Funcionarios municipales advirtieron sobre las designaciones y contratos y pases a planta permanente realizados sin respaldo presupuestario.
En el análisis de las ejecuciones presupuestarias que realizó el Tribunal de Cuentas respecto de la Municipalidad de Paraná, al 30 de junio, se describió la comprometida situación relacionada con la marcha del uso de recursos y lo comprometido para el resto del año.
Datos de ese informe, y de otro (N° 39.502) puesto en conocimiento del intendente electo Adán Bahl el 23 de octubre, motivó la presentación judicial realizada por el actual vicegobernador. De la descripción hecha en la auditoría realizada por la Fiscalía N° 6 del organismo de control, surge claramente que al 30 de junio ya la situación de las cuentas en el municipio capitalino era alarmante.
El trabajo revela no solo que la denuncia penal de fines de octubre no tuvo ninguna relación con los desaguisados de la administración, que fueron advertidos varios meses antes; sino que además también pone de manifiesto la nula repercusión que tuvieron las advertencias formuladas al respecto por funcionarios del área de la Contaduría General y de la Dirección de Presupuesto de la Municipalidad de Paraná.
Surgen también dudas acerca de las responsabilidades que le caben en la situación a la secretaría de Hacienda, Cristina Ruberto, una de las funcionarias de más bajo perfil del equipo de Sergio Varisco.
EL INFORME
En el informe Nº 39.243 se señaló que a junio el monto recaudado ascendía a 2.585,6 millones de pesos en el municipio paranaense, equivalente al 46,62% del total previsto. En lo que respecta a la ejecución de gastos se habían efectuado imputaciones preventivas por 3.170 millones de pesos aproximadamente, se habían comprometido las partidas por 2.733 millones y pagado gastos por 2.117 millones. Esos montos representaban el 57,16%, 49,28%, 45,85% y 38,18% del total de los créditos aprobados.
Uno de los datos centrales que se registró estaba referido al desagregado por secretaría en cuanto a la partida de personal, ya que el nivel comprometido a junio correspondía al autorizado para todo el ejercicio. Esa situación se daba en la Dirección General de Sistemas y Comunicación, en la Dirección de Liquidaciones, en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Subsecretaría de Comisiones Vecinales y en la Dirección de Suministros, entre otras reparticiones.
Existían, sin embargo, algunas áreas –por caso la Secretaría de Servicios Públicos– que presentaba una situación diferente, con lo que en promedio, se había comprometido el 56% del crédito presupuestario de todo el ejercicio. En números redondos, el importe total del crédito era 2.932 millones de pesos aproximadamente y lo comprometido 1.632,5 millones. Es decir que quedaba un saldo de 1.300 millones para hacer frente a la segunda mitad del año, donde impactarían los aumentos de sueldo dados en forma progresiva.
LAS ADVERTENCIAS
El informe del Tribunal de Cuentas refiere a una presentación, hecha por el Contador General municipal (Eduardo Campdesuñe) al Equipo de Auditoría el 30 de agosto, donde se refiere a la liquidación de haberes. Allí señaló que el área a su cargo no interviene en esa tarea, sino que refrenda lo hecho por la Dirección de Liquidaciones (de la Secretaría de la Función Pública y Modernización).
En esa misma presentación, el funcionario se refirió al informe realizado por la Dirección General de Presupuesto y Planeamiento, dando cuenta de la insuficiencia presupuestaria en la partida de personal para atender los meses futuros. Allí informó que la Contaduría “observó diversas irregularidades en materia de contrataciones, designaciones y pases a planta permanente que se efectuaron a sabiendas de la insuficiencia presupuestaria y sin la consulta previa a la Dirección de Presupuesto, siendo pura y exclusiva responsabilidad del Departamento Ejecutivo Municipal y de los funcionarios actuantes las consecuencias que de dichas designaciones se deriven…” de acuerdo a la ley vigente.
Igualmente en esa presentación se agregaron copias de notas remitidas por el director de Presupuesto a la secretaría de Hacienda, Cristina Ruberto, alertando sobre la situación.
En una de esas notas, el 23 de julio, se le informó que de acuerdo a la proyección de erogaciones de la partida de personal, habría una insuficiencia de 847,6 millones de pesos, lo que determinaría la imposibilidad de hacer frente a los haberes y complementarias de octubre, noviembre y diciembre de este año, incluido el pago del Sueldo Anual Complementario.
En ese mismo sentido, señaló que pese a las advertencias, se siguieron emitiendo decretos “creando nuevas estructuras orgánicas con sus respectivas designaciones de agentes a cargo de esas estructuras; así como nuevas contrataciones de personal, pases a Planta Permanente, Locación de Servicios, entre otros, si contar con el correspondiente Crédito Presupuestario que los incluya” y se advertía en ese escrito que de no ser así “se incurriría en una falta grave”.
