La Secretaría de Comercio creará un sistema para monitorear el abastecimiento de distintos sectores. Las que no cumplan con la normativa podrían ser sancionadas con la Ley de Abastecimiento. Qué compañías estarán alcanzadas por la medida.
El Gobierno creará un sistema de monitoreo de precios y stocks que alcanzará a casi 1000 empresas grandes en distintos rubros y que tendrá como objetivo, según aseguran fuentes oficiales, “tener alertas tempranas” ante casos de posibles desabastecimiento de productos al consumidor final o de insumos.
El esquema, que fue oficializado esta medianoche en el Boletín Oficial llevará como nombre Sipre (Sistema Informativo para la Implementación de Reactivación Económica) y dependerá de la Secretaría de Comercio. A grandes rasgos, el Sipre exigirá a un grupo de empresas consideradas “grandes” según su nivel de facturación anual, que presenten todos los meses información sobre precios, cantidades vendidas de bienes finales e intermedios y de stock.
El Sipre tendrá como objetivo, según aseguran fuentes oficiales, “tener alertas tempranas” ante casos de posibles desabastecimiento.
Con esta información, que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo aseguraron que tendrán carácter “reservada y confidencial” y que las empresas deberán girar a Comercio Interior bajo declaración jurada, el Poder Ejecutivo cree que podría llevar adelante, eventualmente, “acciones para prevenir situaciones de faltantes o escasez de oferta de insumos y bienes finales”.
El programa Sipre contará con dos etapas. Una primera que comenzará en abril incluirá a cerca de 500 empresas de tres sectores principales: comercio, construcción e industria. Para los tres casos el umbral para quedar dentro de la nueva normativa dependerá de la facturación acumulada en un año.
Así, quedarán incluidas empresas del sector comercio que facturen desde 216 millones de pesos por mes ($2.602 millones anuales), 215 millones de pesos para las dedicadas a la actividad industrial ($2.540 millones por año) y de 80 millones de pesos para las del rubro constructor, lo que implicaría unos $965 millones anuales.
Si bien no está establecido en el decreto publicado este miércoles, el Gobierno reglamentará en los próximos días sobre qué tipo de productos se incorpora este nuevo sistema de control. De todas formas, adelantaron desde la cartera productiva, en la lista estarán productos e insumos de cadenas de valor consideradas actualmente como “críticas”: alimentos, bebidas, limpieza, construcción, electrónica, electrodomésticos y ciertos productos químicos, que los funcionarios identifican “con mayores tensiones de precios”.
La elección de ese catálogo no es casualidad. Responde a las mesas de diálogo de precios y salarios que fueron conformadas por el Poder Ejecutivo en las últimas semanas, salvo la de bienes electrónicos que tendrá su primer encuentro en los próximos días.
