El Ministerio Público Fiscal avanza en la investigación por la sustracción de fondos públicos a través de la simulación de entregas de créditos para emprendedores. Las pericias pueden arrojar datos contundentes sobre el destino de la plata.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) logró un respaldo en la investigación por el supuesto fraude multimillonario al programa “Jóvenes Emprendedores”, obteniendo por segunda vez el aval judicial para levantar el secreto bancario y fiscal de los acusados, así como para peritar sus teléfonos. Estas medidas son fundamentales para esclarecer el destino de más de 250 millones de pesos extraídos ilícitamente de las arcas públicas mediante la aprobación de 900 créditos ficticios.
El juez Juan Malvasio, del Tribunal de Juicio y Apelaciones, desestimó los planteos de las defensas, argumentando que no se ha demostrado la vulneración de derechos constitucionales. Esta resolución respalda lo dispuesto previamente por el juez Eduardo Ruhl, aunque aún queda abierta la instancia de Casación para las defensas.
En la audiencia donde Malvasio dio su resolución estuvieron Sofía Patat, en representación de fiscalía y Luciano Legascue, que representa a Claudio Rosas Vico.
Para el fiscal Gonzalo Badano, estas medidas son esenciales para rastrear los fondos y establecer responsabilidades. Entre los principales acusados figura Pedro Gebhart, exfuncionario clave del programa durante la gestión de Bordet, quien lideraba la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Desarrollo Social de Entre Ríos. Además, se investigan irregularidades cometidas por otros funcionarios y colaboradores vinculados al programa en el período 2018-2022.
La fiscalía sostiene que los créditos se otorgaban con datos de personas ajenas, y una vez aprobados, los fondos se transferían a cuentas bancarias para su retiro y distribución ilícita entre funcionarios y terceros. Ante estas acusaciones, las defensas intentan limitar el alcance de las medidas, argumentando que la investigación está en sus etapas iniciales y cuestionando la validez de las entrevistas informales realizadas por la fiscalía.
No obstante, la postura de la fiscalía es clara: las pruebas obtenidas, incluyendo el cruce de comunicaciones telefónicas, serán determinantes para desentrañar la red de responsabilidades y dar claridad sobre el destino del dinero malversado. Este caso pone de relieve la lucha contra la corrupción y la determinación del MPF de recuperar lo sustraído al Estado.
Los roles
Las causas Jóvenes Emprendedores y Contratos Legislativos tienen puntas que se chocan, como por ejemplo la utilización del aparato estatal para captar personas vulnerables, en algunos casos, para sustraer plata del Estado.
Los más comprometidos son el escribano Gebhart, Cristian Klein, Director de Evaluación y Seguimiento de Proyecto; Tomás Osorio, Director de Políticas de Apoyo Emprendedor, y Claudio Rosas Vico, Director General de Desarrollo Económico Emprendedor. Si bien todavía ninguno de los presuntos cabecillas de esta red delictiva fue imputado formalmente, habría uno de los imputados que podría buscar una salida alternativa en su momento.
En segundas líneas aparecen: Alejandro Usatinsky, Lusila Magallanes, Matías Balbuena, Aranzazú Acosta, Paula Yonas, Pablo Frutos. Estos sujetos, según el MPF, se encargaban de contactar a diferentes personas a fin de obtener sus datos y tramitar las solicitudes de créditos ficticios.
En la causa hay firmas falsas, facturas apócrifas y otras irregularidades que se han detectado.
Todos los implicados como Usatinsky fueron señalados por personas que se entrevistaron con los fiscales y contaron cómo los contactaron, qué les pidieron y otros detalles.
