La contadora Romina Stepanic Pouey afirmó ante el Tribunal de Juicio que interviene en el megajuicio por presuntos hechos de corrupción que en los 70 expedientes que la Fiscalía pidió analizar no encontró observaciones de la Contaduría General al procedimiento empleado · La testigo, que ahora trabaja en el Gabinete Contable del Ministerio Público Fiscal, hizo el estudio cuando se desempeñaba en el organismo de contralor · Antes, el actual diputado y ex funcionario Marcelo Casaretto sentenció que el parador de Mar del Plata fue una “acción de gobierno”.
Stepanic Pouey realizó como funcionaria de la Contaduría General un informe sobre 70 expedientes de publicidad que la acusación tenía bajo la lupa por supuestas irregularidades. Su conclusión fue: “No pudimos constatar observaciones formuladas conforme a lo pedido por Fiscalía”. Así lo afirmó ante el Tribunal de Juicio integrado por José Luis Chemes; Elvio Garzón y Carolina Castagno.
Del total de expedientes que tuvo bajo análisis, reconoció haber encontrado solo uno que no tenía la intervención previa al pago de la Contaduría General y que no se contaba con orden de pago. Esto entró en contradicción con el informe que realizó Héctor Enrique, el ex policía que trabaja para el MPF, quien en su escrito afirmó que sí se había registrado la orden de la Contaduría.
Este contrapunto generó una disputa entre la acusación y la defensa. El abogado Miguel Cullen quiso preguntar sobre esta inconsistencia. Pero la fiscal Patricia Yedro intentó evitar que Stepanic Pouey dejara en evidencia a Enrique. El Tribunal terminó habilitando el interrogatorio que dejó expuesta otra endeblez del documento elaborado por el integrante del Gabinete Contable de la Fiscalía.
En el caso particular, el relato acusatorio se sustenta en que hubo irregularidades en la contratación y el pago de publicidad a algunas empresas.
A primera hora de la mañana declaró el actual diputado nacional Marcelo Casaretto (PJ), quien ocupó diversos cargos en la administración pública provincial en las últimas décadas.
En su extensa exposición, dejó algunos elementos claves para las defensas. En primer lugar, dijo que el parador de la playa La Perla en Mar del Plata fue una “acción de gobierno” y descartó que se trate de un acto proselitista. Sí reconoció que había una imagen del entonces Gobernador Urribarri en uno de los inflables y que se observaba en algunos puntos el logo de su sello de gestión.
También fue consultado sobre si en alguna oportunidad durante su paso por la administración pública se le sugirió contratar publicidad con alguna empresa o persona dterminada. “No. No hacíamos contrataciones. Las solicitabamos al Ministerio (de Comunicación). No seleccionábamos quienes iban a realizar la piezas”, respondió.
Además, se le preguntó si se mencionó en alguna reunión de gabinete que hubiese existido cartelización de campaña publicitaria. “No. Que yo conozca no”, acotó.
Por último, consignó que el imputado Juan Pablo Aguilera participaba de las campañas publicitarias del peronismo al menos desde el año 1998. Y recordó una anécdota de cuando el cuñado del ex gobernador Urribarri volcó ese año a la salida de Maciá y debió asistirlo. Fiscalía acusa a Aguilera de ser el verdadero dueño de empresas a las señala como beneficiarias de la cartelización de publicidad en vía pública.
También prestaron declaración testimonial el testigo de un allanamiento en Buenos Aires y el consultor en comunicación Ignacio Labarba. Dentro de su extensa exposición dejó como dato saliente que el slogan “El Sueño Entrerriano” fue desarrollado por él para la campaña electoral del 2013, en los comicios legislativos para elegir diputados y senadores nacionales. (APFDigital)
