El recurso judicial presentado por el diputado Marcelo Casaretto para frenar la avanzada de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura cuenta con el aval explícito del Presidente. El planteo busca colarse en la interna entre Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.
El amparo presentado por el diputado nacional Marcelo Casaretto (Frente de Todos) para frenar la designación de representantes del Congreso en una nueva conformación del Consejo de la Magistratura nacional encuentra sustento en el voto minoritario de Ricardo Lorenzetti, el único ministro de la Corte que votó contra la decisión del máximo cuerpo de reinstalar la vigencia de una ley derogada hace más de una década.
Esto fue reconocido por el propio diputado oficialista: “El fallo de la Corte no fue unánime. Hubo dos posiciones. Una mayoría y un ministro de la Corte (Lorenzetti) que dijo que no puede ponerse en vigencia una ley derogada por el Congreso. Y ese es el mismo criterio que yo tengo”, dijo en una entrevista con La Nación+.
El legislador no actuó como un llanero solitario. En su entorno repiten que, momentos antes de llevar el escrito a la Justicia, recibió un mensaje de apoyo del presidente Alberto Fernández: “En esta, vos sos yo”, le habría dicho el primer mandatario.
El avance
Con el fallo de diciembre pasado, la Corte no solo declaró inconstitucional la norma que reguló el funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde 2006. También se arrogó facultades legislativas: emplazó al Congreso a que en 120 días sancionara una nueva norma o, de lo contrario, debía cobrar nuevamente vigencia la norma derogada de 1997 que había sido deroga por Diputados y Senadores.
La sentencia se dictó cuando el Congreso entraba en receso hasta marzo, por lo que tres cuartas partes del plazo transcurrieron en tiempo muerto. Por mandato constitucional, sólo el Presidente de la Nación puede convocar a ambas cámaras a sesionar de forma extraordinaria y por asuntos que interesen al Ejecutivo.
La intención de la Corte con el fallo fue reestablecer el status quo previo a la reforma de 2006, concomitante con la renovación del máximo tribunal que dejaba atrás la “mayoría automática” del menemismo e imponía audiencias públicas para los candidatos a ocupar los ministerios del tribunal Supremo.
Tanto en la ley que se busca reestablecer como en las iniciativas de Juntos por el Cambio, la presidencia del Consejo de la Magistratura recae en el presidente de la Corte. Este esquema fue el que encontró en los ’90 Carlos Menem para saltar una dificultad que le creó la creación del Consejo en la reforma constitucional de 1994.
El Pacto de Olivos que acordaron Menem y su antecesor Raúl Alfonsín para permitir la modificación constitucional, contenía una serie de cláusulas para limitar los poderes de la figura presidencial, más teniendo en cuenta que el entonces mandatario buscó y logró incorporar la figura de la reelección.
Uno de esos tabiques fue el Consejo de la Magistratura. El instituto, copiado del derecho europeo continental, debía encargarse de la designación de los nuevos magistrados recortando la facultad del Ejecutivo de proponerlos al Senado por libre voluntad. Pero durante la Constituyente ganó otra forma: también se encargaría de la remoción del funcionariado judicial no sometido a juicio político y administraría los fondos del Poder Judicial.
Este último criterio hizo ruido en la Corte, encargada hasta ese momento del manejo del presupuesto de la justicia. La solución del menemismo llegó con la norma reglamentaria: al frente del Consejo estaría el presidente de la Corte, por entonces Julio Nazareno.
La interna
Las pujas intestinas en la Justicia Federal son tanto o más descarnadas que en la esfera política, pero se manejan con mayor recato y menor exposición público. Sólo se manifiestan a la luz pública en situaciones particulares.
Entre los cuatro integrantes de la Corte Suprema que aún persisten las peleas llegaron a un punto de no retorno a partir de la virtual destitución de Ricardo Lorenzetti de la presidencia meses antes de que termine su mandato. Fue reemplazado por Carlos Rosenkrantz, quien junto con Horacio Rosatti llegó al máximo tribunal salteando el mecanismo constitucional y legal al ser nombrados por el entonces presidente Mauricio Macri a través de un decreto de necesidad y urgencia. El Senado luego blanqueó este episodio con las audiencias de rigor y el tratamiento de sus pliegos.
Pero Lorenzetti después armó una nueva mayoría junto al cordobecista Juan Carlos Maqueda y Rosatti para que sea este último el presidente de la Corte. La salida de Elena Highton de Nolasco del máximo tribunal dejó a un cuerpo de siete integrantes con la composición mínima de cuatro para funcionar. Y eso llevó a una nueva reconfiguración interna. En la última elección de autoridades, Rosatti y Rosenkraft recompusieron relaciones y se votaron a ellos mismos como presidente y vice de la Corte. Maqueda terminó de inclinar la balanza. Lorenzetti quedaba nuevamente al margen.
Desde entonces la relación entre Rosatti y Lorenzetti es tensa. Quedó demostrado en el fallo sobre el Consejo de la Magistratura, donde el ex titular de la Corte advirtió sobre los riesgos institucionales de que el tribunal asuma facultades legislativas.
Esta tirantez se volcó a toda la estructura de la Justicia Federal que paulatinamente se inclina por uno u otro. Por caso, en las actividades que realizó Rosatti en febrero pasado en Paraná (un simposio organizado por la Universidad de Concepción del Uruguay y el gremio judicial y la asistencia a la apertura del año tribunalicio provincial) se notó la ausencia de magistrados, magistradas y funcionariado de los tribunales federales paranaenses y la presencia casi completa de quienes tienen sede en Concepción.
El hecho más evidente fue que Lilia Carnero (presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la capital entrerriana) que había sido anunciada como disertante se terminó bajando. Su lugar fue ocupado por el vocal del Tribunal de Concepción del Uruguay, Sebastián Gallino, a quien se le notó en su exposición errática que había subido de apuro al estrado.
A la hora de llevar representantes de la magistratura al Consejo, la fragmentación se perfila en las listas en disputa. La bordó, es filoradical y aglutina también a simpatizantes del PRO. La celeste está más próxima al panperonismo. En la primera se ubica el juez Federal N° 1 de Paraná, Leandro Ríos. En la segunda, su par del Juzgado N° 2, Daniel Alonso. Pero las simpatías por Rosatti o Lorenzetti atraviesan en diagonal estos encolumnamientos.
Aspiraciones
En la actividad de febrero, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos Susana Medina fue la anfitriona. En las reuniones de la “familia judicial” se la señala con insistencia como una de las más activas en pos de llegar a ocupar a partir de 2023, y en un eventual triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones, un lugar en la Corte Suprema.
No se deja de señalar en esas tertulias que ya comenzó a hacer los deberes: designó como su relatora a María Victoria Segado, ex pareja de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte. Segado había denunciado en su momento a Rosatti por violencia de género. La situación que ameritó la demanda y posterior separación de la pareja fue que Emilio Rosatti habría sido descubierto por Segado en una infidelidad. La tercera en discordia habría sido Juana Casanello, nuera del juez santafesino José María Escobar Cello, según informó el sitio Rosario Nuestro.
A esta fragmentación apuesta el oficialismo para sostener en la Justicia, un medio que le es históricamente hostil, el planteo que evita que la Corte se quede con el control del Consejo de la Magistratura. En el cálculo del Frente de Todos entra a jugar que la “línea lorenzettista” sostendrá el amparo de Casaretto, que no es ni más ni menos que el razonamiento de Lorenzetti.
