En un documento difundido hoy, Convergencia radical le pidió explicaciones al gobernador, Gustavo Bordet (FPV), en torno al destino que tuvieron los montos que incrementaron la deuda pública entrerriana de los 12.500 millones que dejó Sergio Urribarri (FPV), a los 82 mil millones que se conocieron oficialmente al mes de enero pasado.
Comunicado enviado a nuestra redacción
«Con mucha picardía el gobernador Gustavo Bordet hizo circular estos días un informe, del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) en el que ponen a Entre Ríos encabezando un ranking de transparencia en el país, que en realidad lo único que toma en cuenta es el nivel de detalle con el que se publica el presupuesto provincial», indicaron.
Y añadieron: «Para el CIPPEC ‘el presupuesto público es una herramienta fundamental para definir y ejecutar los planes de gobierno’ y agregan que ‘desde 2013 de forma ininterrumpida, el ITPP evalúa la cantidad, nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales’. Su elaboración replica el ejercicio que haría un ciudadano o una ciudadana que deseara acceder a las publicaciones presupuestarias que realizan los gobiernos provinciales en internet, y queda reflejado en un puntaje de 0 a 10».
Convergencia radical consideró que la publicación del presupuesto y las ejecuciones presupuestarias «no definen por sí solas la transparencia que se pueda tener o no en el manejo de la cosa pública y muchos menos la calidad del gasto, es decir de qué forma se optimizan o no los recursos del Estado. Para hablar de transparencia los entrerrianos deberíamos saber que destino le dio Bordet, a los casi $70.000 millones en que nos endeudó en los últimos cinco años ya que pasó de $12.566 millones que le había dejado Sergio Urribarri (FPV), a $82.000 millones a enero de 2021», precisaron en base a datos oficiales.
Asimismo, se recordó que, en 2017, «Bordet tomó una deuda de 500 millones de dólares, que iban a ser destinados a aliviar la deuda de corto plazo, pero evidentemente nada de eso sucedió y, lo que es peor aún, lo único que tuvieron en cuenta para alcanzar el pésimo acuerdo de reestructuración con los acreedores extranjeros, fue posponer los vencimientos de capital y tirarle toda la responsabilidad al próximo gobierno, lo que lo va a dejar extremadamente condicionado».
Consideraron que para hablar de transparencia «se debería poder acceder libremente a la información pública que requieran los ciudadanos y no tener que acudir a la justicia como le sucedió a la actual diputada de la nación Esc. Gabriela Lena que en su momento tuvo que presentar un amparo para poder conocer una parte de los datos de los haberes de los funcionarios de ENERSA. (autos caratulados ‘LENA GABRIELA MABEL C/ENERGIA DE ENTRE RIOS S.A. (ENERSA) S/ ACCION DE AMPARO’, Nº 9347, que tramitan ante la Sala Tercera de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial)».
Señalaron que hablaría muy bien de transparencia en el Estado provincial «si llamaran a concurso para normalizar el Ente Provincial Regulador de la Energía -que esta intervenido hace veinticinco años-, el Defensor del Pueblo provincial –creado por Ley N° 9931 y que está vacante hace doce años-, los directores Departamentales de escuelas y de los Hospitales tal como establece el Art. 36 de la Constitución Provincial».
Finalmente, también sostuvieron que hablaría de transparencia de Entre Ríos si el gobernador diera a conocer el listado de vacunados VIP que tanto rechazo ha generado en la sociedad, si dejara que la ministra de Salud sea interpelada, porque si entienden que el proceso ha sido transparente ¿qué temor tendría la Lic. Sonia Velázquez para concurrir al recinto de la cámara de Diputados a brindar todas las respuestas que sean necesarias? . Su negativa a concurrir dice por si solo que hay muchas cosas que no pueden explicar. Que de transparencia hay poco y nada», concluyó el documento de Convergencia.
