Los anuncios del gobernador Gustavo Bordet sobre cambios en el Código Procesal Penal y la creación de una Fiscalía Anticorrupción tuvieron una excelente recepción en el seno de la Justicia, según informaron a APFDigital fuentes de Tribunales. Entienden que el Ministerio Público Fiscal tendrá menos discrecionalidad y arbitrariedad para actuar.
“Beneplácito total. Se aguarda que (la reforma) se trate rápidamente”. Esas fueron las palabras elegidas por referentes principales del Poder Judicial para adjetivar la reacción que provocó en la magistratura el mensaje dado por Bordet el martes al abrir las sesiones de la Legislatura.
El mandatario adelantó modificaciones al Código Procesal penal que rige el procedimiento de jueces y fiscales ante la investigación de un delito. “Estaré enviando un proyecto que tenga el más amplio consenso de todos los sectores involucrados para poder reformar el Código”, dijo el Gobernador sin entrar en detalles.
Antes había dado una pista al señalar como una grave falencia que existan causas “que demoran muchos años y están en una suerte de limbo jurídico. Algunas (durante) cinco o seis años y no se archivan ni desestiman pero tampoco se las eleva a juicio. Hay que corregir esta situación porque vulnera el legítimo derecho de defensa”.
Estas palabras de Bordet fueron aplaudidas y celebradas en la Justicia. Es que el Gobernador “está en sintonía con la impronta jurisprudencial de la Sala Penal del STJ que otorga plena vigencia a los plazos establecidos en el Código”, indicaron fuentes tribunalicias a esta Agencia.
La referencia es al fallo “Blasón Lorenzzatto” rubricado por los vocales Miguel Giorgio y Daniel Carubia y la vocal Claudia Mizawak en diciembre pasado.
En los fundamentos de la resolución del caso se destacó que el Código estableció entre sus objetivos fundamentales la necesidad de un sistema que brinde “celeridad a las investigaciones, asegurando además la racionalidad de los plazos”. Por eso “señala con claridad en su art. 192: Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas por ley”, marcó la Sala Penal.
“A su vez el art. 223, al tratar los «Vencimientos de plazos» establece que las investigaciones deberán practicarse en el término de tres meses a contar desde la última declaración del imputado, y si resultare insuficiente el Fiscal podrá pedir prórroga por otra plaza igual, e incluso en causas graves o complejas podrá solicitarse otros doce meses, no computándose el tiempo transcurrido durante trámites de incidentes e impugnaciones, fuga o rebeldía del imputado”, agregaron los integrantes de la Sala.
Asimismo, se señala que “incluso el art. 224 ha previsto la posibilidad de que los Fiscales pidan la clausura provisional de la investigación penal, si faltaren pruebas”.
Pese a ese marco legal, a Blasón Lorenzatto se lo mantuvo con proceso abierto en Fiscalía desde la denuncia iniciada en 2018 por una supuesta maniobra con un contrato de la Legislatura.
La Sala Penal consideró la investigación fue sostenida en el tiempo “sólo por la mera voluntad infundada del Ministerio Público Fiscal, no consentida por la contraparte, insólitamente tolerada por los órganos jurisdiccionales intervinientes que efectúan una interpretación inequívocamente contra legem, ignorando la explícita letra de la ley y dispensado en los hechos a una de las partes del proceso (la Fiscalía) el privilegio de ejercer discrecionalmente en el tiempo una potestad que la ley le otorga limitada en su plazo de realización y sometida al control judicial, lo cual implicaría presumir una inconsecuencia del legislador que habría establecido una pauta inútil”.
En el fallo hubo también un tirón de orejas a otras instancias judiciales. “Entiendo propicia la ocasión para instar a los organismos judiciales a que, ante el planteo de alguna de las partes, asuman de manera activa la fiscalización de los plazos en que se desarrolla la investigación penal preparatoria, como una función esencial dentro del contralor jurisdiccional. No podemos olvidar que en manos del Juez de Garantías queda precisamente el control de la legalidad del proceso en la etapa de investigación y el resguardo de las garantías constitucionales del imputado”, consignó Mizawak en su voto.
El llamado de atención, en el caso particular, tenía nombre y apellido: el juez de Garantías Ricardo Bonazzola y el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Gustavo Pimentel que actuó en forma unipersonal. Ambos convalidaron el accionar de Fiscalía sin respetar los tiempos que marcaba la ley.
Por eso la determinación del Superior Tribunal fue declarar fenecida la potestad fiscal de investigarlo y disponer el sobreseimiento de Blasón Lorenzatto.
De allí que la decisión política del Gobernador de reforzar la vigencia de los plazos “a los únicos que no les gusta es a quienes quieren manejar el tiempo de las investigaciones a su antojo (en referencia al Ministerio Público Fiscal). Pero eso no se puede”, evaluó una importante autoridad judicial.
Fiscalía Anticorrupción
Bordet también anunció que enviará un proyecto de ley para crear la Fiscalía Anticorrupción, prevista en la Constitución de 2008. Este instituto, que contempla un concurso especial en el Consejo de la Magistratura, no fue puesto en marcha pese a que una decisión administrativa del Procurador General Jorge García intentó revestir con ese cargo a su adjunta Cecilia Goyeneche. Goyeneche está hoy suspendida en sus funciones y con un proceso de jury en marcha por supuesto mal desempeño de sus funciones en la causa “Contratos”.
“Fiscalía Anticorrupción es una deuda pendiente desde la reforma constitucional y es muy oportuno y saludable el anuncio de su creación”, deslizó una alta fuente del Palacio de Tribunales.
“A los únicos que puede no gustarles (el anuncio de Bordet) es a la actual conducción del Ministerio Público Fiscal, por razones obvias”, acotó otro operador judicial.
“Lo que no es correcto es que se politice la Justicia, así como nosotros no judicializamos la política. Este es el punto de equilibrio que hay que tener”, razonó Bordet en su discurso. (APFDigital)
