De a poco, el engranaje privatizador de rutas del gobierno de Javier Milei se pone en marcha. Y de esos primeros rodajes, algo se puede ver de lo que viene en el mundo de las rutas, los peajes y las autopistas. De orejear las cartas aparece un dato: en promedio, cada vehículo que cruza la barrera debería pagar en concepto de peaje alrededor de US$2 por cada 100 kilómetros que recorre. El número, que es aproximadamente el doble de lo que se cobra ahora, dejó disconformes a todos. Para los usuarios, es más costo; para los interesados en la concesión, que tienen que hacer las inversiones, es insuficiente.
El epicentro se vivió hoy en Gualeguaychú. Tapada por un escándalo local que se dio con la elección de la reina del carnaval -eligieron a una y luego le avisaron que se equivocaron y coronaron a otra-, la ciudad fue la sede de una audiencia pública en la que se debatió la privatización de la concesión de la denominada “ruta del Mercosur”, un tramo que empieza en el complejo Zárate – Brazo Largo, que se extiende por las rutas nacionales 12, 14; 135 y 117 y que es vital para el comercio exterior de la Argentina.
Las audiencias, que con el tiempo se han tornado en una suerte de requisito formal no vinculante, no debaten sobre cuestiones técnicas. Pero, al menos, permiten divisar las posturas de todos. Esta vez, el nudo del asunto, estuvo en algunas cuestiones que tienen que ver con el valor del peaje.
Sucede que el representante del Gobierno no dio detalles concretos, que deberían estar en los pliegos, pero sí se lo consultó. Alguien puso sobre la mesa un valor que los conocedores del asunto toman como valor promedio que se utiliza en el mundo. Se trata del famoso precio de entre US$3 y US$3,50 de peaje por cada 100 kilómetros de la traza.
Siempre sin ser valores concretos, sino aproximaciones, el representante oficial argumentó que el precio con el que se hacen los cálculos no es ese, sino de unos US$2 por esa distancia.
La fórmula una vez más, en caso de que se confirme, dejó disconformes a todos. Por un lado, para los usuarios representa, prácticamente, duplicar la tarifa actual. La voz de los representantes de las fundaciones o asociaciones civiles se levantó inmediatamente.
Del otro lado, donde estaban muchos de los interesados en presentarse a la licitación, la postura fue exactamente la contraria. Sucede que ese número no termina de abastecer las condiciones de operabilidad de una ruta nacional que tiene semejante deterioro en su infraestructura. De acuerdo a los pliegos preliminares que sí se publicaron, las obras, no solo de mantención, sino, sobre todo, de expansión y mejoras, quedaron a cargo del concesionario. Es decir que, para la inversión sólo se cuenta con el peaje. Riesgo empresario al más puro nivel.
Esos esquemas de concesiones tan cercanos al que se puso en marcha en los 90 -con las privatizaciones- la administración de Carlos Menem, han estado marcados por el fracaso de la expansión de la red y siempre tuvieron como problema principal las crisis económicas. Los contratos se hacen en épocas donde un tipo de cambio remunera la operación y la mantención, pero los cambios en las cotizaciones tornan inviable la ecuación económica poco tiempo después.
Semejante debilidad de la economía a largo plazo tiene otra consecuencia: es imposible conseguir financiamiento para una empresa que tiene su negocio en mercados regulados. Sin peaje que remunere la inversión y sin posibilidad de créditos, pues lo que sucede es lo que la Argentina conoce de memoria: cobrar peaje, cortar el pasto y mantener la traza actual.
Fuente: con información de La Nación
