La decisión de abrirle una causa por supuesto mal desempeño a la fiscal Cecilia Goyeneche generó un cimbronazo. Cada sector hace su interpretación. Mientras, la ciudadanía espera que se haga justicia a partir de pruebas objetivas.
La Justicia entrerriana atraviesa semanas de tensión, por causas que rozan al sector político, lo que en cierta medida ha dejado más al descubierto la relación existente, pero también ha puesto en jaque la «convivencia pacífica» en el ámbito de los Tribunales.
Un nuevo fallo dice que los plazos en la causa por los contratos ficticios en la Legislatura entrerriana están suspendidos.
La camarista María Carolina Castagno declaró abstracto un planteo de los defensores de los imputados, que exigen que la jueza de Garantías, Marina Barbagelata -que tramita el caso- suspenda los plazos procesales y frene el avance del caso hasta tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el conflicto de competencia. La decisión refuerza la tesis de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que declaró a principios de mes que, de hecho, la causa está freezada hasta tanto la Corte se expida.
En junio, el juez federal Daniel Alonso se declaró competente para seguir tramitando la causa que se abrió en la Justicia provincial, pero Barbagelata rehusó desprenderse de la investigación y así se creó una situación que debe resolver la Corte.
El jury desató los encontronazos
El cimbronazo comenzó cuando se conoció que el Jurado de Enjuiciamiento había resuelto abrirle una causa por supuesto mal desempeño de funciones a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche. Seis jueces votaron por abrir causa, y sólo uno por el rechazo.
La acusan de una violación del principio de objetividad, a raíz de que compartió un fideicomiso y mantuvo una relación comercial con el imputado Pedro Opromolla en la propiedad de un departamento.
La funcionaria se expresó enseguida al respecto y manifestó que «los denunciantes del jury pertenecen al estudio jurídico que defiende a uno de los principales recaudadores de los contratos en la Legislatura».
Sobre la situación que ameritó el procedimiento en su contra argumentó: «Intervinimos comprando el 50 % de un departamento y la otra mitad era de uno de los de imputados, antes de esta causa. Le compramos su mitad. Luego me desprendí y cedí los derechos de ese fideicomiso a mi sobrina, que tiene mi mismo apellido. Pero cuando se hicieron los allanamientos y se dispusieron embargos, en el registro de la propiedad seguía figurando el contador. Me recusaron, yo me excusé en abril de 2019 pero entiendo que esta circunstancia no afecta mi objetividad».
En su exposición, mencionó al gobernador, quien en la víspera le respondió elípticamente. «Hay un principio que es fundamental en nuestra provincia de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, inclusive, aquellos funcionarios del Poder Judicial cuando hubieren cometido alguna irregularidad», dijo Gustavo Bordet, quien ratificó: «Nuestra gestión se caracteriza por tener una absoluta independencia de poderes».
Justicia politizada
Podríamos referir que desde siempre la justicia y la política han tenido una relación más que cercana. Sin ir más lejos, cada miembro del Superior Tribunal ocupa el cargo porque fue propuesto por algún sector, dado que así lo determina la propia Constitución.
Sin embargo, en las últimas semanas la situación de tensión ha recrudecido en este ámbito, a partir de dos causas en las cuales hay roces de intereses, con dirigentes involucrados. Se trata de los «contratos ficticios» en la legislatura entrerriana y el juicio por delitos contra la administración pública que se sustancia contra ex funcionarios provinciales.
Y aquí emergió como una de las figuras centrales la fiscal Cecilia Goyeneche, una de las impulsoras del debate oral que se desarrolla en los Tribunales entrerrianos, pero a su vez cuestionada por su accionar en la causa contratos, en la cual se la vincula con uno de los acusados.
Una misma situación, visiones contrapuestas
El tema se ha nacionalizado y así se pueden observar lecturas políticas que aparecen como contradictorias. Así, a través de medios nacionales aparecen visiones distintas que empiezan a tener incidencia a favor o en contra de la fiscal o del avance del juicio.
En un diario nacional vinculan el jury contra Cecilia Goyeneche a «una maniobra» que, según se sugiere, se vincularía con una persecución del kirchnerismo hacia la misma para «obstruir» el juicio por los delitos contra la administración pública.
Incluso, hacen notar que el jury contra la Procuradora General Adjunta de Entre Ríos ya fue rechazado por legisladores de Cambiemos.
Por el contrario, el matutino Ámbito Financiero, suma al diputado nacional electo por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a la situación al difundir una foto en la que aparece con el esposo de la funcionaria, Sebastián Orlando Bertozzi, como militante del PRO. Para algunos, esto corrobora que incide sobre la fiscal, mientras que otros sostienen que se trata de un intento por desprestigiarlo.
Pruebas a la vista, pero…
Con la investigación realizada, las pruebas deberían estar a la vista y los jueces deberían determinar la culpabilidad o no de quienes estén en el banquillo.
Sin embargo, con el correr de los días, lo que verdaderamente queda a la vista es que la justicia no va sobre rieles. Incluso en situaciones como la de los contratos, cuando la Justicia nacional se declara competente, un sector de la provincial decide resistir, pese al fallo del Superior.
Y, mientras hay sectores que lo interpretan como una «jugada» para debilitar la acusación de la Fiscal Anticorrupción, para otros es una medida justa por cometer un «error» y enmendarlo demasiado tarde, lo que, a entender de estos, puso un manto de sombra sobre la investigación.
En este punto, tallan incluso argumentos de los denunciantes que apuntan al Procurador General, Jorge Amílcar García por haberla «encubierto» y no actuar al respecto en su rango de superior.
Fuente: elonce.com
