El titular de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, detalló medidas y correcciones implementadas durante la gestión para reducir el déficit previsional. “Cada auditoría da años de vida para defender el 82% móvil”, sentenció el funcionario provincial.
El titular de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat, detalló medidas y correcciones implementadas durante la gestión para reducir el déficit previsional. “Cada auditoría da años de vida para defender el 82% móvil”, sentenció el funcionario provincial al brindar una conferencia de prensa junto al gobernador Rogelio Frigerio.
“Una de las líneas de trabajo es lo operativo vinculado a la capacidad del organismo de procesar y jubilar a quienes trabajaron a destajo para aumentar los niveles de producción durante el último año; otra es la auditoría de cada uno de los 65 mil beneficios que se pagan todos los meses para asegurarnos que corresponde pagarlos; y el reclamo ante la Corte Suprema por la deuda Anses para elevar el monto mensual a nueve mil millones de pesos”.
En la oportunidad, Bagnat reveló que, durante auditorías a lo largo de todo el año pasado y este primer trimestre, cuyos resultados fueron elevados al Tribunal de Cuentas, “todos los meses se detectan cientos de casos de incompatibilidades y beneficios que, por algún motivo legal u otro tienen que dejar de ser pagados o suspenderse y reclamar ese dinero”. “Eran mecanismos que antes no estaban institucionalizados y hoy tienen un área específica de auditoría y control que genera los protocolos que garantizan que mensualmente pueda detectarse la mayor cantidad de casos posibles y actuar en consecuencia”, explicó.
En lo vinculado al control de los aportes, el titular de la Caja mencionó que “que cada uno de los 120 mil activos, entre empleados municipales, provinciales y de instituciones privadas, aporte lo que corresponde: conciliar las declaraciones juradas de los empleadores, que coincidan los montos y que después esos montos efectivamente ingresen a las cuentas de la Caja”.
En la oportunidad, dio cuenta una reunión con los actores del Banco BERSA y un convenio con ENERSA, para incorporación de los trabajadores de ambos organismos al sistema previsional entrerriano “para lograr que dos mil millones de pesos que ingresaran producto de los aportes de esos trabajadores activos ayuden a bajar ese déficit de la Caja”.
“Se presentará un proyecto de ley a través del cual se traspasan los empleados de ENERSA y BERSA al sistema provincial y se habilita a la Provincia a hacer las gestiones ante Nación para que esto ocurra”, explicó; al tiempo que aclaró: “Nación debe aceptar la desafiliación de la empresa como contribución patronal y de los empleados como aporte personal para que Provincia pueda afiliar y cobrarles”.
“Son activos con un horizonte previsional de más de 15 años en su mayoría, lo cual es sumamente beneficioso para la Provincia, que hoy no recibe ningún aporte, como para los empleados que tendrán mejores condiciones el día de mañana”, valoró Bagnat.
Auditorías
“Cada mes de auditoría da años de vida para defender el 82% móvil”, sentenció el presidente de la Caja al destacar que, en los últimos meses, se intensificaron esos cruces de datos.
Y en ese sentido, repasó: “Hace un año publicamos los recuperos vinculados al cruce de datos con organismos de control en los que se detectan informaciones que, según nuestra ley, corresponda o no pagar ese beneficio”.
“17 municipios no están adheridos a la Caja provincial porque tienen sistemas cerrados a través de Cajas municipales y muchos empleados aportan a estas, pero esa información no está disponible en el sistema, con lo cual, si algún jubilado percibía un sueldo municipal y aportaba a la Caja municipal, ese organismo no tenía forma cruzar datos para suspender ese beneficio”, ejemplificó.
De acuerdo a lo que comunicó Bagnat, se hicieron convenios y se invitó a todos esos municipios a compartir la información. “Se detectaron cientos de casos de incompatibilidad con la ley 8732, a través de los que se suspende el pago de la jubilación, se calcula la deuda de cuantos meses estuvo cobrando y percibiendo en incompatibilidad, se le notifica y esa persona, para poder volver a cobrar su beneficio, tiene que dejar la situación irregular en el otro trabajo en el que está aportando y luego acordar un plan de pago que está legalmente estipulado en la Caja para devolver el dinero que percibió porque no correspondía”, explicó.
Mencionó, además, que se auditan las pensiones para suspender el beneficio ante cambios de estado civil y se gestiona el cobro de deudas a municipios que tenían atrasos en sus aportes.
“En cinco meses consecutivos logramos una baja de más del 40% del déficit”, sentenció Bagnat.
«Defender el sistema especial docente»
Y entre otras correcciones de la Caja, ponderó la incorporación de activos a los escalafones en los que hay jubilados y ningún aportante; además de la resolución Nº 2168, que tomó protagonismo porque afectó a los docentes. “Son medidas que apuntan a defender el sistema especial docente porque alguien que tiene un trabajo cuya actividad principal no es la docencia, pero hace docencia, se puede jubilar si tiene los requisitos de 25 años frente al alumno, pero el otro sueldo –si trabaja en la Justicia o en Enersa- a ese sueldo lo puede incorporar recién después de la edad jubilatoria ordinaria”, clarificó.
“La reglamentación implica que no se ven afectados aquellos docentes que tienen ingresos del sistema docente, que son 100% puros; pero si aquel que tiene años de docencia y se quiere jubilar con la edad de docente, lo puede hacer, pero cobrará lo de docente hasta que corresponda que puede cobrar lo otro”, ahondó al respecto.
“Estas medidas son pequeñas correcciones que nos llevarán a un escenario en el que la Caja podrá controlar el gasto como corresponde”, fundamentó Bagnat.
“Las correcciones tienden a defender el 82% móvil y las edades jubilatorias necesitan reforzarse impidiendo una serie de atajos que terminan perjudicando al sistema jubilatorio”, cerró.
