Se dispuso el arresto domiciliario, pero ante la falta de tobilleras, serán encarcelados. El fiscal detalló las pruebas que ubicaron a los acusados en el atraco y apuntó a un autor intelectual.
El Juez de Garantías Nº 3, Ricardo Bonazzola, presidió este viernes la audiencia de medidas de coerción contra Mario Godoy, Luciano Cuatrín y Jesús Lemos, acusados por el violento asalto al hijo del dueño del corralón Almafuerte, Pablo Ferreyra.
“No fue un asalto al boleo, sino que fue planificado con la autoría intelectual de otras personas que están en investigación”, argumentó el magistrado al disponer la prisión preventiva para Cuatrin y Godoy bajo la modalidad de arresto domiciliario con colocación de dispositivo de monitoreo electrónico, por 45 días desde este viernes.
Pero ante la falta de tobilleras electrónicas por parte del Servicio Penitenciario, serán alojados en la Unidad Penal de Paraná, donde ya se encuentra Lemos debido a que le fue revocada la libertad condicional de la que gozaba por otro delito.
El fiscal Juan Manuel Pereyra había solicitado la prisión preventiva para Cuatrín y Godoy por 90 días. Argumentó su pedido en base al “peligro de fuga” dado que, según explicó, podrían llegar a ser condenados a una pena de cumplimiento efectivo: “la más alta que prevé el Código Penal”.
En la oportunidad, el fiscal aclaró que Lemos no se encontraba presente en la audiencia dada una notificación de la jueza de Instrucción de Penas quien informó que “a Lemos se le suspendió la libertad condicional de la que gozaba en virtud de había sido condenado por el delito de Homicidio, robo calificado por el uso de arma de fuego y aún no había completado la pena, la cual se cumplía en 2024”. Ante la suspensión de la libertad condicional, resultó abstracta la solitud de prisión preventiva para Lemos.
Al dar cuenta que a los tres se los co-imputó por el delito de “Homicidio agravado por criminis causae en grado de tentativa”, el fiscal detalló que “el 16 de julio, aproximadamente a las 10 de la mañana, Cuatrín, Lemos y Godoy arribaron a metros del corralón Almafuerte, ubicado sobre avenida José Hernández 2678, a bordo de un automóvil Citroën Sedan blanco con vidrios polarizados (KWT043) y munidos con armas de fuego, dos de ellos abordaron a Pablo Ferreyra en momento en que descendía de su vehículo Audi A5 luego de que este se estacione en el lugar. Tras forcejear con la víctima, uno de estos le sustrajo su mochila en la que llevaba dinero por una cantidad no precisada efectuándole dos disparos, uno en el hombro y otro en el abdomen. Después se dieron a la fuga raudamente en dirección a Circunvalación”.
Al argumentar la acusación, el fiscal refirió que “llegaron armados para abordar a Ferreyra, le sustraen el dinero que llevaba en su mochila y ante la resistencia de la víctima le efectuaron dos disparos de arma de fuego”. “Los imputados llegaron al lugar del hecho con las armas cargadas para utilizarlas en caso que surgiera algún obstáculo para cometer el ilícito”, remarcó.
Las pruebas que comprometen a los acusados
“De los registros de las cámaras de seguridad, de lo relatado por la víctima, su hermano y un empleado del corralón, que desde el patio pudo visualizar a secuencia de los hechos”, el fiscal detalló las pruebas que comprometen a los acusados.
“El hermano de la víctima observó el auto en el que se conducían los imputados, un Citroën C4 blanco polarizado, declaración que coincide con la del empleado del corralón”, indicó.
Sostuvo, además que la faltante de la bagueta en el auto con el que perpetraron el hecho fue el dato que llevó al personal de la División de Robos y Hurtos a analizar los registros de las cámaras de seguridad para localizarlo. “Hasta que se logró determinar la coincidencia del vehículo, el que se halló en calles 3 de Febrero y Mategazza, en la vivienda de Cuatrín”, reveló. Mencionó también que en el baúl encontraron una gorra, una bufanda y un barbijo, los cuales fueron coincidentes con las prendas que -por las características físicas que dan cuenta las imágenes- habría llevado Cuatrín.
Asimismo, destacó que el auto era de Cuatrín, dado que las huellas eran compatibles con las halladas en el lugar del violento asalto. “Pasadas las 10.20, una cámara de Acceso Norte, visualiza al Citroën C4 regresando del lugar del hecho, y a los pocos minutos, en calles Ambrossetti y 3 de Febrero, próximo a la casa de Cuatrín”, agregó el fiscal.
