Es una histórica construcción ubicada en la esquina de Italia y Paraguay, en medianera con la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad que hacía uso de esas instalaciones desde la década del 60. Fue vendido a un particular por una congregación religiosa y Puiggari denunció usurpación.
La Justicia provincial decidió ayer desestimar la denuncia presentada por el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, contra Jorge Claudio Sapetti por el supuesto delito de usurpación del inmueble ubicado en calle Italia 396, de la capital entrerriana, en cercanías de la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad y donde funcionó el exasilo San Antonio.
Se trata de un inmueble de 525,25 m2 que se encuentra en la esquina de Italia y Paraguay con una superficie cubierta de 742 m2 y semicubierta de 128 m2 que, según la escritura del 23 de abril de 2021 firmada entre la asociación civil Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, como vendedores, y Jorge Sapetti, como comprador, fue adquirido por este último por un valor de 22 millones de pesos.
El conflicto se dio entre dos instituciones religiosas católicas por la posesión y uso del inmueble: por un lado, el Arzobispado de Paraná, que a través de la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad hace uso desde la década del 60 del amplio local donde tienen actividades instituciones como Cáritas o la Liga de Madres de Familia. Por el otro, una orden religiosa femenina, las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad, que eran las propietarias del lugar y decidieron venderlo a un particular.
“En fecha 14 de julio del corriente año, se comunica por parte de la Superiora General de la Congregación religiosa que se había concretado la venta del inmueble a un particular quien tomó posesión, sin previo aviso, el 6 de agosto mientras la Comunidad celebraba la Santa Misa”, aseveró el Arzobispado local en un comunicado.
En ese mismo texto, se señalaba que el inmueble “edificado en el siglo XIX por el arquitecto Arnaldi, que fuera propiedad del Apostolado de la Oración, luego donado a dos religiosas de la Congregación Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad el 2 de abril de 1921 y que posteriormente pasara a propiedad de la Congregación referida, constituye un bien eclesiástico destinado a los fines propios y específicos de la Iglesia Católica”. Se afirmó también que la Parroquia de la Piedad hizo “uso parcial del inmueble desde que el templo fuera donado al Arzobispado de Paraná, a partir del 27 de febrero de 1965”. Y que se “vienen realizando gestiones desde hace mucho tiempo para adquirir dicho predio que resulta fundamental para el desarrollo de las actividades pastorales, caritativas y sociales”.
Asimismo, desde la institución eclesiástica se denunció que “se ha producido el despojo del inmueble y su mobiliario afectando la vida y actividad pastoral (Cáritas, Liga de Madres, Un Cielo Nuevo, Grupo Magníficat, Catequesis de niños y adultos, Infancia Misionera, Pastoral de la salud, etc.)”.
FALLO
En cambio, en la resolución judicial se sostiene que “la congregación (Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad) le otorgó un permiso a la feligresía para el uso de las instalaciones destinado a catequesis de niños y adolescentes”. Y que “con posterioridad la Liga de Madres de Familia se instala en el predio a fines de desarrollar actividades y que, seguía ocupándolo hasta que se produjeron los hechos que denuncia”.
Pero luego, en fecha 14 de julio del corriente año, la Hermana Marta Evangelina Quipildor, superiora general del Instituto Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad da a conocer mediante nota al Arzobispo de Paraná, la venta del inmueble al Sr. Jorge Claudio Sapetti. Después se produce la presentación del Arzobispado ante la Justicia denunciando la usurpación y mencionó “violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad”.
Sin embargo, la Justicia concluyó que “por medio de las diligencias practicadas en la presente investigación no ha podido ser acreditado que el ingreso o mantenimiento de Sapetti haya ocurrido a través alguno de las formas o medios comisivos establecidos por la ley para la figura en cuestión. Por otro lado, obra dentro de la documentación aportada por el Sr. Sapetti, autorización firmada por la Madre Superiora de la congregación, Marta Quipildor -fechada el 17 de julio del corriente- autorizando el ingreso a la propiedad al adquirente (por lo que no podría en el caso hablarse de usurpación cuando el comprador hace ingreso autorizado por el vendedor)”. También que “no hay elementos que acrediten tales conductas” y que “en caso de que el denunciante considere tener un legítimo título para oponerse a dicha contratación, deberá articularlo en el fuero respectivo, es decir, el fuero civil o en su defecto hacer la presentación que corresponda ante las autoridades eclesiásticas”.
En otro párrafo de la resolución judicial se señala que “surge de manera evidente que el hecho anoticiado resulta penalmente atípico, consistiendo en un conflicto que tiene cauce natural de resolución por ante el fuero respectivo -civil y comercial o en su defecto como ya mencionara, en el eclesiástico- , ámbitos que de manera nítida desplazan en el presente caso al derecho penal, dado su carácter subsidiario propio de su naturaleza de última ratio”.
“Va contra toda vida evangélica”
El padre Mario Haller, de la Parroquia Nuestra Señora de la Piedad, fue quien comunicó en una misa a los fieles los pormenores del conflicto que se desató en relación al inmueble.
“Durante cuatro gestiones episcopales y ocho parroquiales se ha intentado llegar a un diálogo pacífico para encontrar una solución, con las hermanas de la congregación Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad que tuvieron durante muchos años el Asilo San Antonio. Ahora queda una sola hermana, la hermana Carmen. No puedo entrar en los detalles, pero desde hace cinco años me he ocupado de modo intensivo de la situación, para intentar una resolución”, dijo el sacerdote.
Cuando Haller brindó la homilía, la transacción comercial ya se había realizado un año atrás. “La Parroquia queda sin las dependencias para uso pastoral. Luchábamos para que permanezca dentro de la Iglesia, al menos una parte. Porque la parroquia queda desprovista de espacios pastorales”.
El cura no ocultó su sorpresa por lo sucedido: “Este extraño, por no usar otro adjetivo, procedimiento de la congregación, con la cual ha sido imposible dialogar y lo digo en primera persona. Lo más doloroso es que han vendido hace un año y en consecuencia todos los reclamos que hemos hecho era pura ficción. Es lamentable que sucedan estas cosas dentro de la Iglesia, es inconcebible que no se pueda dialogar entre una congregación religiosa y un arzobispado. Va contra toda vida evangélica. El dolor más grande que tengo no son los bienes, sino que esos bienes son el fruto de las generaciones que nos precedieron y que pusieron el lomo para hacer obras de caridad y apostolado y ahora con tan extraño procedimiento se vende. No es el camino ni humano ni cristiano”.
FUENTE: El Diario
