«Como hemos manifestado en otras oportunidades, ningún profesional de la abogacía puede ser identificado con las personas que defiende y con las causas de sus clientes en su ejercicio profesional y muchos menos agredido imputándole vínculos y participación en delitos donde ejerce la defensa”, aseguraron desde el Consejo Directivo del Colegio de la Abogacía en referencia a los hechos ocurridos en la mañana de este viernes al celebrarse una audiencia en los tribunales de Paraná.
A través de un comunicado enviado a esta Agencia, desde el CAER manifestaron su repudio a «la intolerancia y el sesgo patoteril de un grupo de desconocidos que interfirió varias veces en una audiencia llevada a cabo hoy por la mañana en los tribunales de Paraná con gestos groseros y comentarios de desaprobación de lo que exponían los abogados defensores, en legítimo ejercicio de su profesión».
Detallaron que tras la audiencia se registraron agresiones verbales en la vía pública hacia los profesionales que estaban realizando su trabajo profesional, como es la defensa técnica penal, que nuestras Constituciones Nacional y Provincial garantizan de modo inviolable.
También y referido al mismo tema, repudiaron enfáticamente los actos de vandalismos contra bienes públicos del municipio local, a través de la pegatina de carteles alusivos a la destitución de la Fiscal Cecilia Goyeneche, en su apoyo y en repudio a todos los integrantes del Jury.
Sobre este asunto, aseguraron que «el Colegio no puede ni debe guardar silencio, ante la difamación calumniosa e injuriante a miembros del Honorable Jurado de Enjuiciamiento, integrado por colegas de la matrícula, magistrados y legisladores, todos los cuales merecen respeto y más aún cuando han actuado conforme a la ley y la constitución provincial».
«Nadie se opone a la crítica ni al escrutinio de la ciudadanía, pero ello no da derecho alguno a denostar irresponsable y ligeramente a terceros y, quienes así lo hagan, deberán responder por los daños y perjuicios que irroguen a esas personas», sentenciaron y agregaron: «El Estado constitucional de derecho impone reglas claras y un comportamiento civilizado. La paz social y la institucionalidad se ponen en serio riesgo con comportamientos intolerantes como los que acabamos de señalar».
