El viernes 17 de marzo se abrió ante escribano público la caja fuerte ubicada en el dormitorio de quien fuera en vida María Celia Munilla. Allí se encontró un papel impreso, con un fuerte descargo contra su hijo Rufino Pablo Baggio, escrito en computadora y con una firma manuscrita en birome negra.
A la batalla que libran los hermanos Aníbal, Juan Alejandro y Rufino Pablo Baggio en el ámbito judicial -con denuncias que incluyen acusaciones de lavado de dinero, evasión, competencia desleal, pago de sobreprecios y la presunta estafa de siete millones de dólares- se le suma el último capítulo que cuenta con la firma de la matriarca del imperio Baggio: una grave denuncia contra el hijo apodado “Pino” – y actual director de la empresa RPB SA desde diciembre pasado- como el autor del robo de acciones al portador de una empresa familiar radicada en la República Oriental del Uruguay como así también la suma de 20 millones de dólares de una caja en el Banco Santader, sucursal Miami-Florida, a la que solo habrían tenido acceso tres personas: Rufino (padre, fallecido en 2006), María Celia Munilla (madre, fallecida en 2022) y Rufino Pablo Baggio (hijo), entre otras graves acusaciones mencionadas en la carta impresa y guardada en idénticos sobres de papel madera por duplicado.
La carta
“Mi hijo Rufino Pablo Baggio ha dispuesto de una importante suma de dinero cercana a los veinte millones de dólares estadunidenses que era de mi exclusiva propiedad y que poseía en el banco Santander Banca Privada Sucursal Miami, Estado Unidos, siendo ahorros familiares de muchos años, negándose a restituírmela al poco tiempo del fallecimiento de mi esposo Rufino Baggio”, comienza la misiva, publicada en el portal de Radio 2820.
“Cuando intenté acceder a la cuenta advertí que la misma había sido vaciada por mi hijo Rufino Pablo Baggio y él se la quedó. También se quedó indebidamente con las acciones al portador de la sociedad Jugos del Uruguay que le pertenecen a la sucesión de mi esposo Rufino Pablo Baggio. Me presionó además a que le firme un convenio para administrarme el usufructo sobre las acciones que poseo en RPB SA, en BAPLAST SRL, en JUPLAST SA y en CITRUS MOCORETA SA por el cual se quedó con sumas abultadas hasta que finalmente pude revocar ese acuerdo que debí firmar por amenazas y presiones que me hizo”, acusa la nota.
“No descarto que el robo sufrido por la firma RPB SA en diciembre de 2019 por la suma de casi 7 millones de dólares haya sido cometido con su participación o conocimiento. Dejo constancia de todo esto por si me pasa algo para que sea presentado donde corresponda”, concluye la carta con fecha del 3 de abril de 2021. María Celia (84 años) falleció un año y un día después, el 4 de abril de 2022, desatando una nueva ola de acciones y maniobras por parte de los hermanos, ahora vinculada a la sucesión de la madre.
Fue el Juzgado Civil y Comercial N° 3 a cargo del Dr. Javier Mudrovici quien dispuso la apertura de la caja fuerte, en marco del proceso sucesorio de los padres –Rufino y Celia-. Con presencia de un escribano público y de la representación de las partes interesadas, se dio lectura a la nota firmada por “Biyu” –según le decían sus allegados-, se dio constancia del hallazgo de una copia, y se reservó todo bajo la custodia del juzgado de Mudrovici. A 10 cuadras de ahí, la Justicia Federal investiga algunos de los presuntos delitos mencionados en la polémica carta.
En cuanto al expediente que tramita en la Justicia Provincial, fuentes judiciales revelaron a Radio 2820 que “Aníbal Baggio habría ingresado a la causa un papel escrito de puño y letra de su madre en el que señala ´puntos a resolver´ coincidentes a lo mencionado en la carta
mecanografiada. Entre esas cuestiones, la madre habla de resolver el traspaso de titularidad de dos propiedades a un familiar (Estancia San Luis y un campo en Victoria), el paradero de las acciones de la empresa radicada en Uruguay y el dinero que señala como faltante de la caja en Miami”.
La jugosa herencia de la familia Baggio
Dentro del cúmulo de bienes y propiedades que integran la sucesión millonaria, se encuentra la joya más codiciada: la empresa RPB SA, que además de ser líder del mercado de jugos abarca rubros como la elaboración de lácteos, vinos y aceites. Rufino Baggio y su esposa decidieron dividir el total del paquete accionario entre sus cuatro hijos: Juan Alejandro, Aníbal, Rufino Pablo y Celia, aunque el acuerdo establecido entre los padres garantizaba el control de los derechos políticos en manos de quien sobreviviera al otro. En este caso, de “Biyu”.
Esos porcentajes no tuvieron efectos concretos hasta la muerte de su madre, quien mientras estuvo viva conservó el 60 por ciento del usufructo y los derechos políticos de las acciones.
Pero, “Pino” le compró la parte a su hermana y se convirtió en el socio mayoritario de la empresa, desobedeciendo ambos –quien vendió y quien compró esa porción accionaria que se convirtió en la ventaja de “Pino” por sobre el resto de los herederos- la voluntad de sus padres que, según allegados a la familia, instaban para que los cuatro hijos tuvieran participación en la empresa.
