La iniciativa presentada días atrás por la diputada Mariana Farfán en la Cámara de Diputados propone que se declare opinión favorable a la solicitud al Poder Ejecutivo Provincial de que arbitre las medidas y gestiones para que el agente financiero provincial suministre la instalación de nuevos cajeros automáticos, fijos o móviles, en cada barrio o zona de las ciudades de la provincia donde presta servicios.
Ello con fundamento “en la cláusula tercera, punto 3.4, del Contrato de Agente Financiero suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., aprobado mediante Ley 9645 del 15 de septiembre de 2005, y prorrogado mediante decreto 455/2015 de fecha 11/03/2015”. Y con el propósito de “asegurar el derecho a la salud, garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores y usuarios, resguardar el derecho de las personas adultas mayores, discapacitadas, mujeres embarazadas y demás personas en situación de vulnerabilidad, todos ellos previstos y amparados constitucionalmente y por los tratados internacionales con jerarquía constitucional, así como también preservar el debido cumplimiento de la normativa de emergencia dictada por el gobierno nacional”.
En tal sentido, se contempla la “coordinación con la planificación y el ordenamiento territorial que cada municipio diseñe”.
Asimismo, el proyecto solicita la incorporación “al próximo ‘Modelo de Contrato de Agente Financiero’ a celebrarse con el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, la exigencia de disponer nuevos cajeros en barrios y zonas que permitan asegurar los derechos referidos precedentemente, como así también la obligación de sumar terminales móviles en casos de dictado de emergencias, para lograr las respuestas oportunas que necesite la comunidad en tales contingencias”.
FUNDAMENTOS
Dentro de los fundamentos del proyecto de declaración se menciona que: “como consecuencia de una bancarización en crecimiento exponencial, cada vez mayor cantidad de personas deben recurrir al servicio de un cajero automático, que se ha constituido desde ya hace un largo tiempo en un servicio tecnológico de uso indispensable, y un sustituto de la tradicional ventanilla bancaria caracterizada por su condicionamiento horario y por las largas esperas (que incluso en muchas entidades bancarias se realizan de pie por falta de asientos disponibles), para el acceso a una atención personalizada”.
También se indica que “los cajeros automáticos, a pesar de haber descentralizado y despersonalizado la atención bancaria, en su mayoría se encuentran dentro de propias entidades bancarias. A su vez, éstas se encuentran usualmente en el micro centro de las ciudades. Este diseño produce reducción de costos para estas entidades, pero conlleva visibles complicaciones para las y los usuarios”.
“Que, en determinadas fechas y ciertas circunstancias, se producen extensas filas de espera frente a los cajeros automáticos. Esto tiene como consecuencia que usuarios/as y consumidores/as deban padecer situaciones derivadas del tiempo estacional o de otras eventualidades o emergencias. Además, se agrava aún más cuando se trata de personas adultas mayores, con discapacidad, embarazadas, u otras personas que puedan estar en situaciones de vulnerabilidad”, se apunta en el texto.
En este sentido, se hace referencia a que “estas contingencias y padecimientos quedaron definitivamente expuestas durante la presente pandemia producida por el COVID-19, y por la implementación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, donde se hicieron públicas las extensas filas de personas frente a los cajeros, los cuales eran mayoritariamente personas adultas mayores. Justamente este último grupo compone uno de los de mayor riesgo ante la pandemia”.
Asimismo, se menciona el derecho a la salud, de los consumidores y usuarios, de adultos mayores, de mujeres embarazadas y de personas con discapacidad, los cuales tienen jerarquía constitucional nacional y provincial.
