La Justicia Federal de Paraná ordenó la inspección de un campo situado en un área protegida del Delta del Paraná, en jurisdicción del departamento Gualeguay. En el lugar se encontraron 5 mil hectáreas sembradas ilegalmente con maíz.
El operativo fue llevado adelante por Prefectura Naval que además identificó máquinas cosechadoras y silobolsas que darían cuenta de la intromisión en un sector que no puede alterarse de acuerdo a un amparo ambiental vigente de resguardo de ese humedal. La acción se llevó adelante en el marco de una causa abierta por dos organizaciones ambientales. Dentro de la demanda civil ahora se espera la condena al empresario responsable para la recomposición del ambiente que se encuentra alterado con terraplenes, comentó a ERA Verde el letrado de la ONG Cuenca del Río Paraná. En lo penal, es querellante la Unidad de Investigaciones Financieras.
Tras la denuncia de organizaciones Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) y Cuenca del Río Paraná, se conoció que el juez Federal Nº 2 de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, dispuso ayer el allanamientos de unas 5 mil hectáreas de islas que explota la empresa Mapuche SRL y se encuentran en el departamento Gualeguay, frente a la localidad de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Los campos que están siendo utilizados para la agricultura y la ganadera, son propiedad de los empresarios Fabio Ernesto Di Fonzo y Juan Pedro Nazar, que ya han sido cuestionado por el tráfico de agrotóxicos hacia ese sector protegido.
En diálogo con ERA Verde, Fabián Maggi, del equipo legal de Cuenca del Río Paraná, explicó que las 5.000 hectáreas se encuentran “terraplenes y otras obras hidráulicas, como canalizaciones y depresiones en el terreno. Es una zona de mucho valor ambiental, a punto que era una zona de estudio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Estaba siendo monitoreada desde hace varios años y ahora fue destruida por estos empresarios que justamente decidieron hacer una explotación agrícola ganadera”, apuntó.
De acuerdo a lo que trascendió, durante la inspección a cargo de la Prefectura Naval Argentina, se constató la presencia de silobolsas con maíz recién cosechado y otros tipos de contenedores con ese grano. También se tomó declaración testimonial al puestero del lugar que confirmó que habían ingresado maquinarias para levantar la cosecha en embarcaciones que fueron identificadas. En efecto, unas de las pruebas aportadas por las entidades ambientales fue el registro del cruce en barcazas de vehículos agrícolas con tal fin.
Con este registro se logró evidenciar la violación de una medida cautelar dictada en diciembre pasado por el juez federal de Paraná, Daniel Edgardo Alonso, quien dictaminó específicamente para Las Lechiguanas la “prohibición absoluta” de ingreso y uso de maquinarias, de aplicación de agroquímicos, movimiento de suelos, entre otras actividades perjudiciales para la conservación de esa área de humedales.
Al conocerse la medida, las organizaciones criticaron el accionar del juez y sostuvieron que «actuó sólo, sin comunicarle al fiscal y a las organizaciones denunciantes; y comisionó a la Prefectura para que allane el predio de islas que en primera instancia no pudo controlar ya que las máquinas ingresaron a pesar de la prohibición».
En esa línea, remarcaron que «si bien el juez confirmó que la cautelar fue violada, lo hace después de que el maíz fue levantado y vendido. La demora en el accionar del juez permitió la explotación del lugar y no logró evitar que se dañe el ambiente», reprocharon
DEMANDAS
En continuidad del caso, Maggi sostuvo a ERA Verde que ahora “se espera en la demanda civil que el juez los condene a recomponer el ambiente. La primera medida de recomposición es que esos terraplenes sean retirados y las canalizaciones sean tapadas para que ese sector de Islas Las Lechiguanas recuperen su hidro dinámica natural, que es lo que le da vida al humedal; es decir que el agua inunde y se seque según los ciclos hidrológicos y no por la mano del hombre que tiende a secar de manera permanente para poder utilizarlo y explotarlo en términos agrícola ganadero. Entonces lo primero es una condena para la recomposición del ambiente. Esto en lo civil”, apuntó.
Ahora, en la demanda que paralelamente se inició en lo penal, “se persigue una condena por varios delitos que tienen que ver con el ambiente y lo económico. Está presentada la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) como querellante porque se presume se comente delitos económicos tales como lavado de activos o evasión de impuestos. Todo lo que se gana ahí por la cría de ganado y siembra de maíz se presume que es en negro y de ahí nace esta conducta delictual”, describió.
El archipiélago de Islas de Las Lechiguanas comprende unas 250 mil hectáreas de humedales ubicadas en la zona del Delta del departamento Gualeguay, en el sur de Entre Ríos, frente a ciudades ubicadas en provincia de Buenos Aires y delimitadas por el río Paraná, que resultan vitales para la biodiversidad de la zona y el sustento del medio ambiente.
FUENTE: Era Verde