De la información brindada por el Contador General del municipio y por el director de Presupuesto (Pablo Retamal) se calculaba, ya en ese momento, el rojo de 847,6 millones de pesos.
El informe de auditoría sugirió requerir a las autoridades municipales que informaran que medidas presupuestarias se habían adoptado para garantizar la ejecución de la partida de personal hasta fin de año, considerando que representa el 53% del total del presupuesto original y se proyectaba a un 65% al cierre del ejercicio.
LAS RESPUESTAS
En respuesta a los oficios del Tribunal de Cuentas, tal como lo consigna el informe 39.502; el Contador General indicó el 25 de setiembre que no conocía ninguna medida adoptada o a adoptarse por parte de las autoridades municipales para cubrir ese faltante y añadió que al 20 de setiembre; y de la observación de las partidas de personal, bienes de consumo y servicios no personales, transferencias y trabajos públicos, quedaban en evidencia “las sobradas dificultades que presentan las mismas”.
En tanto, el director General de Presupuesto y Planeamiento realizó algunas consideraciones referidas a la formulación del proyecto de presupuesto para 2019.
Mencionó que al momento de elaborar el proyecto no recibió de la Secretaría de la Función Pública y Modernización (a cargo de Ana Sione) la proyección y distribución de la partida de personal, por lo cual los recursos que se proyectaba que ingresarían se distribuyeron de acuerdo a la liquidación de sueldos de setiembre de 2018. Ello fue así para lograr presentar el proyecto dentro del plazo determinado.
Señaló también que “por la falta de información, sumado a la carencia de datos sobre traslados, adicionales abonados” se generaron saldos negativos en algunas unidades y “potenciales” subejecuciones en otras áreas.
En respuesta a lo requerido por el Oficio del Tribunal de Cuentas, el director de Presupuesto señaló que a pesar “de las numerosas actuaciones exponiendo la insuficiencia de la partida para cubrir la erogación necesaria para el presente ejercicio económico y solicitando se arbitren las medidas pertinentes, remitidas a ka Secretaría de Hacienda de la cual dependemos, no se ha dado respuesta a las mismas, por lo cual de no haber modificaciones al presupuesto vigente, será insuficiente el saldo global de la partida para cubrir la liquidación de los sueldos correspondientes al mes de octubre y los períodos subsiguientes, a los que se suman todas las erogaciones vinculadas como Aseguradora de Riesgo de Trabajo, Iosper, Aportes y Contribuciones Jubilatorias”.
RECURSOS HUMANOS
De acuerdo a un requerimiento de información realizado a las autoridades municipales, surge que desde enero hasta el 13 de junio, la Contaduría General informó la celebración de 64 contratos de obra, mientras que la Dirección de Recursos Humanos informó que se contrataron 807 personas.
Luego el Tribunal de Cuentas indicó que la Dirección de Liquidaciones, había señalado la existencia de 853 contratos de locación de servicios con vencimiento entre el 31 de octubre y el 5 de junio de 2020. Por otra parte, 836 contratos de locación de obras tenían vencimiento entre octubre y diciembre de este año. Esos datos explican en gran medida el impacto sobre la partida de personal.
Finalmente el informe del 23 de octubre dio cuenta de la aprobación en el Concejo Deliberante de una ordenanza de Emergencia Administrativa, Económica y Financiera con vigencia hasta el fin del mandato de Varisco.
Allí se indicó que esa declaración de emergencia no incluía ninguna medida de contención del gasto, sobre todo en lo referido a la partida de personal.
LAS RESPONSABILIDADES
El informe concluyó señalando los artículos de la Ley N° 10027 (Régimen Municipal) que resultaban violados por esa metodología. Entre ellos el artículo 152° que prohíbe “contraer compromisos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de los créditos para una función distinta de las previstas”; o el 155° que indica que el Departamento Ejecutivo “no podrá efectuar gasto alguno que no esté autorizado por el presupuesto vigente o por ordenanzas especiales que tengan recursos para su cumplimiento”, entre otros.
También citó legislación que refiere a la Ordenanza de Contabilidad, con disposiciones similares; e igualmente a normas que fijan “la responsabilidad administrativa, personal y solidariamente en lo que respecta al contenido de estas actuaciones puede alcanzar a … 2°) A los funcionarios o agentes que realicen actos o hechos o adopten decisiones contrarias” a lo establecido por la normativa vigente.
FUENTE: Diario Uno
