La Justicia Federal de Entre Ríos reactivó una investigación para determinar si allí fueron arrojados detenidos-desaparecidos entre 1976 y 1978.
Por Juan Bracco para infobae.com
La Justicia Federal de Entre Ríos reactivó una investigación que comenzó hace 17 años para determinar si una zona de 300 kilómetros cuadrados del delta entrerriano, en la unión de los ríos Paraná y Uruguay, fue destino de vuelos de la muerte que partieron de la ESMA o Campo de Mayo para arrojar detenidos desaparecidos.
Diciembre de 1979. El presidente de facto Jorge Rafael Videla contestaba a José Ignacio López la pregunta más difícil de la conferencia de prensa: “Mientras sea un desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita. Es un desaparecido. No tiene entidad. No está ni muerto ni vivo”.
Jorge, un agente de la Policía de Entre Ríos conoció años después la respuesta a esa disyuntiva. Se lo contó una novia. Le dijo que su padre y su tío, durante la dictadura, cerca de Villa Paranacito en el extremo sur de Entre Ríos casi al borde de Buenos Aires, habían encontrado un tacho de 200 litros con un cuerpo adentro. Le habían dado “cristiana sepultura” (un par de oraciones y una improvisada cruz de madera que las inundaciones habituales terminaron arrastrando) cerca de la escuela, hoy abandonada.
Se inicia la búsqueda
“Empezaron a aparecer testimonios que mencionaban no solo tachos, sino también vuelos, lanzamientos de bultos y apariciones de cuerpos que, con prudencia, fueron centenares”, contó Magnotta a Infobae. Los movimientos fueron registrados en la zona donde el Paraná en camino a su encuentro con el Uruguay para forjar el río de la Plata, se abre en abanico y da origen a muchos cursos de agua: Paraná Bravo; Gutiérrez; Sauce; Brazo Chico; Ceibo y el arroyo Pereyra.
Aquí se combinan varios factores. Un potente curso de agua con una profundidad de unos 30 metros, esteros y ciénagas donde lo que se apoya se hunde en el suelo fofo y no flota más y montes impenetrables de ceibos, sauces, pinos, sarandíes, curupíes, espinillos, arbustos, juncos, espadañas y pajonales que crecen libremente y sobre los cuales se extiende una red de enredaderas que trenzan hasta los yuyales blandos que pueden alcanzar los dos metros de altura.
Este verdadero “Triángulo de las Bermudas” de verde vegetación era para el Gobierno militar “un lugar próximo y distante. Cercano para ir por aire. Lejano para que no se conociera lo que ocurría. Era el lugar perfecto”, definió Magnotta.
El área se encuentra apenas a un centenar de kilómetros de los principales campos de concentración de la dictadura, la ESMA y Campo de Mayo. Las aeronaves militares podían cubrir esa distancia en no más de 15 ó 20 minutos.
Además, la Junta Militar contaba allí con el terror sembrado en una población de carácter taciturno, chúcaro; con la complicidad de las fuerzas de seguridad local; el aislamiento geográfico ya que sólo se podía acceder navegando y la incomunicación lógica de una época donde la radio de FM era un lujo que sólo se conocía en Capital Federal.
Algunos de los cuerpos que escaparon al laberinto natural del delta fueron inhumados en el cementerio de Villa Paranacito. En esos años, el poblado no era un municipio y por lo tanto no se llevaron registros oficiales de los entierros. Además, muchos de los expedientes judiciales abiertos por casos de NN enterrados fueron expurgados hacia fines de los ’80 y principios de los ’90. Esto es porque la legislación entrerriana ordena que los archivos sólo tienen que mantenerse durante 10 años.
Jorge no podía vivir con esa imagen. La conciencia lo atormentaba día y noche. Y entonces contó todo. Primero al Juez de Instrucción de Gualeguaychú, Eduardo García Jurado. Y luego a su amigo el periodista Fabián Magnotta quien años más tarde publicaría un libro. Ambos comenzaron a averiguar si esto era un caso aislado o había más hechos similares. Era 2004 y el clima judicial para las causas sobre delitos de lesa humanidad comenzaba a cambiar.
En primera persona
La novia de Jorge, el policía, negó sus dichos ante la Justicia y la causa entró en un cono de sombras. Pero los testimonios siguieron apareciendo.