Celia (hija) no quiso ser de la partida, “Pino” aprovechó el hastío de su hermana frente a la disputa familiar, y concretó el negocio. “Biyu” murió convencida que esa irreverencia de “Pino” era suficiente para respaldar el reclamo de sus otros hijos varones. Fue ella quien designó a Aníbal como presidente de la compañía y avaló la decisión de mantener a “Pino” apartado del directorio, contextualizó Radio 2820.
Fuentes vinculadas a Juan Alejandro y Aníbal Baggio sostienen que “la compra de las acciones de Celia, la única heredera mujer de la fortuna y el capital de la familia Baggio, habría sido posible gracias al dinero que habría sustraído de esa caja del banco Santander, sucursal Miami”, en los términos denunciados por la matriarca. La acusación es, para no desentonar con el resto de la novela familiar, gravísima. Y señalan con suspicacia: “Otra vez esa entidad bancaria aparece involucrada –al menos mencionada- en una operatoria de Rufino Pablo, quien tendría prendadas sus acciones en la empresa mediante un crédito solicitado al mismo banco –haciendo extensiva la sospecha a su hijo Juan Pablo Baggio, quien habría desempeñado funciones en ese banco- además de los procesamientos a empleados de Santander en el marco de la causa federal por presunto lavado de activos, estafa y evasión impositiva, la cual fue parcialmente elevada a juicio por el titular del Juzgado Federal de Gualeguaychú, Dr. Hernán Viri”, a quien los abogados patrocinantes de Pino Baggio quisieron recusar en noviembre pasado sin obtener un resultado favorable por parte de la Cámara Penal Federal.
Las causas federales
La primera denuncia fue radicada a comienzos de 2020. En ella Juan Alejandro fue el principal denunciado por su hermano “Pino”, por los delitos de “estafa, lavado de activos, evasión agravada tributaria e infracción al régimen penal cambiario”.
La acusación sostenía que, en su rol de presidente del directorio de la compañía, el hermano mayor demoró más de un mes en advertir sobre las transferencias sospechosas de dinero aun cuando -según la defensa de “Pino”- había sido notificado vía mail por la empleada que hizo las operaciones y que habría sido víctima de una estafa digital bajo la modalidad de phishing.
La Justicia Federal consideró que “no existió conducta alguna con relevancia penal que pueda reprochársele a Juan Alejandro Baggio” y decidió sobreseerlo.
En noviembre de 2021, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicada por Infobae reveló que en 2018 la viuda del fundador de Baggio se convirtió en beneficiaria final de LSH Global una sociedad inscripta en las Islas Vírgenes Británicas.
En diálogo con el portal Radio 2820, Ignacio Pérez Núñez -abogado patrocinante de Rufino Pablo (hijo)- explicó que la primera causa parte de la denuncia realizada a comienzos de 2020 por “el desvío de siete millones de dólares al exterior. Han sido procesados directivos que integran las segundas líneas de la conducción de RPB SA y algunos empleados del Banco Santander que fue la entidad que intervino en las operaciones, y funcionarios del Banco Central de la República Argentina aún están siendo investigados”. Vale la pena aclarar que la causa fue elevada parcialmente a juicio (para evitar la prescripción), y que, debido a las apelaciones formuladas por las partes acusadas, aún no hay definición sobre la continuidad del proceso.
Fuentes judiciales informaron oportunamente que “la Cámara Federal de Paraná confirmó los autos de procesamiento que el juez Viri dictó por los hechos de la causa madre: defraudación a la empresa (con una pena en expectativa de hasta 6 años de prisión por estafa, tratándose de alrededor de 8 transferencias al exterior consumadas y la número 9 en grado de tentativa). Queda pendiente la evasión tributaria, el lavado de dinero y delitos por infracción a la ley penal cambiaria”.
En septiembre pasado, Pérez Núñez explicó que “hay una segunda causa -radicada en enero del año pasado- tan importante en la suma de dinero como la primera. En este caso se investiga la compra con sobreprecios de envases de tetra brik fuera del país: alguien dentro de la firma ha decidido comprar esos envases con un 40 por ciento de sobreprecio en dólares en Brasil, tratándose de productos homogéneos con aquellos que pueden adquirirse más baratos en nuestro país en la empresa que se encarga de producirlos”. Cabe destacar que cuando se radicó dicha denuncia, Pino Baggio no se encontraba al frente del directorio, situación que cambió a fines del 2022, aunque el nuevo directorio se encuentra impugnado ante la Justicia ordinaria.
“Lo que se investiga –en esta segunda causa- es si ese dinero por sobreprecios es fugado hacia un fideicomiso que figura dentro de la nómina de los Panamá Papers en las Islas Vírgenes Británicas a nombre de Juan Alejandro Baggio. Todo esto es materia de investigación en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Hernán Viri”, aclaró.
En el marco de esta segunda causa, el martes pasado personal de Gendarmería Nacional allanó las oficinas de RPB SA para solicitar documentación vinculada a la investigación en curso.
Fuente: analisisdigital