Si bien al momento de la imputación, Lemos y Cuatrin no prestaron declaración, Godoy refirió en su declaración, además de negar los hechos y desvincularse de los otros dos acusados, dijo que “estaba durmiendo” al momento en el que habrían ocurrido los hechos. “Godoy es el suegro de Cuatrín y vive a escasos metros, comparten la misma tarea laboral, se dedican a la pesca”, comentó Pereyra al remarcar: «La vinculación delos tres imputados es elevada». Antes había mencionado que Lemos también vive en el mismo barrio, en Villa Almendral.
“Un testigo de identidad reservada declaró que, a las 4 de la mañana, observó que Cuatrin, Godoy y Lemos salían en el C4 y aseguró que le llamó la atención que quien manejaba era Godoy, porque siempre lo hacía Federico”, manifestó el fiscal. Esta persona también manifestó que “los tres llevaban ropas oscuras”.
Habría un autor intelectual del asalto
Al reconocer la diferencia horaria entre lo que manifestó el testigo y el momento del asalto a Ferreyra, el fiscal dio cuenta de “una empresa delictiva por la que les brindaron los datos sobre los movimientos en los que la víctima iba a tener una cuantiosa suma de dinero”.
“No hay dudas que hay un autor intelectual o un instigador para cometer el hecho teniendo en cuenta dado que una persona muy allegada a la familia y que conocía la dinámica de los negocios fue quien brindó este tipo de datos porque de las imágenes se ve que prácticamente llegaron de manera conjunta con la víctima y lo abordaron cuando abre el baúl”, argumentó el fiscal al revelar que el monto que trasladaba Ferreyra al momento de ser asaltado sería una suma que “no es inferior a los 40 mil dólares”.
“Se realizaron dos allanamientos respecto de dos personas muy allegadas a Ferreyra, que participaron de la contabilidad en la empresa familiar”, informó el fiscal al dar cuenta que uno de los celulares hallados en el operativo “fue reseteado”, lo que -según entienden Pereyra- da cuenta de los recursos para concretar el asalto”.
La postura de la querella
De la audiencia participaron, los querellantes Germán Palomeque y José Velázquez; el primero en representación del hermano de Ferreyra, Andrés, y el segundo, en representación de la familia.
Palomeque coincidió con la Fiscalía en relación al pedido de prisión preventiva para los imputados, y anticipó que podrían condenarlos a una pena de hasta 20 años de prisión efectiva. “No fue un simple arrebato o un asalto, no fue un hecho callejero típico. Estamos ante un hecho que tuvo una inteligencia previa con la intención de privar a Ferreyra de un elemento patrimonial poniendo en riesgo su vida: los imputados usaron la vida de la víctima como un medio para obtener un interés económico. Los motivos fueron la codicia, estimulados por un ánimo de lucro”, sentenció.
La defensa de Cuatrín y de Godoy
El planteo fue refutado por el defensor de Cuatrín y de Godoy, Claudio Berón, que rechazó la prisión preventiva. Aseguró que ninguno de los testigos identificó a los investigados, dudó de la certeza que llevó a sus defendidos la investigación -para lo cual cuestionó la forma “mágica” en la que los investigadores dieron con el auto con el que se habría cometido el asalto. “Cuántos Sedán blancos hay en Paraná”, se preguntó. Y apuntó que “la Policía arrancó la bagueta del lado derecho del auto de Cuatrin, en un claro intento de incriminarlo”.
Citó luego las palabras de Fiscalía respecto a que habría autores intelectuales del asalto. “Sin embargo -planteó- esas personas no están en esta audiencia. Tenemos un sistema selectivo. Solamente están los que no tienen recursos, los que no son profesionales están. El resto no está”. “Había elementos”, aseguró, para pedir la preventiva para uno de los “autores intelectuales”, señalado por Fiscalía, que habría reseteado su teléfono celular.
Al descartar el peligro de fuga, Berón solicitó la libertad inmediata para sus defendidos, y en caso de que se considere que existe algún riesgo, pidió “un plazo menor, de 30 días, en un arresto domiciliario”; para lo cual propuso un domicilio alejado al barrio, en la localidad de San Benito. Dado que calificó el pedido de Fiscalía para la prisión preventiva como “desproporcionado”.
Señaló el “deplorable estado de la unidad penal”, por lo que juzgó inconveniente “someter a dos personas que deben gozar de presunción de inocencia a esa situación es totalmente arbitrario” en el marco de la pandemia de coronavirus.
Fuente: radio la voz
