Gustavo Tamay prestó declaración indagatoria esta mañana ante el Tribunal de Juicio que entiende en las causas relacionadas con la publicidad contra el ex – gobernador Sergio Urribarri; ex funcionarios y particulares. En su larga exposición, presentó elementos para sostener que los controles a la publicidad en vía pública fue realizada y que el material publicitado fue el contratado por el Estado. Por otro lado, testimonió el apoderado del PJ Rubén Cabrera quien afirmó que nunca se pudo establecer a Urribarri como presidenciable y que el cuñado del mandatario no tenía imprentas.
Tamay está acusado por la Fiscalía en la causa denominada de “las imprentas” donde la teoría del caso de la acusación es que se falseó la publicidad oficial para favorecer a un grupo de empresas de vía pública que, supuestamente, estarían cartelizadas. Dos de esas firmas, TEP y Next, el Ministerio Público Fiscal entiende que pertenecen a Juan Pablo Aguilera, el cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, y no a quienes figuran como sus propietarios: Luciana y Alejandro Almada; Maximiliano Sena y Emiliano Giacopuzzi.
El acusado expresó luego de hacer una extensa descripción de su paso por la administración pública provincial, que en un primer momento, allá por 2007, la gestión del entonces Director de Información Pública Pedro Baez le había encargado el vínculo con medios para ampliar la llegada de la información oficial a radios y canales de pueblos y localidades alejadas de los centros urbanos.
Luego, el propio Baez le sumó por una resolución interna la tarea de chequear los carteles de publicidad en ruta y en vía pública para corroborar que estuvieran los materiales contratados. Para concretarla, no había un instrumento específico para hacerlo. Se le impuso la labor debido a que viajaba mucho por todos los departamentos.
Se le entregaba una copia de la orden de publicidad. Él en ruta, precisó, iba contemplando los carteles durante los viajes. La información recabada la volcaba en un archivo .TXT en el celular que le había entregado el Gobierno. Muchas veces tomaba el camino más largo para llegar a un punto para poder recorrer más instalaciones de cartelería.
“La mayoría de las veces no encontré inconvenientes. Pero si había tormentas había carteles que se rompían. Otras veces los lugareños arrancaban parte de las estructuras para hacer sus ranchos, baños o gallineros”, comentó.
Cuando llegaba a Paraná, el Departamento de Publicidad de Información Pública le acercaba el expediente con una nota en la se indicaba que había estado en los distintos puntos donde se había instalado la publicidad y la había visto.
“Yo no aportaba las fotos que estaban en los expedientes y no era mi tarea verificar esas fotos”, remarcó. La afirmación se debe a que la acusación fiscal se sustenta en que en los expedientes publicitarios, las empresas contratadas incorporaban a manera ilustrativa imágenes impresas de los carteles que, muchas veces, resultaban las mismas o estaban editadas.
“Tenía que ir, ver si los carteles estaban bien. Y si estaban mal, avisar a Información Pública para que se comunicaran con las empresas para solucionar la situación”, apuntó.
En su intervención, expuso el contenido de un relevamiento que realizó en forma personal a través de Google Street View donde se mostraban imágenes de los carteles que debía verificar, con la fecha correspondiente a las campañas contratadas. Las fotos captadas con esta herramienta no pueden editarse.
Estos datos fueron presentados por la defensa de Tamay en junio de 2018, luego de haber sido constatada en una Escribanía. Pero Fiscalía no la consideró en su momento.
Tamay aprovechó este documento para desacreditar lo expuesto en su momento por el perito Juan Rossi, a quien Fiscalía le encargó controlar las imágenes de una fracción de expedientes secuestrados. Durante esa exposición, el perito mostró un expediente en particular en el que se veían imágenes presentadas por las empresas de vía pública donde podían observarse fotomontajes y edición del contenido. Ante una pregunta de las defensas, Rossi reconoció que no había constatado in situ la cartelería, sino que solo se manejó con los datos que le aportó la acusación.
El imputado utilizó la campaña contenida en ese mismo expediente para mostrar al Tribunal que Google Street View captó en su recorrida los carteles en las rutas conforme a lo que especificaba la orden publicitaria. El registro también incorporó las fechas en las que captaron las imágenes que son coincidentes con la campaña contratada por el Estado.
“No había en esos carteles otra cosa que lo que tenía que haber”, sintetizó Tamay. “El perito Rossi dijo que había (en una foto editada) un pajarito que se voló y se llevó un pedazo de cartel. Esos son problemas de las fotos que aportaban las empresas y de ninguna manera significaba que las publicidades no se hicieron o se hicieron mal o se puso otra cosa diferente a lo contratado. Las fotos (que las empresas incorporaban con la factura al expediente) eran solo de carácter ilustrativo. A la constatación la hacía yo recorriendo las rutas”, subrayó.
Por último, Tamay expresó que no conocía a las empresas contratadas para realizar la publicidad en vía pública y que nunca tuvo participación en la selección de firmas que concretaron las campañas.
“Ojalá Aguilera hubiese tenido imprentas”
A primera hora declaró como testigo el histórico apoderado del PJ Entre Ríos Rubén Efraín Cabrera, quien expuso sobre las campañas en tiempos electorales y no, sobre el posicionamiento que alcanzó Urribarri en 2015 y también sobre la vinculación de Aguilera con el partido y las empresas de publicidad e imprentas.
