencia de género, entre otras temáticas específicas de cada región del país. “Garantizamos que nadie se quede afuera del sistema”, dijo Jennifer Carrera, Coordinadora Regional de la Patagonia. Abordan situaciones relacionadas, por ejemplo, al derecho laboral, intervienen con municipios para casos de personas que necesitan ayuda económica, articulan con ANSES, PAMI o intermediate en conflictos con turnos o de tratamientos que las obras sociales no quieren cubrir.
“Realizamos operativos de atención a parajes rurales, a ciudades donde la densidad poblacional es menor y en la que los habitantes no pueden pagar un pasaje porque acá, en la Patagonia, son más caros. Esta es una región que tiene cuestiones climáticas complejas por viento, lluvia o nieve por lo cual implica que el servicio de internet funcione bastante mal dependiendo del día. No todo el mundo tiene acceso a una computadora y hay familias que quizás no la saben usar, entonces no se resuelve el acceso a la justicia con el reemplazo por las nuevas tecnologías”, describió Carrera.
En el Noreste, por ejemplo, hay otras problemáticas. “El NOA tiene núcleos urbanos que, según la última medición del Indec, son los más empobrecidos, junto al NEA. Es decir son lugares que exigen una presencia fuerte. Específicamente, y en función de las estadísticas, las consultas que más se atienden en los centros son aquellas relativas al derecho de familia, al acceso a la documentación personal y al sistema de seguridad social, prioritario para un país con 50% de pobreza. En lo cualitativo los centros llevan adelante un trabajo de asesoramiento y acompañamiento legal y psicosocial que no lo hace ningún juzgado ni defensoría ni fiscalía”, sostuvo Ezequiel Álvarez, coordinador de la región NOA, que además es abogado especializado en Políticas Públicas para la Igualdad de CLACSO.
Desde el Ministerio de Justicia indicaron que la demanda están garantizadas por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos por lo que “es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados, y más recursos dedicados a la misma función”.
Sin embargo, en los hechos sucede que hay situaciones que no son receptadas o que las personas no saben cómo acceder, se trata de poblaciones integradas por personas que quizás no saben leer o escribir. “Es una mirada restringida y falsa de la realidad que vive el pueblo. Por ejemplo, ¿cómo se resuelve la jubilación de una persona de 60 años que no tiene DNI? ¿Quién le garantiza que se pueda jubilar a esta altura de su vida? Hoy mismo atendí a una mujer que hace 11 años que está reclamando la cuota alimentaria de su hijo, 11 años”, apuntó Job.
“Hay una confusión notable entre acceso a la jurisdicción y acceso a la justicia. No es la misma función, no es la misma naturaleza, no son asimilables. Es absurdo pensar que esas personas recurren a una defensoría o fiscalía y judicializan. Primero porque hay un canal más eficiente: nosotros. Segundo porque las defensorías y fiscalías no hacen eso o no dan abasto, es más, son una de las grandes derivadoras a los centros de acceso, ya sea para el asesoramiento legal o para el acompañamiento psicosocial”, indicó Álvarez.
Por su parte, Carrera explicó que muchas veces son los CAJ los que hacen el puente con Defensorías y Fiscalías. “Somos quienes derivamos los casos que llegan a territorio porque de otra manera no llegarían porque nadie se acercaría y la gente quizás no está asesorada o no sabe cómo denunciar o afrontar esa situación en la que está”, afirmó.
