Fiscalía otorgó probation a los empresarios imputados. Esta decisión generó expectativa en el municipio, ya que se comprobaría que “no hubo daños patrimoniales” en perjuicio del estado, explicaron.
En el año 2016, el entonces intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra, denunció a la gestión de Domingo Daniel Rossi, funcionarios municipales y a “L & C Construcciones SA”, en carácter de empresa constructora adjudicataria y responsable de la ejecución de la obra “Construcción de 20 cuadras de pavimento”.
Según la denuncia, los demandados debían responder “por los daños patrimoniales causados en perjuicio de la Municipalidad de Santa Elena” por la ejecución de la obra.
Tras seis años de investigación, Fiscalía otorgó probation a los empresarios imputados. Esta decisión generó expectativa en el municipio, ya que se comprobaría que “no hubo daños patrimoniales”.
Al respecto, el abogado Carlos Guillermo Reggiardo, representante del actual intendente de Santa Elena Daniel Rossi, expresó que “estamos muy contentos con el fallo porque esto nos deja en una muy buena posición para efectuar, eventualmente, los planteos que nosotros hagamos. En esa obra no hubo coimas, ni sobreprecios, tampoco falsificación de documentos. Se hizo todo, fue una obra bien ejecutada. Fue una época donde se atacaba a la obra pública y decían que era corrupta”.
El fallo de Fiscalía no incluye, por el momento, a los funcionarios públicos municipales imputados. “Los funcionarios podrían ir a debate oral. Si se avanza con eso, la situación, con lo que hoy reconocieron desde Fiscalía, dista mucho del pedido y elevación a juicio que se hizo al principio, cuando inició la causa”, aseguró el abogado.
La obra
Reggiardo explicó que la obra estaba incluida en el plan “Más Cerca”, de Nación, e implicaba la construcción de 20 cuadras en la ciudad de Santa Elena.
“Cuando llegó el plan, el intendente Rossi acordó con la empresa adjudicataria modificar el proyecto y, en vez de 20 cuadras, se hicieron 27. Es decir que se hizo un 26% más de obra de lo estipulado. A la obra inicial se le hizo un anexo, en otro barrio, donde se pavimentaron siete cuadras más”, comentó.
Remarcó que en la denuncia del exintendente Moreyra, “se decía que había sobreprecios, pero esto no es así, porque el mismo perito acreditó que se había hecho un 26% más de obra que el proyecto inicial. También se habló de falsificación de los certificados de obra y es algo a lo que nos opusimos, porque la Ley de Obra Pública dice que los certificados de obra son provisorios. La obra está terminada al 100% y, por lo tanto, carecen de efectividad todos los certificados provisorios y el que importa es el de la entrega y finalización de obra”.
Reggiardo explicó a Elonce que cuando asumió Moreyra la intendencia, “retiró los arcos de la obra, que evitaban el ingreso de tránsito pesado, y empezaron a pasar camiones. Ese era un suelo de zanjas y pantanos, de mucho movimiento. Se le hizo un trabajo importante de acondicionamiento y estaba hecho para determinado peso. Los camiones tienen otro ingreso a la ciudad, pero les abrieron todo para que pasen por ahí porque la zona da a una avenida que les queda más cerca. Con el paso de estos rodados empezaron a aparecer roturas. A eso ellos lo usaron como denuncia, un año y medio después. Lo tomaron como un emblema de una obra mal hecha para denunciar. Tenemos constancia y prueba. El perito advierte que estaban los huecos donde se ubicaban los arcos y que fueron retirados”.
La obra, según comentó, estaba en garantía. “En diciembre de 2015 no estaba rota ni nada, pero tenía garantía. Moreyra no dejó ejecutar esa garantía. La empresa tuvo un derrotero bastante importante y se presentó a querer reparar la zona, con presencia de escribanos. No los autorizaron”.
“Cuando vuelve a asumir Domingo Daniel Rossi la intendencia, él deja ejecutar la garantía que estaba pendiente y la empresa se hizo cargo de cuestiones de garantía y mantenimiento. El fiscal en su resolución no entró en ese tema. Esto para nosotros es importante, porque eventualmente si hubiera juicio oral, fiscalía determinó que la municipalidad no tiene daño para reparar”, señaló.
Y agregó: “La resolución de este lunes, que otorga probation a los empresarios, no incluye a los funcionarios públicos. No obstante, para nosotros cambia la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, que en principio había pedido cinco años de prisión efectiva. Fue algo más promocional de la causa que algo que tenga elementos como para arribar a una condena. Con esta probation se termina reconociendo que no hay daño hecho por parte de la municipalidad de Santa Elena. Si hubo algún daño en la obra, que estaba en garantía, la empresa lo reparó con un convenio que se firmó con esta gestión”.
Presupuesto de la obra
Reggiardo también hizo referencia al presupuesto inicial de la obra de las 20 cuadras y manifestó: “El perito Uranga, de la Fiscalía, había determinado un precio distinto al presupuesto oficial, que no lo pusimos nosotros, sino el Ministerio de Planificación Federal de la Nación. Para nosotros es la parte que faltó. Nunca la Fiscalía fue a Nación. Ellos hicieron la aprobación de la factibilidad técnica de la obra y también la factibilidad económica. Esa obra era parte de un convenio y para la ciudad era un gran avance”.
“Es una obra donde la empresa le pone el precio final a riesgo de ganar o perder dinero, porque ese precio en un país como Argentina, con inflación, puede variar. En ese momento ya había problemas de inflación, entonces si no se hacían por ajuste alzado las obras no se hacían”, remarcó.
Aseguró que “la obra vino enlatada de Buenos Aires, vino con el presupuesto oficial, estaba dentro de los parámetros que la misma administración había puesto, la obra se hizo al 100%. Por falta de mantenimiento tuvo defectos, pero estaba en garantía. Era evidente que esta denuncia tenía otras motivaciones que no eran las de perseguir los intereses de los ciudadanos de Santa Elena”. Elonce.com
