No irán al juicio. Cumplirán tareas comunitarias y entre todos pagarán casi 20 millones de pesos. El desfalco al Estado en total se estima en 53 millones de dólares y hay otros 20 imputados.
La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, recibió y aceptó los acuerdos celebrados entre abogados defensores y los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Los imputados que accedieron a la suspensión del juicio a prueba y la probation son: Renato Jesús Mansilla, Nicolás Beber, Verónica Caíno, Fernando Gastón Sarnaglia, Ángel Rubén Ferreyra, María Victoria Alvarez y María Macarena Alvarez y Andrea Noemí Beatriz Demartin.
Según supo AHORA, cada implicado cumplirá durante tres años normas de conducta y abonará cada mes el 10% de su sueldo a modo de reparación económica. El sueldo que se tomará como referencia es el que percibían durante los años del desfalco, actualizado. El monto del resarcimiento es distinto en cada caso, ya que no todos los implicados cobran lo mismo. Además deberán realizar tareas comunitarias durante 96 horas a lo largo de los tres años.
Había tres imputados más previstos en el acuerdo de suspensión de juicio, Jorge Pablo Balladares, María Jazmín Mena Gioveni y Viviana Gisele Mena Gioveni, pero no asistieron a la audiencia de este martes. Están domiciliados en la provincia de Buenos Aires: Balladares vive en Tandil y las Geoveni en Trenque Lauquen. En tanto, Beatriz Demartin se sumó a último momento al acuerdo.
Cuánto pagará cada uno
El acuerdo diseñado entre los abogados defensores de los ocho imputados y los fiscales incluye, en cada caso, el pago de:
– Renato Mansilla: $5 millones
– Nicolás Beber: $4 millones
– Verónica Caino: $5 millones
– Fernando Sarnaglia: $1.800.000
– Rubén Ferreyra: $1.096.000
– Victoria Álvarez: $750.000
– Macarena Álvarez: $590.000
– Beatriz Demartin: $850.000
Cabe aclarar que la probation no supone ni implica la aceptación de culpa de parte de los imputados. No es un juicio abreviado. En este caso el juicio se suspende y el acusado ofrece a cambio una compensación económica y el cumplimiento de tareas comunitarias y pautas de conducta.
De la lista de 32 imputados en la megacausa Contratos, el pelotón de beneficiados con la probation fueron clave en la captación de prestanombres, tarea que estaba encabezada por los contratistas Flavia Beckman y Hugo Mena. Ambos operaban bajo las órdenes de otros implicados con mayor poder dentro de la organización.
Otro que no irá a juicio es el contador público Gustavo Falco, que será sobreseído porque los fiscales consideran que no participó activamente en la estructura criminal. Este pedido de sobreseimiento se presentará el próximo martes 22 cuando se realice la primera audiencia de la remisión a juicio.
El fraude: 53 millones de dólares sustraídos
Entre 2008 y 2018, un total de 32 acusados participaron en el desvío de fondos públicos mediante contratos simulados en la Legislatura. La cifra sustraída asciende a 53 millones de dólares, un monto que fue canalizado en inversiones inmobiliarias y actividades agrícolas-ganaderas.
De ese grupo, diez acusados evitarán el juicio formal mediante el beneficio de la suspensión del juicio a prueba. Habría dos personas que están discutiendo abreviados, pero la diferencia estaría en que fiscalía quiere prisión efectiva y las defensa una pena condicional.
Según la fiscalía, los beneficiados por la probation ejecutaban las directivas de los líderes del esquema, realizando tareas de reclutamiento, cobro de cheques y administración de dinero. Su función era comparable a la de abejas forrajeras, recolectando recursos para el funcionamiento del entramado delictivo.
El esquema de fraude se organizó en torno a un círculo familiar estrecho. Beckman y Mena asignaron roles clave a sus hijos, parejas y otros parientes directos: María Victoria Álvarez y su pareja Esteban Scialocomo; María Macarena Álvarez y Alejandro Ferreyra; Jazmín Mena Gioveni, Viviana Gisele Mena Gioveni y Jorge Pablo Balladares; y Fernando Sarnaglia y Andrea Demartín.
El estudio contable Integral Asesoría, ubicado en calle Misiones al 400 de Paraná, fue el epicentro de la maniobra fraudulenta. Allí se gestionaban los contratos falsos, se imprimían facturas y se pagaban impuestos utilizando una terminal de Entre Ríos Servicios.
Los fiscales señalan que los contadores Pedro Opromolla, Guido Krapp y Roberto Ariel Faure desempeñaron un rol crucial en el esquema, facilitando la facturación y el pago de tributos para simular legalidad en los contratos.
Además, Renato Jesús Mansilla y Nicolás Beber, ambos vinculados al estudio, participaron en la operativa financiera del fraude, corredor inmobiliario y analista de sistemas, respectivamente. Verónica Caíno, pareja del contador Gustavo Pérez, exadministrador de la cámara de Senadores y principal acusado, es otra de las que accedieron a probation.
La omisión de controles por parte del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos permitió que la maniobra se extendiera por una década sin ser detectada.
Según la fiscalía, los fondos desviados se estiman en 52.927.878,50 dólares.
El resto de los imputados
Los imputados en la causa que no firmaron la probation de este martes ni estaba previsto que lo hagan son: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; y José Javier Schneider.
Fuente: con información de ahora
