Fue durante la marcha realizada este miércoles por productores citrícolas autoconvocados del Departamento Federación. Desde el Colegio de la Abogacía aseguraron que los profesionales locales sufrieron “agresiones físicas, agravios verbales, pedradas y actitudes patoteriles”.
“La sociedad argentina ha proscripto la violencia, nadie puede ejercer justicia por mano propia. Como ciudadanos debemos respetar el orden republicano y es el Poder Judicial el ámbito donde se reconocen los derechos de acuerdo a la Constitución y a las leyes”, indicaron a través de un comunicado enviado a esta Agencia desde el Colegio de la Abogacía de la provincia.
Es que según indicaron, profesionales de la localidad de Chajarí sufrieron este miércoles “agresiones físicas, agravios verbales, pedradas y actitudes patoteriles en sus propios estudios y también ante la sede de la sección Chajarí del CAER”, por parte de un grupo de productores citrícolas hicieron llegar su expresa solidaridad a los afectados, a los dirigentes y representantes de la abogacía de Chajarí y de Federación y a sus familias por la agresión sufrida.
Tras manifestar su enérgico rechazo a lo ocurrido hoy, el CAER aseguró que “la descalificación a la abogacía y al sistema judicial ha sido moneda corriente cada vez que es necesario contener dentro de los marcos constitucionales y legales los desbordes o las ilicitudes de ciertos grupos sociales”.
En esa línea, también repudiaron “las expresiones ofensivas y agresivas vertidas por manifestantes con las frases ´juicios laborales inventados´ o ´industria del juicio´, utilizadas con liviandad como latiguillos y slogans en la convocatoria” y reiteraron que “son los jueces los que deciden los reclamos donde se discuten derechos”.
“No entender esto, nos llevará a la desintegración institucional y a la anomia social”, sentenciaron.
Por otra parte, se mostraron sorprendidos ante la presencia en la marcha “de personas pertenecientes al campo democrático, apoyando y sosteniendo las agresiones, coacciones, bravuconadas y amenazas”.
“Llamamos a la reflexión a esa dirigencia y los convocamos a colaborar al mantenimiento de la paz social y la institucionalidad republicana en este complejo momento económico y social que todos atravesamos”, indicaron.
Tras lo ocurrido, advirtieron que “es deber irrenunciable de las autoridades públicas prevenir y castigar estas actitudes que derivan en delitos”, y exhortaron a las autoridades competentes “a extremar los medios y profundizar la investigación sin dilaciones, para brindar la debida seguridad e identificar rápida y eficazmente a los responsables, a los fines de que estos hechos no queden impunes”.
“Los que crean que el miedo, la violencia y la intimidación nos ha de paralizar silenciándonos, deben saber que, una vez más en nuestra historia, la abogacía dará el ejemplo de coraje cívico siguiendo con nuestra trabajo profesional, con el Derecho como instrumento de la razón, de la paz social y de la libertad, en defensa de las garantías y los derechos establecidos por la Constitución Nacional”, finalizaron.