En diciembre de 2010, Norberto Nicolás Motyczak, un jornalero que se dedica a cortar juncos, fue llamado por la Justicia para declarar por la muerte de un hombre que había aparecido ahogado. El juez García Jurado quería saber del baqueano si un cuerpo podía ser recuperado de las aguas varios días después de su desaparición. Entonces le preguntó a Motycazak si había visto cadáveres recuperados con anterioridad.
– Sí –respondió el jornalero– En la época de los militares, entre 1976 y 1978, en un desaguadero que va al río Sauce se encontraron cuatro cuerpos enganchados en la costa.
Ante la sorpresa del juez y de los funcionarios judiciales, agregó que había escuchado que los habían lanzado de helicópteros. También añadió que un vecino fue a denunciar el hallazgo en el puesto de Prefectura de Guazú Guazucito, dependiente de la Zona Delta de Tigre. Pero lo echaron. Y le recomendaron: “Callate la boca. No tenés que preguntar si no son familiares tuyos”. Amenazas similares recibieron otros testigos que aportaron sus vivencias.
El testimonio fue extraído y juntado con la causa precedente y enviada en 2011 al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Dos años después apareció publicada el libro de Magnotta (El lugar perfecto. Dictadura: vuelos de la muerte y desaparecidos en el delta entrerriano 1976-1980), que también se agregó, pero la investigación quedó dormida por casi una década.
A foja cero
“El expediente está avanzando lo que no avanzó durante 10 años”, describió la abogada Lucía Tejera, representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa. La razón de este giro fue “la llegada a la Fiscalía Federal de Josefina Minatta, quien ha hecho progresar no solo este caso, sino también los demás de lesa humanidad. Hay otro compromiso y dinámica de trabajo”, detalló la letrada. El juez a cargo es Pablo Seró.
El abordaje de esta causa se hace de dos maneras, relató. En primer lugar, la recepción de testimonios de lugareños, para lo cual la campaña pública que impulsa la Municipalidad de Gualeguaychú resulta fundamental, y en segundo término un análisis de documental que se ha ido juntando, sobre todo actas de defunción de NN de la zona y la época anotadas en el Registro Civil.
Tejera se quejó ante Infobae del “excesivo formalismo” de la Justicia entrerriana que destruyó los expedientes al cumplir una década y recordó que archivos similares sirvieron para identificar a muchos desaparecidos de la provincia de Buenos Aires. “Es una pena que no hayan pensado que un archivo de NN, en un país donde hubo 30 mil detenidos – desaparecidos podrían servir y no lo han resguardado”, consignó.
Para constatar entierros clandestinos cuentan también con aportes de lugareños. “Tenemos por ejemplo el testimonio del sepulturero del cementerio de Villa Paranacito que declaró en sede judicial que hay entre seis y siete personas NEN inhumadas allí”, agregó.
“Ni el juez, ni la fiscal ni yo tenemos dudas de que el delta entrerriano fue escenario de los vuelos de la muerte de la dictadura. Lo que estamos buscando son restos que nos permitan una identificación. Si fueran de una persona que estuvo secuestrado en algún centro clandestino de detención, se pensará en responsabilidades”, es decir imputaciones concretas, precisó.
Al respecto, comentó: “Los vuelos no se pergeñaron en Villa Paranacito. Por eso si aparece un funcionario de la Policía provincial o de Prefectura que haya intervenido en hallazgos de cadáveres, hoy no pensamos en imputarlos como responsables. Los buscamos como testigos para poder encontrar los cuerpos”.
También relató que hay un trabajo coordinado con otras causas de lesa humanidad para conocer, por ejemplo, las rutinas de vuelo de la ESMA y Campo de Mayo a fin de relacionarlas con los avistamientos de aeronaves en el delta.
“Estamos buscando una lógica que nos permita probar, más allá de los testimonios, la existencia de los vuelos ¿De dónde venían las víctimas? No lo sabremos hasta que los encontremos. A prima facie podemos decir que serían del sistema concentracional de Capital y zona norte Gran Buenos Aires. Es que no tenemos datos de que haya habido vuelos de la muerte que hayan partido del II Cuerpo del Ejército ubicado en Entre Ríos”, concluyó.
“Vamos construyendo verdad y memoria. Ahora llegó la Justicia también. Estamos buscando una aguja en un pajar y han pasado casi 40 años”, remató Magnotta.
