La continuidad de los alegatos de Fiscalía transcurrió en relación a las causas denominadas Global Means, Solicitada y Spots Cumbre del Mercosur. Fiscalía sostiene que en las dos últimas se direccionaron fondos públicos para la campaña del ex gobernador, Sergio Urribarri, como precandidato a presidente en 2015. En la primera, que se direccionaron fondos para publicidad a una empresa que no existía legalmente.
La continuidad de los alegatos en los que el Ministerio Público Fiscal (MPF) desarrolla los fundamentos de los cargos que sostiene contra el ex gobernador, Sergio Urribarri, ex funcionarios de sus gestiones y particulares, en cinco hechos en perjuicio de la Administración Pública, prosiguió ayer con las causas denominadas Global Means, Solicitada y Spots en la Cumbre del Mercosur. Los alegatos retomarán mañana cuando los fiscales concluirán sus argumentos refiriéndose a la causa conocida como Parador de Mar del Plata. Se adelantó que insumirá entre tres y cuatro horas.
Global Means SA
En primer término, Fiscalía se refirió a la causa Global Means, que comprende a Urribarri; al ex ministro de Comunicación y Cultura, Pedro Ángel Baez; y al contador, Germán Buffa. Los dos funcionarios están acusados de direccionar de manera arbitraria hacia la firma Global Means SA, de Buffa, una contratación de 118.000 pesos por dos publicidades que se realizaron en 2011.
Fiscalía sostuvo que demostraría “cómo esa regla, contratar con empresas que previamente se inscribieran en el Registro de Medios y cumplieran con todos los requisitos, era excepcionada y que esas excepciones las hacían quienes habían dictado la regla”.
En este sentido, previamente recordó que en el gobierno de Urribarri se dictaron sendos decretos de 2008 y 2009, monopolizando la contratación de publicidad en la ex Dirección General de Información Pública y creando el Registro Integral de Medios, respectivamente.
Fiscalía sostuvo que “en el momento en que Buffa fue beneficiado con esa contratación, la empresa Global Means SA no existía como persona jurídica; ni siquiera estaba constituida”, era una empresa “inexistente”. Asimismo, señaló que “lo paradójico” consistió en que “los dos funcionarios” que propiciaron aquellas medidas fueron “quienes a la postre no las cumplieron”.
Al igual que en la jornada del lunes, Fiscalía destacó el uso de la contratación por vía directa, que de mecanismo de excepción se habría transformado en la regla, en aquella época. Así, manifestó que Buffa “era plenamente consciente de que sin la documentación en regla iba a ser contratado, por eso no se preocupó de inscribirse ni de presentarla a tiempo; lo único que le importó fue que la contratación saliera a su nombre y rápidamente a través de una contratación directa”. Fiscalía entendió que Buffa evaluó que “luego habría tiempo de presentarla”, puesto que la “publicidad, que ya estaba realizada en el marco de un expediente plagado de irregularidad, pero sin posibilidad de dar marcha atrás”.
Fiscalía indicó que varios testigos, funcionarios de organismos de contralor, declararon que era un requisito “ineludible” para ser proveedor del Estado, estar inscripto en el Registro de Medios. En este sentido, insistieron en que “al momento de ser beneficiada, la empresa Global Means SA no existía como persona jurídica, al momento de ser contratad por Urribarri y Baez, no existía”.
Unificadas
En segundo término, Fiscalía se refirió a la causa Solicitada y Spots. Sostuvo que en ambas se desviaron fondos públicos para un interés personal: la campaña para instalar la precandidatura de Urribarri a presidente en 2015.
En este legajo se encuentra la causa Parador de Mar del Plata, que será desarrollada hoy a partir de las 9. Fiscalía sostuvo que las tres acciones fueron parte de un “plan” que llevó adelante Urribarri, que como gobernador se postuló como pre candidato a presidente.
Solicitada
Los fiscales desarrollaron, a partir de mails y numerosas comunicaciones telefóicas, que las negociaciones por ambas acciones fueron “previas” a las correspondientes contrataciones por sumas millonarias. Así, señalaron que en junio de 2014 tuvo lugar “el hecho de la Solicitada, primera contratación con fondos públicos para posicionar su candidatura. Empieza con una nota de Baez para que Urribarri autorice la contratación”, citando principios constitucionales de derecho a la información.
Fiscalía sostuvo que Urribarri y Baez firmaron 18 órdenes de publicidad, cuyo contenido no iba solo dirigido a los entrerrianos, puesto que el “objetivo era llegar a todo el país”.
Citando testigos de la defensa que declararon en el debate, los fiscales fundamentaron que en virtud del poco posicionamiento del ex gobernador en el plano nacional, fue necesario usar medios nacionales para que se lo conociera en todo el país. Respecto de la solicitada señalaron tres partes en las que entendieron, habló como precandidato.
Así, acusaron que “usó fondos públicos para interés netamente particular, bajo un ropaje de interés público”, añadiendo que “Urribarri y Baez tenían control de los fondos públicos, ambos eran conscientes y conocían la finalidad de la solicitada”.
Spot
De manera similar a la causa Solicitada, los fiscales imputaron que se recurrió a una “suerte de camuflaje” puesto que sostuvieron que “la verdadera negociación se estaba llevando por fuera del Estado”.
Afirmaron que entre las pruebas del direccionamiento para la difusión de los spots hacia la firma Nelly Entertainment SA, propiedad de Jorge Rodríguez, se encuentran alrededor de 175 llamados y cerca de 80 mensajes, de Urribarri y personas de su entorno familiar y político, hacia Rodríguez y personal de su empresa.
Así, sostuvieron que el empresario conocía con mucha anterioridad “el fin de la contratación”, incluso antes del llamado de presentación de ofertas e inclusive, antes del inicio del expediente.
Los fiscales señalaron que del cruce de las llamadas y mensajes, desde varios meses antes de que se conociera el inicio del expediente, surgen interrogantes, tales como “¿cuál es el motivo de esos contactos si no tenían participación dentro de la contratación, no había motivos para contactarse, no se había iniciado el expediente por parte de Baez , no se había difundido en los medios locales ni en el Boletín Oficial?”.
Para Fiscalía existen alertas en el expediente que “son pruebas claras, ciertas de que la contratación se estaba realizando antes del inicio del expediente”. Entendió en ese sentido que se trató de un movimiento concomitante “a la promoción de la precandidatura”.
Así, mencionó el viaje que Juan Pablo Aguilera y un hijo de Urribarri realizaron a Mar del Plata con un empresario adjudicatario de la licitación.
Se indicó que se trata de “hechos vinculados, porque tenían la misma finalidad que era dar a conocer a Urribarri”, y se resaltó que personas que no eran del Ministerio de Cultura y Comunicación, que dirigía Baez, ni de la Unidad Operativa de la Cumbre del Mercosur, a cargo de Gustavo Tortul, no tenían motivos para mantener tantos contactos con la firma Nelly y su dueño.
Así, se sostuvo que “el factor común no era la contratación en sí misma, lo que los unía era el vínculo con Aguilera y Urribarri”.
Contrataciones de magnitud
Fiscalía destacó el testimonio de dos testigos calificados que dijeron que no conocían contrataciones de la magnitud que se investiga en las causas, y cerraron el alegato expresando que “si vemos las contrataciones para difundir videos de la provincia, probablemente ésta se trate de la más alta significación económica de la historia de la provincia para difundir videos. Y lo fue para difundir la candidatura de Urribarri”.
