La jueza de Garantías Marina Barbagelata fijó para el martes 22 de abril de 2025 a las 9 el inicio de la remisión a juicio de la denominada causa Contratos en la Legislatura. Se extenderá hasta septiembre. Hay 32 implicados.
Uno de los saqueos más grandes de la historia que sufrió el Estado entrerriano comienza a transitar su recta final. Si bien recién en 2026 llegará a juicio oral, la jueza de Garantías Marina Barbagelata fijó para el martes 22 de abril de 2025 a las 9 el inicio de la remisión a juicio de la denominada causa Contratos en la Legislatura. La discusión se extenderá hasta el jueves 11 de septiembre. Las audiencias serán de lunes a jueves por el término de cuatro meses, informó la Oficina de Gestión de Audiencias.
Según se informó a AHORA, en representación de los 32 imputados habrá más de una decena de abogados que tratarán de demostrar la inocencia de sus representados, que están acusados de participar en el desvío de 52.927.878,50 dólares, lo que actualizado a mayo de 2021 (cotización dólar oficial BNA 93,75 pesos al 28 de mayo de 2021 nos informa de un total de 4.961.988.609 pesos.
La causa se inició de casualidad en septiembre de 2018 cuando un agente policial observó que personas realizaban movimientos extraños en el interior de un cajero automático del banco Bersa de calle Gualeguaychú en Paraná. La intervención del uniformado destapó una forma de sustracción sistematizada de plata a través de contrataciones a personas que no realizaban ninguna contraprestación.
Los fiscales pudieron determinar la existencia de una banda delictiva, integrada por empleados de la Legislatura y personas aparentemente ajenas al sistema político, organizados para extraer dinero de las arcas públicas.
La Investigación Penal Preparatoria (IPP) que llevaron adelante los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry concluyó en 2021, después de una pericia contable que determinó un desfalco millonario a las arcas del Estado provincial. Ese dinero salió desde la Legislatura entre 2008 y 2018, con anuencia de los sectores políticos gobernantes y connivencia de los dirigentes.
El 1 de junio de 2021, los fiscales decidieron cerrar la Investigación Penal Preparatoria y pedir su elevación a juicio oral. Pero los abogados defensores hicieron un planteo de competencia. Aseguraron que la causa debía resolverse en la Justicia Electoral porque el dinero desviado fue para financiar la política.
El juez federal Daniel Alonso les dio la razón y lograron que la discusión pase a la Justicia Electoral primero, después a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), posteriormente a la Justicia Electoral y de vuelta a la CSJN, en un trámite meramente dilatorio. La causa volvió a Barbagelata y ahora va rumbo al juicio.
Los 32
Las personas que va a ser juzgadas son 32. Estas son: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez; Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.
Uno de los apellidos más cercanos al exgobernador Gustavo Bordet es el de Juan Domingo Orabona, más conocido como Palito. Es más para el Ministerio Público Fiscal esta forma de “ordeñar” al estado comenzó con la llegada del amigo de Bordet a Paraná.
En la Cámara de Senadores las maniobras de sustracción, a través de la suscripción masiva de contratos de obra, se iniciaron en enero de 2008, mientras que la Cámara de Diputados se incorporó a esta mecánica sustractiva el 11 de diciembre de 2011.
Pedidos de condena que hará fiscalía
Para el exadministrador del Senado, Gustavo Pérez, los fiscales piden 18 años de prisión.
Para Juan Domingo Orabona, 7 años de cárcel.
Para Jorge Fabián Lázzaro, 5 años.
En el caso del exadministrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, fiscalía pide 12 años de prisión.
Para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, 16 años.
Para el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, 10 años.
Para Alfredo Bilbao, 12 años de prisión.
Para Roberto Ariel Faure, 9 años.
Para Hugo Mena, 10 años.
Flavia Beckman, esposa de Mensa, 7 años y 6 meses.
Para Esteban Scialocomo, 7 años.
Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni, Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra y Jorge Pablo Balladares, 3 años de prisión.
Para Pedro Eduardo Opromolla, 6años de prisión.
Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años.
Nicolás Beber, 3 años.
Hernán Javier Díaz, 3 años.
Maximiliano Degani, 3 años.
Marta Aurora Pérez, 3 años.
Mariano Speroni, 2 años.
Diego Pagnoni, 2 años.
Jorge Enriqu De Breuil, 6 años.
Javier Schneider, 3 años y 6 meses.
Detalles
Hace un tiempo la revista Análisis realizó una detallada descripción de los principales implicados en la causa.
Gustavo Pérez: Es empleado de planta del Senado. Era uno de los de mayor responsabilidad en el desvío de fondos, porque era el jefe de la administración y hombre de confianza de Adán Bahl, quien cuando se conoció el caso le pidió la renuncia al cargo. Pérez tramitó la afectación al bloque del PJ lo que lo exceptúa de registrar asistencia. Su sueldo ronda los 5 millones de pesos.
Juan Domingo Orabona. Su último cargo fue en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), como vocal. Sigue estando allí porque no le terminaron de aceptar su renuncia al cargo. Logró la jubilación en la caja previsional entrerriana a principios de este año.
Pedro Opromolla. Sigue trabajando en la Cámara de Diputados. Cumple con su tarea diariamente en la administración del cuerpo.
Sergio Cardoso. Es empleado del archivo de la Cámara de Diputados y concurre a diario a trabajar. Marca asistencia en el reloj.
Juan Pablo Aguilera. Tiene una empresa constructora que se llama Tecno Steel, en sociedad con Emiliano Giacopuzzi (condenado en el mega juicio). Es de planta del Senado, pero consiguió la afectación al bloque del PJ y no concurre a trabajar. No cumple con su labor desde septiembre de 2018, pero sigue cobrando puntualmente. Percibe cerca de 5 millones de pesos mensuales por no trabajar.
Alejandro Almada. Es empleado de la Legislatura, pero no concurre a trabajar. Cobra 1,5 millones de pesos mensuales. Vive en Misiones.
Alfredo Bilbao. Es otro hombre clave en lo que fue la estructura de cobros y pagos de sobornos a las autoridades políticas de los períodos de Sergio Urribarri y en especial el que se extendió entre 2011 y 2015. Incluso, siguió en ese rol determinante entre 2015 y 2018. Era el que le llevaba el dinero recaudado a Aguilera y también a Urribarri. Estuvo en Brasil, con permiso de la justicia, entre el 27 de septiembre del año pasado y el 15 de marzo de este año. Algunos conocedores de sus movimientos indican que estaría pensando en irse a vivir al vecino país e incluso proyectando un complejo turístico junto a su mujer, quien hoy es jubilada del Tribunal de Cuentas. También tiene dos viviendas de importantes dimensiones para alquilar en Puerto Alvear, departamento Diamante.
Fuente: ahoraentrerios