Cabrera distinguió dos clases de campaña. La primera, más conocida, es la que se registra en los años impares donde, en 50 días según fija la ley, se trata de ganar la elección ya sea para cargos ejecutivos o legislativos. La otra, de posicionamientos, es la que se ejecuta por fuera de los tiempos legales de las campañas con el fin de hacer conocido en la opinión público a algún dirigente o referente del peronismo. “Lo mismo pasa en todos los partidos”, apuntó.
En orden a esto, comentó: “Las leyes electorales regulan el procedimiento comicial, no el posicionamiento de candidatos. Hay sanciones, faltas y delitos electorales que pueden acarrear multas o inhabilitaciones para ocupar candidaturas. Y hasta penas de prisión”, consignó.
A párrafo seguido, remarcó que la Justicia “no sanciona el posicionamiento de candidatos. Eso no existe. Y a nadie se le va a a ocurrir. Ser candidato es como querer ser jugador de futbol. Es la libertad de cada uno. A nadie e le ocurriría decir que es una ilegalidad estar posicionándose como candidato a presidente”, subrayó.
“Sería un absurdo pensar posicionar a un candidato en los 50 días de campaña. Se hace antes, luego vendrá el período corto de campaña”, abundó.
“El posicionamiento es una decisión política del partido. El objetivo del partido es llegar al gobierno ¿Cómo se llega? Con buenos candidatos. Si el partido quiere posicionar a alguien tiene que mandarlo de gira o a hacer entrevistas. Podrá ser candidato recién cuando lleguen los 50 días”, previos a los comicios, expresó.
Luego, destacó que desde 1983 la Justicia Electoral Federal “no hizo observaciones al PJ Entre Ríos por posicionamiento de candidatos”, algo que practicó de forma habitual con, por caso, el ex gobernador Jorge Busti. “No es revisable judicialmente la decisión de un partido de posicionar a un candidato. Es inaceptable e inconstitucional la injerencia de algún organismo estatal o judicial en la vida de los partidos”, acotó y también informó que sería “un absurdo” que el PJ “plantee la imposibilidad que un afiliado se promocione”.
Sobre las intenciones de Urribarri en 2015, sobre las que estriban las hipótesis de Fiscalía que entiende que se desviaron fondos públicos para impulsar su deseo de alcanzar la presidencia, indicó: “El modelo entrerriano estaba bien posicionado. En una reunión del Consejo Provincial definimos promocionar lo nuestro. Sobre todo en Buenos Aires y en otros lugares importantes”. Sobre este punto aseveró que se utilizaron fondos partidarios, producto del aporte nacional y de los aportes de afiliados que tienen cargos en la administración pública, quienes contribuyen con el 10% de su sueldo.
En base a esto “hubo interés del justicialismo entrerriano en posicionarse a nivel nacional, pero fue una cosa frustrada. No llegamos a imponer”, a Urribarri, recordando que el ex gobernador “no fue ni precandidato ni candidato”, en las presidenciales de ese año.
Asimismo, informó que el slogan “El sueño entrerriano” fue hecho para las legislativas de 2013, tuvo cierto grado de difusión en Paraná pero en el resto de los departamentos “no tuvo éxito”. Fiscalía utilizó la denominación “El sueño entrerriano” para englobar tres investigaciones del 2015 que se juzgan en estas audiencias: la del parador de Mar del Plata; la de los spots de la Cumbre del Mercosur y la de la solicitada contra los fondos buitres. “Es falso decir que (el slogan) es del 2015”, sentenció el apoderado del PJ.
En orden a esto, consignó que el parador en Playa La Perla, realizado en enero del 2015, no fue una actividad partidaria, tal como plantea la acusación. “Tengo presente que no pusimos un peso. No lo hubiésemos podido justificar”, expresó Cabrera.
Con respecto a Aguilera, recordó que fue integrante de la conducción del PJ provincial y que en las campañas 2011, 2013 y 2015 actuó como responsables económico del frente electoral que el peronismo encabezó. Y señaló que entre las responsabilidades que tenía a su cargo estaba la logística de publicidad y de impresión. “No es un tema simple y él le había agarrado la mano a recorrer imprentas y agencias. Hacía su trabajo con mucha eficiencia”, indicó Cabrera.
En el proceso de contratación de estos servicios, el PJ evalúa precio, calidad y garantía de entrega debido a lo apretados que son los tiempos que corren desde que se aprueba una boleta para el comicio en la Justicia Electoral y se llega a la votación.
Las defensas le preguntaron al apoderado si había habido alguna sugerencia para favorecer a una imprenta determinada. “Nunca – sentenció – Siempre estábamos peleando precios”.
Una de las últimas preguntas que le formularon es si, como sostiene la acusación, el cuñado del ex gobernador tenía una imprenta. “Aguilera nunca tuvo imprenta – respondió – Ojalá la hubiese tenido. Le hubiésemos peleado el precio y la forma de pago. Incluso tal vez no le hubiésemos pagado”, remató Cabrera.
